Tras acuerdo, Colombia está atribulada.
Cuando el Gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), poniéndole fin a décadas de guerra y zozobra, ambas partes dijeron que marcaba el inicio de una nueva era.
Pero dos años y medio después de que los milicianos acordaron deponer las armas, muchas de las promesas hechas no están siendo cumplidas, y la paz dista mucho de estar asegurada.
Hasta 3 mil milicianos han regresado a la lucha armada. Millones de colombianos aún aguardan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad. Al menos 500 activistas y líderes comunitarios han sido asesinados y más de 210 mil personas han sido desplazadas de sus hogares. E Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, quiere cambiar un compromiso que fue fundamental para que los rebeldes acordaran poner fin a la violencia.
La guerra civil de cinco décadas de duración de Colombia cobró al menos 220 mil vidas y devastó al campo. Los servicios gubernamentales desaparecieron y la infraestructura se vino abajo. Muchas personas recurrieron a la economía de las drogas para sobrevivir.
Se suponía que el acuerdo de paz firmado en septiembre del 2016, pactado entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, aliviaría las carencias rurales que habían alimentado el conflicto.
El acuerdo pide educación “universal” en las zonas rurales desde preescolar hasta secundaria, acceso garantizado a agua potable y subsidios para programas de desarrollo. A cambio, las FARC cesarían todas las hostilidades y entregarían sus armas.
Sin embargo, en poblados como Juan José está claro que poco ha cambiado. La comunidad de 8 mil habitantes aún no tiene agua corriente y no se han construido escuelas.
Emilio Archila, un asesor del Gobierno, dijo que muchas de las promesas del acuerdo —como el suministro de agua y electricidad— tardarían más de una década en cumplirse.
“Cualquiera que piense que podíamos resolver estas problemáticas en dos años no comprende la magnitud del problema”, dijo. El costo de los cambios fue estimado en unos 45 mil millones de dólares.
El acuerdo de paz también ha hecho poco por frenar el violento comercio de drogas al que se volvieron muchos campesinos durante la guerra. Un programa de sustitución de cultivos establecido en el acuerdo de paz prometió pagos en efectivo a los productores que arrancaran sus plantas de coca y las remplazaran por cultivos legales.
Pero los residentes dicen que los pagos cesaron después de que Duque asumió la presidencia. Con el tiempo se reanudaron, pero los funcionarios que debían introducir los cultivos alternativos nunca llegaron a la zona.
Así que muchos volvieron a sembrar coca.
Un pilar central del acuerdo es la promesa de esclarecer la verdad de lo que sucedió durante el conflicto armado, con el objetivo de lograr la reconciliación nacional. El acuerdo estableció tribunales para procesar crímenes y abusos.
Diez mil excombatientes y 2 mil miembros de las fuerzas armadas se han comprometido a declarar bajo el manto de la inmunidad. Ahora, Duque ha solicitado una revisión de los tribunales, calificándolos de indulgentes. A algunas personas les preocupa que busque desmantelarlos.
La garantía de inmunidad fue fundamental para que las FARC firmaran el acuerdo. Si es revocada, advierten los expertos, podría minar el acuerdo y tener consecuencias desastrosas.
Alrededor del 23 por ciento de las 578 cláusulas del acuerdo se ha implementado, según un estudio reciente.
Pero la investigación reveló que, pese a este “progreso constante”, solo un tercio de los compromisos entablados se cumplirían en un periodo de al menos 15 años.
Uno de los mayores fracasos se da en el área de seguridad. El Gobierno aún tiene que hacer acto de presencia en muchas áreas rurales, y la ilegalidad y el desorden resultantes han demostrado ser mortales. Las FARC dijeron en mayo que 130 de sus excombatientes habían sido asesinados desde la firma del acuerdo. Los exrebeldes también se quejan de que el desarme los deja indefensos contra las pandillas paramilitares en la campiña.
Las cosas tampoco marchan bien en la política. Los líderes de las FARC fundaron un partido para participar en las elecciones, pero su historial de secuestros y asesinatos no los hizo populares entre los votantes. Abandonaron la contienda presidencial.
El optimismo de que la paz está al alcance se ha desvanecido entre personas como Andrés Chica, un agricultor que vive cerca de Juan José.
“Lo que nos vendió fue un sueño”, dijo Chica.