Gobierno cabildea en privado
Un comité de la Cámara baja reclama detalles sobre el impacto de los beneficios que tienen las empresas foráneas en la isla
WASHINGTON.- El gobierno de Puerto Rico cabildeó para tratar de hacer cambios al lenguaje aprobado por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que reclama conocer el impacto de los beneficios tributarios federales que reciben las empresas foráneas en la isla, y las leyes puertorriqueñas 20 y 22, según fuentes del Congreso.
Públicamente, el gobierno de Puerto Rico no lo llama cabildeo. “Se ha indagado, como es normal cuando se discuten temas que afectan a nuestra jurisdicción”, indicó Pedro Cerame, portavoz de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa).
El gobierno no identificó quien hace sus “indagaciones”, a las que dos fuentes relacionaron con las empresas Cornerstone Government Affairs y VantageKnight.
No obstante, el presidente de VantageKnight, Manuel Ortiz, quien ahora tiene su residencia oficial en Puerto Rico y mantiene un contrato de $690,000 para cabildear en Washington a nombre de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco), descartó haber intervenido en ese asunto. “Nunca he cabildeado ese tema”, ni tampoco la firma lo ha hecho, dijo Ortiz.
La situación en torno a Cornerstone, sin embargo, es extraña.
El portavoz de Prfaa afirmó, el viernes, que no han renovado el contrato con esa empresa durante este año fiscal.
Pero, Cornerstone, por tres trimestres consecutivos, ha informado al Congreso haber hecho gestiones para Prfaa durante este año fiscal relacionadas al Centro de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) y “asignaciones federales”, reportando ingresos y gastos que suman $330,000. Los informes sobre el trimestre de abril a junio de 2019 no se presentarán hasta agosto.
El informe del Comité de Asignaciones reclamó, en primer lugar, que, en un plazo de 90 días después de que el proyecto de presupuesto del Tesoro federal se convierta en ley, ese departamento le entregue un informe que precise el total de impuestos federales que las Corporaciones de Control Foráneo (CFC, en inglés) en Puerto Rico han logrado evitar durante los pasados cinco años, las contribuciones pagadas localmente, las ventas anuales y “el número de empleos creados en la isla”.
El Comité de Asignaciones también solicitó que 180 días después de que el presupuesto 2020 del Departamento de Justicia sea ley, el Servicio de Rentas Internas (IRS) entregue un informe con el número de personas y empresas que se han traslado desde EE.UU. a la isla para beneficiarse de las leyes 20 y 22, que, respectivamente, otorgan privilegios tributarios por exportación de servicios y a inversionistas que se establecen en la isla.
“El informe (del IRS) debe incluir el monto de los impuestos federales pagados por dichas personas y empresas por tipo de impuesto y jurisdicción de las residencias anteriores durante cada uno de los cinco años anteriores a su mudanza. Además, el Comité ordena al IRS que publique un informe en un formato fácil de usar con posibles
“Se ha indagado, como es normal cuando se discuten temas que afectan a nuestra jurisdicción”
PEDRO CERAME PORTAVOZ DE PRFAA
opciones y políticas que minimizarían las pérdidas de ingresos para los gobiernos federal, estatal y territorial”, agrega la petición del comité del Congreso.
El lenguaje del Comité de Asignaciones fue impulsado por el congresista demócrata boricua José Serrano.
En el caso de Cornerstone, el cabildeo que esa empresa informó al Congreso que realiza este año fiscal para Prfaa no ha sido presentado en la página de la Oficina del Contralor, como ordena la ley.
En sus informes al Congreso, Cornerstone afirmó haber hecho gestiones en la Cámara baja, el Senado, el Tesoro y el Departamento de Salud desde el primer trimestre de este año fiscal federal, que fue de julio a septiembre de 2018.
Ante la Oficina del Contralor, Prfaa tiene registrados dos contratos de cabildeo para este año fiscal. Uno de ellos es con CCGN Group, que recibiría hasta $420,000 por un contrato de siete meses.
El otro contrato de cabildeo que aparece registrado en la Oficina del Contralor es con la firma Rokk Solutions, que puede recibir hasta $360,000 entre enero y junio de 2019.
Cuando se le preguntó la semana pasada sobre el lenguaje referente a las peticiones que hace el Comité de Asignaciones -el cual ya no puede ser cambiado-, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que “hemos trabajado ya en estudios para poder validar toda esa información”.
Pero dijo que hay datos que quisieran mantenerlos confidenciales. “Hay una serie de cosas dentro de esos parámetros que son internos, otros que deben ser de conocimiento público”, indicó Rosselló Nevares, aunque afirmó que están “en la mayor disposición para demostrar transparencia”.
Ante la posibilidad de que los informes que solicita el Comité de Asignaciones puedan incentivar medidas en el Congreso que limiten esos beneficios, Rosselló Nevares afirmó que “el discurso no debe ser cómo se le ponen (a Puerto Rico) más tranquillas”.
A su juicio, cada vez que le hablen de quitarle beneficios a la isla, recordará “cosas que faltan por añadir”, como el pleno acceso a los créditos contributivos por ingresos devengados (EITC) y niños dependientes (CTC).
Para el principal funcionario ejecutivo de Invest Puerto Rico, Rodrick Miller, mientras, las leyes 20 y 22 son herramientas importantes para la isla, sin las cuales “sería más difícil que la isla le abra la puerta al mundo”.