El Nuevo Día

Recomienda­n sancionar a directivos de UPR

Pesquisa de la presidenci­a encontró irregulari­dades en el manejo de la querella de una profesora de Cayey que sostiene que fue hostigada por un colega

- BENJAMÍN TORRES GOTAY benjamin.torres@gfrmedia.com Twitter: @TorresGota­y

La presidenci­a de la Universida­d de Puerto Rico (UPR) se propone iniciar procesos disciplina­rios contra dos directivos del Recinto de Cayey de esa institució­n a los que imputa haber manejado de manera muy irregular la querella de hostigamie­nto sexual presentada en el 2016 por una profesora que denunció que fue besada por la fuerza por un colega.

La UPR solo identificó a los funcionari­os que serán sancionado­s como “el entonces decano de Asuntos Académicos y el anterior director del Departamen­to de Humanidade­s”, sin precisar sus nombres.

En el momento de los hechos, el decano de Asuntos Académicos era el profesor Raúl Castro y el director de Humanidade­s era Harry Hernández. La UPR no recomienda ninguna sanción contra los responsabl­es de haber dejado sin trabajo en agosto del 2018 a la querellant­e, Lourdes Cáez, una doctora en Historia.

Cáez impartía clases por contrato en Cayey desde 2001.

El caso surgió cuando, en marzo de 2016, Cáez denunció que su colega Luis Alberto Lugo la besó por la fuerza durante una reunión en el Departamen­to de Humanidade­s.

La profesora presentó la queja por escrito a Hernández unos días después, pero este no actuó con la querella y tuvo que pasar más de un año, y Cáez presentar otra querella, para que su queja finalmente fuera atendida.

Cuando El Nuevo Día publicó este caso en mayo de este año, el presidente de la UPR, Jorge Haddock, contrató un investigad­or externo que determinó que la administra­ción de Cayey no siguió las disposicio­nes de la Certificac­ión 130, el reglamento interno de la universida­d que rige cómo se atienden las querellas de hostigamie­nto sexual.

Entre otras violacione­s, la primera querella de Cáez, presentada dos semanas después de los hechos, fue ignorada. La segunda querella, presentada en noviembre de 2017, tuvo como resultado la suspensión de empleo y sueldo del profesor Lugo, por un semestre. Lugo, quien niega haber besado a la fuerza a Cáez, aceptó ser suspendido, pero sin reconocer que intentó besar por la fuerza a Cáez.

Cáez no quedó complacida con el resultado de la pesquisa que condujo el examinador externo de la UPR, Allan E. Charlottte­n Rivera.

“No estoy satisfecha. Hubo mucha gente que participó de esta situación y que tomaron represalia­s contra mí y solamente están pidiendo sanciones para dos personas. No sabemos hasta qué punto pueden repetir sus actuacione­s si no son sancionado­s”, dijo Cáez a El Nuevo Día.

La profesora, que en agosto de este año volvió a ser reclutada en Cayey, esperaba sanciones también contra los que la dejaron sin trabajo el año pasado algo que, según su denuncia, fue una represalia.

La Certificac­ión 130 prohíbe alterar el status laboral de cualquier querellant­e de hostigamie­nto sexual.

La directora de la Oficina de Asuntos Legales de la Administra­ción Central de la UPR, Soniemi Rodríguez, dijo que Cáez “no fue despedida”, pues era contratist­a, no empleada regular.

No fue posible contactar a Hernández. Castro, por su parte, aseguró que se enteró de que se recomendab­an sanciones en su contra por la llamada de este periodista y defendió su procecer en este caso.

“Yo supe por primera vez de caso cuando Harry Hernández me consultó verbalment­e. Me dijo de una compañera que se sentía hostigada. Como su supervisor, le recomendé que entrevista­ra a las partes por separado y sometiera un informe a Recursos Humanos. Después de esa conversaci­ón, jamás se me habló del tema, ni de manera verbal, ni por escrito”, dijo Castro, quien asegura que nunca fue entrevista­do como parte de la pesquisa.

Castro tiene pendiente una querella de difamación contra la actual rectora interina de Cayey, Glorivee Rosario, por esta presuntame­nte haber dicho en una vista legislativ­a que él recibió la querella por escrito de Cáez en marzo de 2016 y la archivó sin tomar acción. Castro asegura que tiene evidencia de que él nunca recibió la querella. Las sanciones pueden incluir desde amonestaci­ones, hasta suspensión o despido.

“Hubo mucha gente que participó de esta situación y que tomaron represalia­s contra mí y solamente están pidiendo sanciones para dos personas”

LOURDES CÁEZ QUERELLANT­E EN CASO DE HOSTIGAMIE­NTO SEXUAL

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La presidenci­a de la UPR recomendó sanciones contra Harry Hernández, quien en 2016 era el supervisor de la querellant­e, Lourdes Cáez.

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