Oficina del Inspector General funciona a paso lento
La entidad creada en 2017 ha completado dos investigaciones
La Oficina del Inspector General (OIG) apenas ha completado dos investigaciones desde su creación, hace casi tres años, mediante la Ley 15 de 2017 del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.
La segunda pesquisa está relacionada con irregularidades en la contratación de la firma de contabilidad y asesoría BDO Puerto Rico, que le fueron referidas hace más de seis meses.
Dicha investigación arrojó que exempleados de la firma todavía tienen contratos con el gobierno. La pesquisa también concluyó que funcionarios gubernamentales pudieron haber cometido faltas éticas y legales en la contratación y certificación de facturas, según el comunicado de prensa.
La culminación de dicha pesquisa fue divulgada ayer en la tarde por la propia OIG, cerca del cierre de esta edición. La
Unidad de Investigación y Datos de El
Nuevo Día indagaba hace varias semanas sobre el rendimiento de esta oficina.
La primera investigación, anunciada a finales de octubre, fue sobre posibles ilegalidades en la venta de una cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico (BDE).
Ambas indagaciones culminaron en referidos al Departamento de Justicia y, en el caso de BDO Puerto Rico, a la Oficina de Ética Gubernamental.
La oficina no ha podido completar auditorías en las agencias porque el exgobernador Rosselló Nevares la dejó inoperante durante dos años sin nombrar al Inspector General hasta 2019. De igual manera, a sabiendas de que no estaba organizada -porque ni personal tenía-, la administración Rosselló Nevares le asignó investigaciones importantes de corrupción.
Los miembros del gabinete ejecutivo de Rosselló Nevares le refirieron en el verano de 2019 las irregularidades detectadas en la contratación de BDO Puerto Rico, las presuntas deficiencias en la venta de una cartera de préstamos del BDE, así como las denuncias de corrupción en la selección de las aseguradoras del programa de salud gubernamental denominado Plan Vital.
Al mes siguiente de que el exsecretario de la gobernación Ricardo Llerandi Cruz le refirió las sospechas contra BDO Puerto Rico, la OIG emitió un memorando a las agencias para comenzar la transferencia de personal.
En una entrevista con El Nuevo Día realizada en octubre, la inspectora general,
Ivelisse Torres Rivera, contó que invirtió los primeros meses desde su nombramiento en propiedad, en febrero de 2019, en organizar todo el andamiaje legal, la compra de equipo y la transferencia de auditores internos de sus centros de trabajo en las agencias gubernamentales a esta oficina creada en 2017.
Indicó que, al momento, se ha transferido el 75% de los auditores internos de las agencias.
No fue hasta el mes pasado que la OIG concluyó su primera investigación sobre el expresidente del BDE, Luis Burdiel Agudo, la cual culminó con un referido a Justicia, tras detectar la posible malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito e intervención indebida.
“Esa es la primera investigación concluida”, confirmó Torres Rivera en entrevista con El Nuevo Día.
La entidad tampoco ha completado auditorías propias, al tiempo que las agencias que han trasladado su personal de auditoría a la OIG, en la práctica, se han quedado sin esos recursos internos de fiscalización así como de control fiscal. Este diario comprobó que nueve agencias, de una muestra de 18, se han quedado sin unidades de auditoría interna.
Sobre la cantidad de referidos e investigaciones iniciadas, la inspectora evitó hacer comentarios. Aunque el requerimiento de información solo solicitaba el dato numérico, la inspectora se amparó en que la ley le impide hablar sobre las investigaciones en curso y no proveyó el dato. El estatuto le fija penalidades si divulga documentos públicos, que “por su naturaleza deban ser confidenciales”, según la Ley 15 de 2017.
La OIG se creó el 28 de febrero de 2017 para emular esa figura que existe en el gobierno de Estados Unidos. El propósito es consolidar en una sola entidad los re
“En un tiempo récord de seis meses, hemos logrado tener una entidad gubernamental completa”
IVELISSE TORRES RIVERA
INSPECTORA GENERAL
cursos de auditorías que existen en las distintas agencias gubernamentales, “a fin de combatir de forma más efectiva el fraude, abuso, desperdicio e ineficiencia en la administración de los programas y operaciones de dichas entidades gubernamentales”, según consta en la exposición de motivos del estatuto.
Mediante un proyecto de enmiendas, presentado en mayo de este año, a la entidad se le otorgó también el poder para imponer multas. La Inspectora General puede sancionar las infracciones a las leyes y reglamentos, designar oficiales examinadores o jueces administrativos para presidir procesos de adjudicación e imponer sanciones como declarar nulo un contrato o nombramiento y requerir la restitución de fondos, facultades que no tiene el Contralor de Puerto Rico.
