Guatemala y “Guatepeor”

Las cosas por su nombre

Nos conviene mirar a Guatemala. Ese país celebra hoy una elección presidencial en la que la candidata favorita, Sandra Torres, enfrenta denuncias de haber financiado una campaña anterior con dinero del narcotráfico y que es la exesposa y álter ego del expresidente Álvaro Colom, que no hace mucho dormía en prisión, imputado de corrupción.

Otro candidato, Mario Estrada, fue sorprendido negociando una “aportación” de $12 millones, así como el asesinato de dos rivales, con quien él creía que era gente del Cartel de Sinaloa –el del Chapo Guzmán–, pero de verdad eran agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Esa información era conocida por las autoridades guatemaltecas, que, sin embargo, dejaron a Estrada seguir figurando en la papeleta hasta que, hace dos meses, fue arrestado por la DEA en Miami. Entonces, ni modo.

El presidente actual, Jimmy Morales, un comediante de televisión que ganó la presidencia en 2015, está acusado también de haber financiado ilegalmente su campaña. Su esposa y un hijo también son investigados.

Morales no ha sido detenido porque el Congreso no le ha retirado la inmunidad con la que allá se autoprotegen los políticos. El último presidente al que el Congreso retiró la inmunidad, Otto Pérez Molina, renunció y fue preso el mismo día, imputado junto a la cúpula de su gobierno de un masivo robo a las aduanas.

La fiscal que llevó los casos contra Pérez Molina y Morales, Thelma Al

dana, era la favorita para ganar abrumadoramente las elecciones de hoy. Pero la institucionalidad guatemalteca, que, con toda razón, le tiene terror a los que combaten la corrupción, logró que fuera descalificada con el pretexto de que una vez, supuestamente, contrató a un fiscal del que se dice que no iba a trabajar. Esa acusación, nunca evidenciada, fue suficiente para que Aldana no figurara en la misma papeleta en la que están Torres y hasta hace poco estuvo Estrada.

No hace mucho, los guatemaltecos no prestaban mucha atención al tema de la corrupción. Lo consideraban, igual que nosotros, inevitable. Aplicaban la máxima que se usa aquí y en otros sitios: roban, pero hacen obra.

Pero en 2007, el gobierno de entonces y la ONU establecieron por mutuo acuerdo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el fin de establecer prácticas anticorrupción reconocidas mundialmente. El resultado estremeció a Guatemala: desde 2007 hasta hoy, se han conducido unas 100 pesquisas que resultaron en acusaciones contra cerca de 700 personas.

Además de dos expresidentes, un presidente en funciones y una posible futura presidenta, cayeron múltiples legisladores, funcionarios gubernamentales de alto nivel y empresarios. Los trabajos de la CIGIG desvelaron una cultura de corrupción que había penetrado en las más hondas profundidades de las clases políticas y económicas. Quedó al descubierto que el sistema político guatemalteco es, en realidad, una gran empresa criminal.

Guatemala va despertando. Protestas forzaron el desenlace que llevó a Pérez Molina a la cárcel. Pero la clase política se protege. Sacaron de la papeleta a Aldana. Morales ha dicho que no va a renovar el acuerdo con la ONU para la continuidad de la CICIG, que vence en septiembre. Quieren continuar con el saqueo salvaje a uno de los países más pobres de América.

Da pavor ver lo que pasa en Guatemala y sentir la punzada del horror de que aquí, si no estamos pendientes, nos convertiremos en lo mismo: víctimas de una clase política que perdió todo pudor y se autodefienden mediante las tretas más desfachatadas.

Acá no acabamos de entender la enorme magnitud de nuestro problema de corrupción. Nos conformamos con los que, de vez en cuando, arrestan los federales. Olvidamos que ellos, en términos generales, solo atienden los robos a de fondos federales o que afecten “el comercio interestatal”. No hemos comprendido que este problema tenemos que atenderlo nosotros y no podemos pasárselo a nadie.

En estos días, nos cayeron más noticias. Elías Sánchez, exdirector de la campaña del gobernador Ricardo Rossselló, su exrepresentante ante la Junta de Supervisión Fiscal, una persona de su mayor confianza, está bajo investigación de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York por presunta venta de influencias.

Sánchez lo despachó como “un chisme”. No se sabe si se le acusará de algo. Pero los que conocen de estos temas saben que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, quizás la más especializada del planeta, no actúa por “chismes”. Con la pesquisa a Sánchez continúa una racha que inauguró Pedro Rosselló y que, salvo por Sila Calderón, continúa hasta hoy: todos los gobernadores, menos Calderón, han tenido a alguien de su círculo íntimo investigado o acusado de corrupción.

A todos los agarraron federales. Las agencias anticorrupción de aquí se entretienen en menudencia o van cojeando en casos que algunos llevan años, como el de Jaime Perelló, el del exjuez Rafael Ramos Sáenz y los de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia y de la Superintendencia del Capitolio, por hechos ocurridos, estos últimos dos, en el ya lejano cuatrienio de Luis Fortuño.

Ante nuestros ojos, mientras tanto, llueven contrataciones desmesuradas a donantes. Los ricos súbitos pegados a la teta del Estado. El descaro con el que ciertos políticos se intercambian los familiares (“tú contratas a mi esposa, yo a tu hija”) para burlar descaradamente las leyes de nepotismo.

Los millones que se van en “cambios de órdenes” en las obras públicas. Las obras por las que alcaldes pagaron millones, generalmente a amigos, y que ahora nadie usa. Las contrataciones de empresas de socios políticos fundadas el día antes. Nada de eso les llama la atención ni a las agencias anticorrupción de Puerto Rico ni, en gran medida, a la sociedad.

En Guatemala, aprendieron a protestar. Aquí, rompemos el internet con memes y después a lamentarnos por quién ganó Miss Puerto Rico.

Thelma Aldana, la exfiscal, dijo una vez: “Por muchos años, en Guatemala se toleró la corrupción, lo cual llevó a la impunidad. Eso permitió a esas estructuras criminales fortalecerse”. Con nuestra indolencia, aquí vamos camino a llegar a lo mismo.

“No acabamos de entender la enorme magnitud de nuestro problema de corrupción”