Incoherentes las estadísticas en casos de violencia de género
Organizaciones denuncian la falta de documentación confiable del gobierno ante la crisis
La ausencia de datos certeros en el gobierno sobre el impacto de la violencia de género en Puerto Rico es una piedra de tropiezo para el desarrollo de una política pública efectiva ante la crisis que arropa el país.
“La falta de unas estadísticas confiables impiden saber la gravedad del problema en cualquier ámbito”, afirmó ayer María Dolores Fernós, exprocuradora de la Mujer, en declaraciones a El Nuevo Día. “Las estadísticas son cruciales para que los que establecen política pública sepan cuál es el problema serio, si está más serio que antes y si ha habido adelantos”.
El Departamento de Justicia, por ejemplo, no proveyó esta semana estadísticas certeras sobre la cifra de convicciones por violaciones a la Ley 54 entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2019.
En informes del Negociado de la Policía al Tribunal Federal, como parte del cumplimiento con la Reforma Policiaca, la dependencia indicó que durante ese período hubo 48 convicciones, lo que representa el 2% del total de incidentes de violencia doméstica reportados.
En informes anteriores, este medio constató que la Policía informó cinco convicciones de un total de 3,527 incidentes entre enero y julio de 2018. Pero, el informe de 2017 sostiene que ese año hubo 1,163 convicciones de un total de 8,473 incidentes.
El sargento Juan Arce, coordinador interino de la División de Violencia Doméstica del Negociado, se distanció ayer de las discrepancias respecto a las cifras de convicciones documentadas en los informes.
“En realidad, ese número que usted me menciona, nosotros no trabajamos eso de convicciones, esa cifra exacta la lleva Justicia porque eso le compete a Tribunales”, dijo Arce a este diario.
Los informes tampoco presentan estadísticas coherentes sobre las investigaciones por violencia doméstica contra agentes de la Policía. Por ejemplo, el contenido de la tabla de datos para o 2017 es idéntico al contenido para el período de enero a julio de 2018.
Ambas tablas sostienen que durante esos períodos hubo 99 incidentes reportados, 53 agentes arrestados, 24 casos en los que el fiscal recomendó la radicación de cargos y ninguna convicción.
INCOHERENCIAS EN LAS CIFRAS DE ASESINATOS
Un estudio de las organizaciones Kilómetro Cero y Matria, publicado la pasada semana, evidenció que en la isla hubo -al menos- 266 feminicidios entre el 2014 y el 2018, y en promedio, cada siete días ocurre un nuevo caso. Los datos sostienen que la tasa de feminicidios durante ese período fue de tres por cada 100 mil mujeres.
“En el caso de la violencia de género, hay una absoluta incoherencia entre la información estadística que rige la Policía, la información estadística que recoge el Registro Demográfico (sobre asesinatos de mujeres) y la información estadística que reporta e informa la prensa”, indicó Fernós.
“Es necesario, es imprescindible que se corrija ese desfase que hay entre las mismas agencias de gobierno para con relación a este problema social grave”, apuntó la licenciada.
Las cifras del estudio arrojaron luz, no solo sobre la crisis de violencia de género que se respira en el país, sino también sobre la negligencia del estado al no tomar las medidas necesarias para documentar los asesinatos. Tras un riguroso análisis, el estudio concluyó que múltiples casos pasaron desapercibidos, se subestimaron o se ocultaron.
“Más aún, al observar que este tipo de error de magnitud considerable ocurre año tras año, sugiere que por años la propia Policía no ha estado interesada en verificar la validez de sus propios datos”, sostiene el informe. “Errores consistentes de esta magnitud implica que no existen criterios confiables para evaluar las ejecutorias gubernamentales”.
Según la Policía, en lo que va de año, han muerto diez mujeres en casos de violencia doméstica. Pero la certeza de ese número ahora resulta incierta. Durante el período analizado, la cifra de asesinatos informados por la Policía cada año fue menor a la cifra encontrada en el estudio, con patrones de error entre un 10% a un 27%.
En 2014, por ejemplo, la policía reportó 44 casos, pero Kilómetro Cero y Matria evidenciaron 60. En 2018, la Policía reportó 51, pero las organizaciones encontraron 63.
