Retos para el nuevo liderato de Educación y Seguridad
Los cambios de jefatura en los departamentos de Educación y de Seguridad Pública ponen de manifiesto la diversidad de desafíos que giran en torno a dos objetivos de peso para el desarrollo exitoso de Puerto Rico: fortalecer la formación de nuestros ciudadanos y garantizar la seguridad social.
La designación del educador Eleuterio Álamo como sucesor de Julia Keleher y la salida de Héctor Pesquera de la sombrilla de Seguridad, a poco más de la mitad del cuatrienio, fuerzan a identificar las tareas pendientes, de cara a la impostergable transformación de ambas entidades. El interés público obliga a continuar la agenda de cambios estructurales. Ello brindará estabilidad, así como justa oportunidad de éxito, a los procesos de eficiencia administrativa y de abono a la calidad de la enseñanza, trazados por la secretaria a Keleher.
La transformación del Departamento de Educación es propiciada por los cambios demográficos que han reducido la población escolar y por la precariedad fiscal que aqueja a todo el andamiaje público. Estas circunstancias reclaman eficiencia en la disposición de los recursos, y la bienvenida a nuevos modelos que apuestan a la enseñanza de calidad. Estos incluyen, por ejemplo, las escuelas chárter y los vales para la selección de escuelas, en el marco de una ejecución transparente y de la rendición de cuentas.
Keleher sale de la agencia tras modelar una reforma educativa cuya ejecución apenas comienza. El diseño de una fórmula de presupuesto por estudiante y la reconfiguración de las regiones educativas aspiran a una distribución racional de los fondos, con miras a allegar más recursos al salón de clases.
La reestructuración administrativa de la ahora exsecretaria busca reducir la burocracia. Introdujo métricas de cumplimiento y supervisión como mecanismo fiscalizador del desempeño de los programas. Inició la cesión de la administración de algunos planteles públicos al sector privado. Queda en manos de su sucesor el seguimiento del desarrollo del programa de escuelas chárter y la implantación de los vales educativos.
La forma en que se consolidaron planteles, que incluyó el cierre de 422 estructuras y efectos adversos para muchas familias, enseña que muchos malestares pueden al menos aliviarse mediante los procesos bien informados y abiertos a la participación de las comunidades en la toma de decisiones que les afectan.
La reparación de las escuelas averiadas por el huracán María queda como asignatura pendiente. Igual lo es llevar a cabo las iniciativas reformadoras sobre criterios de calidad.
En lo concerniente al Departamento de Seguridad Pública, es innegable la encomienda de vigorizar la reforma de la Policía para lograr la profesionalización óptima de los agentes. En este sentido, son mandatorios los pasos conducentes al cumplimiento con la reforma de la Policía, a la luz del acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ello incluye, entre otros señalamientos, el respeto de los derechos civiles de las personas intervenidas, incluidas las minorías.
No menos importante es identificar los factores que han puesto en entredicho la sombrilla de Seguridad como el modelo para optimizar las funciones de protección y prevención de situaciones delictivas y emergencias.
Las debilidades que afloran en el desempeño de la Policía, del Negociado del Cuerpo de Emergencias y del Cuerpo de Bomberos tienen que atenderse con prontitud. El masivo éxodo de agentes se traduce en desprotección contra el crimen, por lo que es preciso incentivar la retención. Mientras, el atraso en el manejo de cadáveres y de otras tareas periciales del Negociado de Ciencias Forenses repercute en la administración de la justicia.
Debemos asegurar, a dos meses de comenzar la próxima temporada huracanada, que no se repita el pobre desempeño del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres tras el huracán María.
El nuevo liderato de Seguridad Pública y de Educación tienen ante sí los reclamos de justicia salarial y de jubilación digna de sus servidores públicos. En paralelo hay que velar por que las reorganizaciones apoyen la eficiencia pública.