Avance en la solución a los endeudamientos

Puerto Rico ha dado una señal significativa de responsabilidad fiscal con su primer pago a los bonistas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), bajo el acuerdo renegociado entre los acreedores y la Junta de Supervisión Fiscal.

El desembolso de $436 millones a Cofina correspondiente a este año, mediante el ajuste aproximado del 10% de la deuda a un plazo de 40 años, es casi la mitad del servicio previo a esa obligación, que rondaba los $800 millones. Tras ese pago, el erario puertorriqueño tiene disponibles $362 millones provenientes del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para cubrir otras prioridades.

La atención a la deuda de Cofina debe ubicarse en la serie de pasos que Puerto Rico adelanta para resolver su endeudamiento. El gobierno de Estados Unidos y el mercado de inversiones deben asumir estos esfuerzos como una importante señal de progreso de parte de Puerto Rico.

Mientras, el Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno central destina $1,500 millones anuales al pago de las obligaciones. Propone destinar 9% de los recaudos al pago de la deuda, que incluye las obligaciones generales, bonos de la Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro de los empleados públicos. En el pasado, el servicio a esta obligación representaba el 28% de los recaudos. El nuevo acuerdo ha sido sometido a la consideración de la jueza federal Laura Taylor Swain.

Sigue pendiente la confirmación de la renegociación de parte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, también ante el Tribunal del Título III creado por la ley federal Promesa. Conllevaría este acuerdo un recorte de alrededor del 30% del principal adeudado en bonos y reduciría en los próximos 10 años, prácticamente a la mitad, el servicio anual de la deuda. Falta por encaminar la reestructuración de las obligaciones de la Universidad de Puerto Rico.

Aunque necesarias para equilibrar el fisco, las reestructuraciones repercutirían sobre los ciudadanos y los sectores económicos. Los acuerdos incluyen, por ejemplo, ajustes en las pensiones de los retirados del sistema público, manteniendo intactas las del 60% de los jubilados. Mientras, la nueva gerencia de la deuda de la AEE debe ir acompañada de la transformación estructural que dé paso a tarifas razonables para los abonados.

Para sacarle el mayor beneficio a la reestructuración de las obligaciones, Puerto Rico tiene que impulsar las reformas estructurales que sumen estabilidad a las finanzas públicas. Hay que transformar, por ejemplo, la estructura contributiva y el andamiaje de permisos. Simplificar los procesos facilita el desarrollo de un país competitivo y sostenible.

Con los ingresos del IVU, el Departamento de Hacienda ha completado el reciente pago a Cofina en cuatro meses y medio, sin haber esperado a fines de diciembre como acostumbraba. Así como la reorganización de las deudas es condición fundamental para la recuperación económica, el cumplimiento responsable con los pagos es indispensable para recuperar la confianza de Washington y de los mercados.

Con estos cambios, urge una transformación en la cultura de gobierno que deje atrás prácticas erradas que en buena medida causaron que las finanzas de la isla tocaran fondo. Hay que añadirle garras al propósito de cumplir con los límites constitucionales a la hora de emitir nueva deuda. La Junta supervisora ha dispuesto márgenes rigurosos en el acuerdo que la jueza Taylor Swain evalúa. El gobierno de la isla también ha propuesto establecer parámetros para tomar prestado. Hace falta también tomar medidas concretas y rotundas contra la corrupción y el despilfarro en todas las ramas gubernamentales.

Encaminados los procesos necesarios para salir de la bancarrota, Puerto Rico tiene que echar a andar su economía cuanto antes y usar los fondos federales asignados a la recuperación para obras que permitan superar los retos estructurales e incentivar la actividad económica.