Investigarán las condiciones de los residenciales
Mediante vistas en el Senado y en los complejos de vivienda pública que iniciarán en dos semanas, legisladores escucharán a los líderes comunitarios
Líderes comunitarios de los residenciales públicos del país serán convocados por el Senado como parte de una investigación que arranca en dos semanas y que tiene como norte examinar el trabajo de los agentes administradores de estos complejos de vivienda.
Se trata de una resolución de investigación del senador penepé Henry Neumann referida a la Comisión de Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dirigida por el también senador de mayoría, Miguel Laureano.
Neumann explicó a El Nuevo Día que sus experiencias al visitar los residenciales públicos de San Juan le motivaron a radicar la medida. A nivel isla hay 327 residenciales, ocupados por 111,857 personas, y todos los complejos, menos uno, que es administrado por el gobierno municipal de Camuy, están en manos de lo que se conocen como agentes administradores.
“Me paso en los residenciales. Tengo muchos programas corriendo en los residenciales y las condiciones son detrimentales. Estas compañías privatizadoras reciben grandes cantidades de dinero y no se ve el mantenimiento”, comentó Neumann en entrevista con este medio.
“Quiero saber cómo son los contratos, el dinero que reciben, cómo lo distribuyen entre los residenciales, qué por ciento se usa para mantenimiento, para seguridad, recreación, iluminación y montar bibliotecas”, dijo.
A Neumann, senador por San Juan, le choca, por ejemplo, ver edificios sin pintar y observar gabinetes llenos de polilla en los apartamentos.
“Vas a las canchas y están deterioradas, sin limpiar, con excremento de paloma en el piso. Allí los niños juegan”, sostuvo.
Neumann mencionó a modo de ejemplo el residencial público Los Lirios, en Cupey, donde recientemente unas lluvias “ligeras” inundaron apartamentos. También comentó sobre Monte Hatillo.
“Iría a Monte Hatillo”, dijo sobre la posibilidad de realizar vistas oculares. “Los residentes allí tienen que estar peleando constantemente para que les hagan los más mínimos cambios a sus apartamentos”, manifestó Neumann.
“Hay líderes de los residenciales que están (levantados) en armas porque el trato, es un trato que deja mucho que desear, hay un maltrato al residente. Voy a ir hasta las últimas consecuencias con esto”, insistió.
Laureano, por su parte, indicó que la primera vista pública se celebrará en el Capitolio y luego convocará otras audiencias en los residenciales.
“Estamos recopilando un listado de líderes comunitarios porque muchos han expresado interés en participar. Queremos escuchar de primera mano las situaciones que están teniendo con las privatizadoras y luego nos vamos a mover por los residenciales”, contó a El Nuevo Día.
La intención de Laureano es citar primero a los líderes comunitarios, luego a los representantes de las administradoras y finalmente, a la Administración de Vivienda Pública.
“Estamos buscando alternativas y queremos ver si estas compañías privadas están cumpliendo”, dijo.
El Departamento de la Vivienda tiene una lista en su página de internet sobre estas compañías administradoras, a las que les paga con fondos asignados por el Departamento de la Vivienda Federal (HUD, por sus siglas en inglés) a razón de $23.18 por unidad de vivienda ocupada.
Una portavoz del Departamento de la Vivienda estatal dijo que esta tarifa está muy por debajo de los $60.46 que se pagan por unidad ocupada a los administradores en Estados Unidos.
Las compañías son A&M Contract, American Management, Cost Control Company, Individual Management and Consultant, Inn-Capital Housing Division, J.A. Machuca, M.J. Consulting, Martinal Property, MAS Corporation, Mora Housing Management y S.P. Management.
Inn-Capital Housing y M.J. Consulting encabezan la lista con más de 45 residenciales administrados cada uno.
Dentro de esa misma lista, se alega que 118 de estos complejos de vivienda tienen biblioteca digital.
Actualmente, la Administración de Vivienda Pública tiene abiertas tres solicitudes de cualificaciones para realizar reparaciones en tres residenciales: Los Cedros, en Trujillo Alto; la égida Ponce De León 55 -inaugurada en 2015-, en San Juan; y Torres de Sabana, en Carolina.
El gobierno consignó en su Plan de Acción Para la Recuperación de Desastres que 15,386 unidades de vivienda pública sufrieron daños a consecuencia de los huracanes Irma y María, con reclamaciones de daños iniciales de más de $119 millones.