INCÓGNITA
Rosselló Nevares nombró a Torres Rivera como Inspectora General en enero de 2019, un año y 10 meses después de que anunció al país que había creado esa oficina. La lentitud en el nombramiento contrasta con la premura con que se creó la OIG.
El proyecto de ley para su creación se presentó el 2 de enero de 2017, día en que Rosselló Nevares juramentó como gobernador. Dos meses después, el entonces primer ejecutivo firmó la medida horas antes de su primer Mensaje de Situación de Estado, lo cual destacó en su discurso televisado como evidencia de su compromiso con la política de cero tolerancia ante la corrupción. La OIG existió, sin embargo, solo en papel hasta marzo de 2019, cuando la Legislatura confirmó a Torres Rivera como Inspectora General.
La designación ocurrió a más de un año desde que se enmendó la ley de la OIG, para exigir que se realizara una “convocatoria para candidatos a nivel local, nacional e internacional”. La oficial de prensa de La Fortaleza, Mariana Cobián, aseguró que la convocatoria internacional se envió el 12 de enero de 2018, a través de La Fortaleza y la Oficina de Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa). Después de evaluar a “poco más de una docena de solicitantes”, según las cifras oficiales, Rosselló terminó nombrando a alguien que ya formaba parte de su gabinete como presidenta de la Junta de Directores de la Corporación Pública para la Supervisión y el Seguro de Cooperativas (Cossec).
“Desconozco el por qué pudo haber ocurrido esa demora, como le llamas, en la designación del cargo. Lo importante es que cuando a mí se me notifica, asumimos en tiempo récord la organización de esta oficina”, puntualizó Torres Rivera.
Su nombramiento surgió también el mismo mes en que renunció Teresita
Fuentes Marimón al Departamento de Hacienda tras comunicar irregularidades en contrataciones de esa agencia. Surgió también tres meses antes de que se comenzaran a cancelar los contratos de BDO Puerto Rico tras los oficiales de gobierno conocer de la pesquisa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), que resultó en la acusación de las exjefas de Educación y Seguros de Salud, Julia
Keleher y Ángela Ávila, respectivamente, así como de los contratistas Alberto Velázquez Piñol, Fernando Sherrer, Glenda Ponce y Mayra Ponce.
ORGANIZACIÓN DE NUEVA ENTIDAD
Siete meses después de su confirmación en el cargo, Torres Rivera celebró haber completado la formación de la entidad en “tiempo récord”, lo que consideró “un logro histórico en Puerto Rico”, donde ha probado ser difícil la organización de otras agencias como el Departamento de Seguridad Pública.
Como parte de la gestión para organizar la nueva entidad, la inspectora general contó con la asesoría del excontralor Manuel Díaz Saldaña, a quien le contrató por $76,000, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
Además, la entidad ha comprometido $2.9 millones de su presupuesto en contratos desde abril de 2019, según este registro. La mayoría de estos, $1.4 millones, son para el arrendamiento del espacio de oficina a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) por el término de cinco años.
Entre las primeras acciones de Torres Rivera en la agencia fue la compra de escritorios y adaptación del espacio de oficina.
“Si voy a traspasar un auditor, tengo que tener un escritorio y un cubículo donde se pueda sentar. No puedo tener un empleado en una oficina donde no tenga las condiciones apropiadas para poder hacer su trabajo. De igual forma, tiene que tener un printer (impresora), una fotocopiadora, una computadora, un sistema de respaldo de data, servidores y herramientas para ejercer ese trabajo”, justificó la funcionaria.
Asimismo, aseguró que ha usado menos del 50% de los $4 millones que le asignó la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en el año fiscal 2019.
INFORME DESAPERCIBIDO
Esta no es la primera vez que una administración novoprogresista crea una entidad como esta. En 2010, el exgobernador Luis Fortuño Burset creó una Oficina de Inspector General, la cual permaneció en función hasta que la administración popular la eliminó en 2013.
Durante el tiempo que estuvo abierta la oficina, se hicieron 30 informes de auditoría e investigación de 11 agencias.
En un informe de auditoría publicado en 2015, la Oficina del Contralor de Puerto Rico detectó y consignó en un comentario especial que el gobierno gastó $15.2 millones en la operación de la OIG sin obtener un solo beneficio de esa inversión al momento en que se produjo el cierre con el cambio de administración.
“No tengo ningún temor de que ocurra lo mismo (el cierre)”, contestó la inspectora, quien reiteró su compromiso y de los auditores.
Torres Rivera invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de la línea de confidencias: 787-679-7979.