Líderes dialogan con congresistas
La posibilidad de que Puerto Rico cuente con un sistema autosustentable con energía solar, que se audite la deuda pública y que se frene una posible crisis de salud fueron algunos reclamos que líderes sindicales y comunitarios llevaron ayer a varios congresistas de visita.
El propósito de la visita congresional es palpar el proceso de recuperación de la isla y el efecto de la ley Promesa sobre los puertorriqueños.
La actividad se realizó en la biblioteca Carnegie, en San Juan, y contó con la presencia de la alcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz, además de los congresistas Raúl Grijalva, Rob Bishop y Darren Soto. A este diario se le impidió ayer escuchar el conversatorio o hablar con los congresistas.
“Les dijimos que es importante construir un modelo energético sustentable como el modelo de Adjuntas, para que al décimo aniversario del huracán María la mitad de Puerto Rico funcione con energía solar”, dijo Arturo Massol, director de Casa Pueblo.
Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, indicó que los congresistas la abordaron con preguntas sobre las pensiones de maestros y se sorprendieron que no estén incluidos en el Seguro Social. Agregó que los congresistas le dijeron que “hay disponibilidad de incluirlos en el Seguro Social” y que estarán pendientes a lo que ocurra con las pensiones.
Además de pedir una auditoría, Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, les reclamó que se establezca un recorte a la deuda pública para que los compromisos de pagos sean “más sostenibles”.
Ángel Figueroa Jaramillo, de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), les recordó cómo la población quedó sin luz tras el huracán María y que la recuperación del sistema no fue ordenada o coherente, lo que a su juicio aceleró la crisis para luego justificar la privatización del sistema.
Gloria Amador, presidenta de la Asociación de Salud Primaria, advirtió sobre la posible crisis que enfrentan miles de puertorriqueños si no se le inyectan más fondos al Plan de Salud del Gobierno.
Agregó que la inacción del gobierno federal representaría una reducción de fondos al programa Medicaid, y urgió la aprobación de una asignación de $1.62 mil millones para la isla.