La reconstrucción de la Junta
En 2016, el presidente Barack Obama escogió a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) de una lista preparada por los líderes del Congreso, sin someterlos al Senado federal. En abril de 2019, el Primer Circuito de Apelaciones, en opinión del juez puertorriqueño Juan R. Torruella, invalidó los nombramientos de los miembros de la JSF por no haberse sometido al consejo y consentimiento del Senado según dispone la Constitución.
A la vez, el Circuito paralizó su decisión hasta el 16 de mayo, para dar oportunidad al presidente Donald Trump a enviar los nombramientos al Senado.
La opinión del juez Torruella también permitió a la JSF continuar operando con normalidad por los 90 días y validó las actuaciones de la JSF a base de una doctrina judicial que valida los actos oficiales de buena fe.
La JSF apeló dicha sentencia al Tribunal Supremo estadounidense, argumentando que la Junta no es una entidad federal y pidió una paralización del Circuito. Ambos asuntos continúan pendientes.
El presidente Trump tenía la opción de ignorar al Circuito y dejar pasar el término de 90 días impuesto por la corte, estrategia que causaría un disloque extraordinario en los trabajos de la JSF, o enviar nombramientos nuevos al Senado para su confirmación antes del 16 de mayo.
Anoche, el presidente anunció que someterá
los nombres de los miembros de la actual Junta de Supervisión al Senado, que, avecinándose el receso congresional de verano, podría resultar en una confirmación rápida y sin vistas senatoriales.
Por otro lado, de insistir el Senado en celebrar vistas públicas, se podría extender el proceso por encima del período impuesto por el Circuito debido a las controversias sobre los conflictos alegados contra algunos miembros actuales y las críticas a la labor de la JSF de todos lados.
Dicha tardanza retrasaría los esfuerzos de reconstrucción de isla, eliminaría la autoridad de la JSF para presentar un Plan de Ajuste de Deuda con el voto de la mayoría de los bonistas de obligaciones generales y entorpecería esfuerzos de negociación con acreedores y bonistas del gobierno central y Prepa.
Además, afectaría la decisión que tiene pendiente la JSF sobre la radicación de casos en contra de grupos de bonistas e interrumpiría acciones que deben radicarse antes del 2 de mayo contra terceras personas responsables de la crisis de Puerto Rico identificadas en el informe de Kobre & Kim.
Por otro lado, aun de poderse terminar la confirmación dentro de los 90 días otorgados por el Circuito, todavía quedaría pendiente la petición de certiorari de la JSF ante el Tribunal Supremo, que podría ser retirada por la JSF o desestimada por académica.
La aprobación del Plan Fiscal nuevo y la certificación del presupuesto del gobierno de 2020 son otros asuntos trascendentales que se impactarían con una tardanza en la confirmación de la JSF.
Aunque no sea del agrado de muchos dentro y fuera del Congreso, la decisión de someter los mismos nombres al Senado elimina la inestabilidad que podría traer una total recomposición de la Junta en esta etapa tan adelantada en los procesos de reconstrucción de las finanzas bajo Promesa.
“La aprobación del Plan Fiscal nuevo y la certificación del presupuesto del gobierno de 2020 son otros asuntos trascendentales que se impactarían con una tardanza en la confirmación de la JSF”