Conoce el historial de casos de empleados fantasmas en el Capitolio
Las acusaciones recientes reviven el recuerdo de casos notorios de pagos por labores no realizadas en el Capitolio
Cuando las autoridades federales acusaron a un empleado y dos contratistas de la Legislatura, el 30 de mayo, resonó el eco de un extenso historial de fraude con fondos públicos para pagar por trabajos no realizados en el Capitolio.
Al anunciar los arrestos de Ángel Figueroa Cruz, Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez, la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que “este es el primer caso que radicamos por el uso de los famosos empleados fantasmas”, pues en el pasado habían sido procesados a nivel estatal.
“Yo creo que todos sabemos que esto ha sido así por muchos años, y creo que es el momento de decir basta ya”, agregó.
Aunque las referencias en aquella rueda de prensa aludían al cúmulo de casos con convictos en la década del 90, la realidad es que la estela de empleados fantasmas rondaba por la Casa de las Leyes hacía medio siglo.
Según reseña el periodista e historiador Antonio Quiñones Calderón, en su libro Corrupción e impunidad en Puerto Rico, el Departamento de Justicia acusó a 23 personas, en 1939, con relación a una serie de empleados fantasmas que firmaban la nómina mensual pese a que estaban realizando otras labores.
Las alegaciones incluían a la esposa de un senador que cobró durante tres años, sin rendir servicios, y la emisión de cheques a personas desconocidas.
Entonces, aquellos “cheques más tarde aparecían endosados y cobrados por legisladores o familiares de estos; de funcionarios del Senado que certificaban nóminas de empleados a sabiendas de que esos pseudoempleados no realizaban labor alguna en el Capitolio”, indica Quiñones Calderón.
“Era el primer gran escándalo político masivo desde el poder legislativo”, plantea en su libro.
Además de las acusaciones, resultó en que el gobierno federal destituyera al auditor de Puerto Rico, de apellido McLeod.
Luego, en 1962, surgió un escándalo que, aunque no terminó con acusaciones criminales, provocó recortes en el presupuesto de la Legislatura para el año siguiente y la eliminación de 59 puestos políticos subsidiados desde la nómina pública.
Una investigación del periodista Alex W. Maldonado en The San Juan Star reveló que empleados del entonces presidente de la Cámara, Ernesto Ramos Antonini, trabajaban en su oficina privada de abogado.
Además de destapar varios casos de nepotismo por familiares de legisladores empleados en el Capitolio, también halló que en la nómina de las cámaras había personas laborando a tiempo completo en el Partido Popular Democrático (PPD) y en actividades de la Juventud del PPD.
Asimismo, expuso que la minoría del Partido Republicano tenía en su nómina a cuatro supuestos investigadores que trabajan en una oficina que nunca fue encontrada, mientras que tenía cuatro asesores que en realidad eran “trabajadores del Partido Republicano estacionados en varios puntos de la isla”.
De igual manera, en ambas cámaras habían supuestos empleados de los dos partidos que figuraban en la nómina como mensajeros o conserjes, cuando en realidad eran “líderes de barrio” de las colectividades.
La serie de artículos periodísticos denunció las limitaciones que tenía la Oficina del Contralor para “determinar si gente en la nómina en realidad trabaja en la Legislatura”.
Posteriormente, en 1973, se creó la Oficina de Asuntos del Contralor en el Departamento de Justicia, que podía radicar casos criminales en apoyo al Contralor.
A finales de la siguiente década, comenzaría una nueva racha de esquemas de empleados fantasmas que culminaría en una serie de veredictos y alegaciones de culpabilidad en la década de 1990, recuenta Quiñones Calderón.
El senador Joaquín Peña Peña fue acusado, en 1991, con 219 cargos. Tras hacer alegación de culpabilidad por delitos menos graves, fue sentenciado a restituir $60,000 y a 110 años de cárcel, pero la pena fue suspendida.
En 1993, el senador novoprogresista Rolando Silva fue acusado de usar empleados de nómina para trabajos en su negocio de bienes raíces y de abogado. Aceptó responsabilidad por los hechos a cambio de una reducción en la gravedad de los cargos, por lo que fue sentenciado a probatoria.
