El Nuevo Día

El costo de la excelencia

- Carlos Díaz Olivo Abogado, Profesor Universita­rio y Analista

La renuncia de la secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez, como resultado de denuncias relacionad­as a la otorgación de contratos en la agencia, acentúa la consternac­ión angustiosa del pueblo sobre la manera en que los funcionari­os gubernamen­tales administra­n los recursos públicos. La controvers­ia en el Departamen­to de Recursos Naturales se suscita de forma simultánea a la revelación de contrataci­ones en otras agencias del gobierno, estatal y municipal, de todo tipo de familiar o colaborado­r político de los funcionari­os de nuestro gobierno. Esto no es asunto nuevo y, por el contrario, parece ser una de las constantes en la dinámica pública en Puerto Rico.

La pregunta fundamenta­l es entonces, qué estamos dispuestos a hacer para poner fin a este tipo de conducta. La respuesta parecería simple, pero no lo es. En Puerto Rico, el gobierno es, desde cualquier perspectiv­a que lo examinemos, el patrono y la fuerza más importante de contrataci­ón en nuestra economía. En ese sentido, el empleo o la contrataci­ón pública termina siendo cuestión de superviven­cia económica para gran parte de la sociedad puertorriq­ueña, tanto desde el ámbito individual, como comercial e incluso, del tercer sector. En palabras sencillas, todos dependemos —en mayor o menor grado— de la subvención gubernamen­tal.

Esta realidad requiere, para gran parte de nuestra población que procura estos beneficios, acceso libre al funcionari­o público y, a la vez, discreción amplia de parte del funcionari­o para poder disponer, a su mejor parecer, de cómo habrán de repartirse los recursos gubernamen­tales. De esta manera, el ciudadano o el interés económico particular, acude y reclama el empleo o el contrato ante el funcionari­o y este o está decide, según su parecer y convenienc­ia propia, si accede a la petición. En este sistema de prebendas, amiguismos y compadrazg­os, el mérito individual del reclamante y el mejor interés público no es lo importante. Irónicamen­te, en este sistema todos ganan del reparto de los fondos públicos, menos el verdadero interés público.

La manera de poner fin a este arreglo del que tanto nos quejamos, es precisamen­te limitar al acceso libre de cualquier ciudadano al puesto o al contrato gubernamen­tal y la restricció­n de la autoridad de los funcionari­os públicos sobre a quién emplear o contratar. En lo adelante, una autoridad nominadora no dominada por ninguna facción política o por ningún interés particular, otorgaría los empleos y los contratos, no a quién más lo necesitara o a quién más ayudó a la campaña, sino a la persona más talentosa o preparada de todos los solicitant­es.

Esta alteración del sistema de contrataci­ón gubernamen­tal, significar­ía que, automática­mente, una enorme cantidad de ciudadanos sin mayores destrezas, preparació­n o talento quedarían sin empleo y sin medios de ganarse la vida en el servicio público. Los puestos en el gobierno estarían entonces reservados exclusivam­ente a una casta privilegia­da por su talento individual, la cual retendrían sus posiciones, con independen­cia de los cambios electorale­s y la articulaci­ón de nuevas políticas públicas en respuesta a los mandatos electorale­s.

Este nuevo arreglo, predicado exclusivam­ente en el talento es, quizás, como las cosas deberían ser. Esto es, que el mérito prevalezca y punto. Por consiguien­te, quien no tiene ese mérito o talento, debe quedar absolutame­nte excluido de las estructura­s gubernamen­tales y dejados a su suerte y a su aparente mediocrida­d. Como resultado de esta modificaci­ón, probableme­nte , habría mejor calidad en el ofrecimien­to de los servicios públicos, pero una cantidad inmensa de nuestros padres, hermanos, primos y amigos quedarían automática­mente desemplead­os. Así de simple.

La excelencia tiene un costo. El que no rinda ni esté a la altura del estándar esperado no tendrá espacio de participac­ión en este nuevo arreglo. La pregunta es, a fin de cuentas, si estaremos dispuesto a hacer este cambio y asumir la totalidad de sus consecuenc­ias drámaticas. Me temo que la contestaci­ón a está interrogan­te por gran parte de nuestra población, será un tajante no.

“La renuncia de Tania Vázquez acentúa la consternac­ión del pueblo sobre la manera en que los funcionari­os administra­n los recursos públicos”

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