Esperan por Tribunal Supremo de EE.UU.
Las partes en el caso anticipan que habrá una decisión en una semana
WASHINGTON.- A punto de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos termine su período de sesiones, las partes involucradas en el pleito sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tienen muy altas expectativas de que, en una semana, el máximo foro judicial federal decidirá si interviene o no en el caso.
Los jueces del Tribunal Supremo estadounidense llevarán a cabo el jueves su última conferencia de este período, que termina este mes. No volverán a sesionar hasta octubre.
Tan pronto como el lunes próximo, los jueces deben anunciar los recursos de certiorari que acogen o deniegan, de cara al siguiente período de sesiones. Se calcula que el Tribunal Supremo acoge cerca del 1% de los casos que se le presentan.
“Esperamos una decisión el lunes 24 o martes 25”, dijo una fuente que participa del proceso. El calendario oficial del tribunal indica que sus órdenes de final de sesión se conocerán el 24 de junio.
Todas las partes activas en el caso Aurelius versus la JSF han pedido al tribunal que decida antes de iniciar su receso y, en ese sentido, han descartado responder a los argumentos más recientes, como el certiorari presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en favor de que se revoque la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que declaró inconstitucional la designación de los miembros del ente fiscal por violar la cláusula constitucional de nombramientos.
El equipo legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) coincide en que puede haber una decisión después de la conferencia del jueves. Rolando Emmanuelli, abogado del sindicato, está esperanzado en que el Supremo federal revise la decisión.
Por un lado, dijo, se trata de una nueva ley federal que ha sido declarada inconstitucional, que está relacionada con un asunto fundamental para el tribunal, como la separación de poderes, y que tiene implicaciones esenciales para Puerto Rico y otros territorios sobre cómo hacerle frente a una crisis fiscal y de deuda pública.
Aunque no hay un conflicto entre circuitos apelativos, Emmanuelli también resaltó la comparecencia del procurador general del gobierno federal, Noel Francisco. “Todos esos factores tienen peso para inclinar la balanza a favor de que se expida el certiorari”, sostuvo.
Ante los siete jueces del Tribunal Supremo de EE.UU., está planteado si revisan o no la decisión del 15 de febrero, en la que el Primer Circuito de Apelaciones declaró inconstitucionales los nombramientos de los actuales miembros de la JSF por considerarlos funcionarios federales de alto nivel que debieron ser designados directamente por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense.
Seis de los siete miembros de la JSF -José Carrión III, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos y Arthur González-fueron nombrados por el entonces presidente Barack Obama a base de listas de candidatos presentados por los líderes del Congreso, como permite la ley federal Promesa.
El séptimo, José Ramón González, fue designado directamente por Obama. Ninguno fue confirmado por el Senado federal.
El gobierno de EE.UU. y la JSF han pedido al Tribunal Supremo que revoque esa decisión.
La Utier y Aurelius, que plantearon la inconstitucionalidad de los nombramientos, quieren que el Tribunal Supremo de EE.UU. anule también las acciones tomadas por la JSF.
En su argumento, la Utier sostuvo que las decisiones tomadas por el ente fiscal deberán ser revisadas por los próximos miembros de la JSF.
Cuando decidió la controversia, el Primer Circuito de Apelaciones federales, con sede en Boston (Massachusetts), dio un plazo de 90 días al presidente Donald Trump y al Senado federal para nombrar y confirmar a los actuales miembros o nuevos integrantes. Luego, dio un término adicional de 60 días que expira el 15 de julio.
Aunque el presidente Trump anunció el 29 de abril su intención de enviar al Senado los nombramientos de los siete miembros actuales de la JSF, más de un mes y medio después, no lo ha hecho.
Según el representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino Vega, hasta hace unos días, no se había completado el proceso de revisión de antecedentes que realiza el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
A finales de la semana pasada, una fuente republicana del Senado dijo que ese proceso estaba a punto de completarse.
En su recurso de certiorari, el procurador general Francisco mantuvo que la cláusula constitucional de nombramientos nunca ha aplicado a “funcionarios territoriales” o se ha determinado que “restringe la autoridad del Congreso para establecer gobiernos territoriales”.
Para el gobierno de EE.UU., si los nombramientos a la JSF son inconstitucionales por no haber sido referidos al Senado federal, también lo son los gobiernos territoriales, incluido el gobernador de Puerto Rico, pese a haber sido electo. Esa teoría ya fue rechazada por el Primer Circuito en su decisión de febrero.
“Todos esos factores tienen peso para inclinar la balanza a favor de que se expida el certiorari” ROLANDO EMMANUELLI ABOGADO DE LA UTIER