“Es la misma negligencia crasa que ocurrió con el huracán María, que el estado catalogaba a todas estas personas que morían por los efectos del huracán, de un modo completamente distinto. En este caso es lo mismo, pero sin que haya ocurrido una situación excepcional como es un huracán”, sostuvo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
“Esto está pasando todos los años en Puerto Rico con las víctimas de feminicidios, que además son las víctimas de la desigualdad”, afirmó.
DEFINICIÓN INEXISTENTE EN EL GOBIERNO
La categoría de feminicidio no es parte del glosario de ninguna de las agencias gubernamentales que tiene en sus manos la categorización de las muertes en Puerto Rico.
El estudio define un feminicidio como “la muerte de una mujer ocasionada por su pareja íntima o la muerte de una mujer que es el resultado de alguna práctica que resulte ser dañina para la mujer”, independientemente de los motivos de la acción.
Esa definición no es solo invisible en la Policía, sino también en el Negociado de Ciencias Forenses y en el Departamento de Salud. La investigación encontró, por ejemplo, un uso indiscriminado de la categoría “causa de defunción mal definidida o imprecisa” en Ciencias Forenses, una categoría que tiene el efecto de invisibilizar la violencia hacia las mujeres.
“Lo que tú no puede contabilizar como
LO DIJO
“Una política pública que no está fundamentada en data fidedigna, va a estar errada en la atención al problema que sea”
MABEL LÓPEZ ORTIZ PRESIDENTA DEL COLEGIO PROFESIONALES DEL TRABAJADORES SOCIALES
gobierno, es bien difícil que lo puedas combatir, que lo puedas resolver, si tú ni siquiera tienes una idea clara de cuál es el panorama”, manifestó Mari.
EXIGEN LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
Con la evidencia en manos sobre los casos de feminicidios, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico (CPTSPR), la Colectiva Feminista en Construcción y una treintena de organizaciones denunciaron ayer la falta de acción inmediata por parte de la Rama Eejcutiva del gobierno y urgieron a la gobernadora
Wanda Vázquez Garced a declarar una emergencia nacional ante la crisis de violencia de género.
La primera ejecutiva emitió, a principios de noviembre, una alerta nacional, determinación que las organizaciones catalogaron como insuficiente e inconsecuente.
“Cuando se habla de la alerta nacional, a lo que nos estamos refiriendo en concreto fue a un comunicado de prensa por parte de Fortaleza, no hubo ninguna orden ejecutiva que estableciera dicha alerta nacional y tampoco que estableciera los parámetros para esa alerta”, sostuvo Shariana Ferrer Núñez, portavoz de la Colectiva, en respuesta a El Nuevo Día, enfatizando que esa alerta no plantea unos planes específicos, sobre todo para los jefes de agencias gubernamentales, para atender la crisis actual.
Durante meses las organizaciones han reclamado la urgencia de una declaración de emergencia.
“Cuando identificas que tienes una
emergencia, el deber del estado es gerencial todas las acciones dirigidas a resolver esa emergencia. Decir una ‘alerta’, eso no nos lleva a soluciones inmediatas”, planteó Mabel López Ortiz, presidenta del CPTSPR.
Las organizaciones anunciaron ayer la Campaña Internacional de los “16 días de Activismo contra la violencia de género Puerto Rico presente”, que iniciará el próximo lunes, 25 de noviembre con una gran marcha desde la Milla de Oro hacia La Fortaleza.
La manifestación partirá desde el frente de las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Ese día se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La marcha tiene como propósito “visibilizar la emergencia nacional que enfrentamos como país y que ha sido tan difícil de significar por el estado”, sostuvo Ferrer.
“Cuando decimos estamos alerta es que algo puede pasar, cuando reconocemos que hay una emergencia que es algo está pasando”, apuntó Ferrer.
“Cuando se genera la política pública y la política social del país debe estar fundamentada en data empírica y no empírica simplemente numérica; las historias, los cuentos, los espacios donde mujeres y familias han denunciado estas situaciones debe ser parte del desarrollo de lo que es la política pública en el país”, sostuvo la presidenta del CPTSPR.
“Una política pública que no está fundamentada en data fidedigna, va a estar errada en la atención al problema que sea”.