Cámara investigará una división de la Uniformada
Mientras, sigue engavetado un proyecto que crearía una nueva unidad especializada en la Policía para investigar delitos cometidos contra mujeres
La Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución de la representante novoprogresista María Milagros Charbonier para investigar las operaciones de las divisiones de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía.
La pesquisa fue aprobada a pesar de que un medida de la senadora Itzamar Peña para crear una nueva oficina en la Policía, que investigaría todos los delitos contra las mujeres, se encuentra detenida en un comité de conferencia.
Un comité de conferencia está compuesto por un grupo de senadores y representantes de mayoría y minoría que buscan ponerse de acuerdo en torno a la versión final de una medida que ha sido enmendada por uno de los cuerpos.
Se trata del proyecto del Senado 1213, que fue enmendado en la Cámara, para retirarle la facultad a esa nueva oficina propuesta de investigar asesinatos, mientras eliminaba el término de violencia de género y lo sustituye por violencia doméstica. Peña insistió en que su proyecto debe ser convertido en ley tal y como fue redactado.
“Que se le lleve a su estado original. En Cámara, prácticamente, lo que hicieron fue decir que la nueva unidad solo va a trabajar crímenes de violencia doméstica”, sostuvo Peña. La Cámara incluyó lenguaje para que la nueva oficina investigue agresiones sexuales y secuestros.
“Respetamos los procesos en el cuerpo hermano, pero ya había un trabajo adelantado y la data que se había obtenido es importante para centrarnos en cómo se puede solucionar la problemática”, dijo Peña.
Charbonier argumentó que la Policía ya cuenta con personal especializado para atender asesinatos de todo tipo y defendió la investigación que pretende realizar como presidenta de la Comisión de lo Jurídico.
Sostuvo que le ha llegado información de supuestos atrasos en las investigaciones y en cómo “hay un trato desigual cuando las víctimas son hombres y cuando las víctimas son mujeres. Hay más seguimiento cuando el agresor es hombre”.
PROYECTO CONTRA LA JSF
En la sesión de ayer, el Senado dejó en asuntos pendientes un proyecto de ley que tendría el efecto, de obligar a cualquier contratista de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a tributar por servicios al ente fiscal rendidos fuera de Puerto Rico, supo El Nuevo Día.
La medida, solicitada por el secretario de Hacienda, Francisco Parés, será sometida a enmiendas en el Senado, trascendió.
En la actualidad, en los contratos de esta índole, el ingreso no tributa en Puerto Rico sino en la jurisdicción donde se dio el servicio. Con el proyecto, de la autoría del representante penepé Antonio Soto, se modifica el lenguaje para que una tasa de 29% aplique a contratos de ese tipo no registrados en la Oficina del Contralor, como es el caso de los contratos de la JSF.
La Cámara dejó pendiente ayer una medida relacionada con los contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal.