Periodistas piden cambios a leyes Acuerdan entregar recomendaciones para mejorar los estatutos de transparencia y datos abiertos
Directivos de los gremios periodísticos del país se reunieron ayer con la gobernadora Wanda Vázquez ,a quien le expresaron que las leyes de transparencia y datos abiertos deben ser derogadas o, en su defecto, enmendadas para garantizar el acceso a información pública.
Ambas leyes fueron firmadas por el exgobernador Ricardo Rosselló el pasado 1 de agosto, un día antes de que se hiciera efectiva su renuncia.
De acuerdo con los gremios, tanto la Ley 122 de Datos Abiertos del Gobierno como la Ley 141 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso de la Información Pública ponen tranquillas, no solo a la labor periodística, sino también a las gestiones de cualquier ciudadano, entidad sin fines de lucro o empresa privada.
“Es la primera de una serie de reuniones que tendremos para recoger recomendaciones de cómo mejorar las legislaciones, sobre todo, la cultura en las agencias sobre transparencia y acceso a la información”, dijo la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), Damaris Suárez, a la salida del cónclave en La Fortaleza.
En la reunión, agregó, se acordó que la primera ejecutiva dará una directriz para que, en cumplimiento con las leyes, en cada agencia y corporación pública se identifique, al menos, una persona para que ofrezcan los datos cuando se soliciten.
“Tiene que ser una persona que entienda el proceso de solicitud de datos. Le hicimos claro a la gobernadora que el acceso a la información no nos pertenece a nosotros, los periodistas, sino a la ciudadanía, y estas legislaciones afectan solicitudes de información de cualquier persona”, recalcó.
Entre las preocupaciones con las leyes, la directora ejecutiva de la Asppro, Leila Andreu, y la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet, mencionaron que se eliminó la disposición de que no se debe esperar para dar documentos de fácil acceso. En cambio, se estableció un término para entregar los datos solicitados, que es de 10 días para las personas que viven en el área metropolitana de San Juan y de 15 días para quienes residen en el resto de la isla.
Las demás preocupaciones son que se creó una lista de 12 excepciones para no proveer información, que los recursos legales (“mandamus”) relacionados con ambas leyes tienen que radicarse en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, y que se eliminó el inciso que obliga a las agencias y corporaciones públicas a mantener una “publicación proactiva” de documentos.
“Estas leyes tienen que ser derogadas, pero obviamente sabemos que hay un camino por andar y, en aras de eso, vamos a continuar la conversación con La Fortaleza”
DAMARIS SUÁREZ PRESIDENTA DE LA ASPPRO