Luis Alberto Ferré Rangel
Junta de Planificación: responda
Algo anda mal en la Junta de Planificación.
Distinto al proceso participativo que produjo el Plan de Uso de Terrenos, la Junta de Planificación hace cambios, sin mostrarlos, a los planes sectoriales y territoriales que proveen cierto balance para proteger nuestro acervo natural. El Tribunal Supremo restituyó la semana pasada la protección a siete reservas naturales equivalentes a más de 34,000 cuerdas de terreno. Al hacerlo, determinó que la Junta incumplió sus propios requisitos cuando eliminó dichas protecciones.
En una contundente decisión escrita por el juez asociado Luis F. Estrella Martínez, quedó claro que la Junta hizo caso omiso a su propio reglamento que establece amplia consulta y participación ciudadana a la hora de enmendar los planes sectoriales aprobados en el pasado Plan de Uso de Terrenos, que estaban protegiendo dichas reservas naturales.
Es importante notar que la decisión del Tribunal Supremo es de índole procesal y no necesariamente entra en los méritos de la decisión de la Junta de desproteger estas reservas naturales en Camuy, Manatí y Yabucoa, entre otras.
Todos debemos estar atentos a los próximos pasos de la Junta de Planificación en torno al futuro de estos valiosos recursos naturales.
¿Se inventará una “consulta express” para satisfacer mínimamente los requisitos de participación ciudadana? Los grupos comunitarios de defensa del ambiente y organizaciones aliadas aseguran que tienen información de primera mano sobre las verdaderas intenciones de la Junta para abrir estas reservas. Negarles participación es admitir que hay intención sospechosa.
La Junta describe su misión como una de planificación integral y evolución hacia un Puerto Rico competitivo y de equidad. Sin embargo, si fuese fiel a su misión de equidad, no hubiese violado su propio reglamento para privar de participación a la ciudadanía. Y si trabajase por una planificación integral para un país competitivo, pues no debería estar la Junta desprotegiendo reservas naturales a espaldas del público, mientras el mundo entero se mueve a proteger más terrenos sensitivos.
Puerto Rico cuenta con entidades que son líderes en esta gestión, como lo han sido por décadas el Fideicomiso de Conservación y su iniciativa Para La Naturaleza, con cuyo presidente, Fernando Lloveras, converso en mi podscast de hoy.
Con un Departamento de Recursos Naturales y Ambientales descabezado, y con tantas otras presiones de todo tipo, La Fortaleza y la gobernadora deben estar atentas a la Junta de
Planificación, que a todas luces busca desmantelar el Plan de Uso de Terreno aprobado el cuatrienio anterior en un proceso de avanzada. Dicho proceso colocó a Puerto Rico en la cabecera de la planificación internacional, nos preparó para amortiguar los golpes de la crisis climática y puso las bases de la gobernanza ciudadana de nuestros recursos, como es el caso del Bosque Modelo de Adjuntas.
La Junta contestará el fallo judicial seguramente con un vocabulario altamente técnico, diseñado por sus asesores legales, que dificulta que muchos lo entiendan. Escondida tras ese entramado, la Junta intentará negarles acceso a las comunidades y al público a las razones verdaderas de este cambio.
Con su intento de desproteger siete reservas naturales altamente sensitivas, la Junta de Directores de la Junta de Planificación mueve a Puerto Rico a la edad del oscurantismo y de la impunidad. Primero son estas siete reservas, luego vendrían otros cambios que pondrían en peligro nuestra sostenibilidad como país.
Es responsabilidad de la presidencia de la Junta de Planificación explicarse con claridad y transparencia.