“El tiempo probó que mis expectativas eran erróneas, que la posibilidad de ir a la cárcel por malversar o apropiarse de fondos públicos solamente detiene a algunos”
HIRAM SÁNCHEZ
EXJUEZ
Ese mismo año, el representante novoprogresista Jorge Navarro Alicea y otras cuatro personas de su oficina fueron acusadas por corrupción, incluyendo 92 cargos contra el legislador. Fue sentenciado a seis años de cárcel, de los que tenía que cumplir al menos seis meses.
También, fue acusado, en 1993, el senador popular Miguel Deynes Soto con 68 cargos, pero se declaró culpable por tres cargos menores, por los que recibió una sentencia suspendida de cuatro años y la restitución de $48,000.
Al año siguiente, el representante estadista Gilberto Moreno se declaró culpable por tres cargos, por lo que recibió una sentencia de cuatro años de probatoria.
No obstante, en 1995, el representante popular Fernando Tonos se convirtió en el primer legislador en ir a la cárcel por cargos de corrupción.
Se declaró culpable por 343 cargos graves como parte de un esquema de empleados fantasmas en su oficina legislativa, por lo que recibió una sentencia de 17 años de prisión, de los que cumplió uno de cárcel y el resto en probatoria, además de una restitución de $206,536.
Por su parte, el exrepresentante popular José del Valle, años después de salir de su escaño, fue sentenciado a tres años de probatoria por haber utilizado $90,000 en un esquema de fraude de empleados fantasmas, entre 1989 y 1992.
Por hechos de ese mismo período, el entonces representante popular José R. Varela hizo alegación de culpabilidad por un esquema similar y tuvo que restituir $4,000.
En una columna publicada por
este diario, el exjuez Hiram Sánchez, quien presidió el caso contra Tonos, recordó que esa racha de casos de los 90 fue responsabilidad de una enérgica fiscalización de la entonces contralora Ileana Colón Carlo.
Su técnica incluyó no solo ver las facturas, contratos y otros libros de cuentas, sino que también enviaba a sus investigadores a las comunidades donde vivían los supuestos
“Creo que todos sabemos que esto ha sido así por muchos años y creo que es el momento de decir basta ya”
ROSA EMILIA RODRÍGUEZ JEFA DE LA FISCALÍA FEDERAL
empleados y constataba que esas personas no estaban trabajando para la Legislatura.
“Los casos de los legisladores (mencionados), todos juntos, jamás llegan a los millones de dólares de fondos públicos apropiados ilegalmente por los esquemas de corrupción… Por eso, para mí, se trata de corrupción estratégica”, escribió Colón Carlo en una columna que publicó en El Nuevo Día, en octubre de 2000.
Agregó que esos y otros casos de corrupción pública de esa época la llevaron “a la conclusión de que empleados y funcionarios en el gobierno, con el visto bueno del mismo, planifican estratégicamente el desvío de fondos públicos a través de contratos y obras a sobreprecio”.
En las acusaciones del mes pasado, las autoridades alegan que Robles Báez y Sánchez Santiago utilizaron las identidades de varias personas ajenas al fraude para justificar la facturación por servicios que nunca prestaron como coordinadores interagenciales bajo la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado.
Según la acusación, Figueroa Cruz autorizó estos pagos fraudulentos.
Al recordar las reacciones de otros legisladores a la sentencia contra Tonos en 1995, el exjuez Sánchez expresó que notó más caras de preocupación que de tristeza.
Sánchez “no concebía” que después de la sentencia de Tonos “a alguien más, de los que vendrían en cuatrienios posteriores al Capitolio, se le ocurriría incidir en ese mismo tipo de comportamiento delictivo”.
“No obstante, el tiempo probó que mis expectativas eran erróneas, que la posibilidad de ir a la cárcel por malversar o apropiarse de fondos públicos solamente detiene a algunos”, afirmó. “Otros, como hemos visto en días recientes, no han aprendido las lecciones de la historia”.