Asegura que se recibirán fondos para la Reforma
La comisionada residente explica los posibles escenarios para Puerto Rico con los cambios a Medicaid, que incluyen un paquete de cuatro años o asignaciones anuales
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aseguró ayer que, cualquiera que sea el panorama que enfrente Puerto Rico en la asignación de fondos Medicaid, el programa recibirá la cantidad suficiente como para alimentar y mantener la Reforma de Salud.
Durante la convención anual del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la funcionaria admitió que, a pesar de que el Senado y la Cámara federal aprobaron medidas que permitirían que la isla reciba unos $12,000 millones en los próximos cuatro años fiscales federales, ninguna de ellas es final. Esto, pues las medidas continúan siendo parte de las negociaciones entre los líderes de ambos cuerpos como parte del acuerdo presupuestario del Congreso para el año fiscal 2020.
“La Cámara tiene su versión y el Senado tiene otra”, reiteró González.
La comisionada se refirió al acuerdo bipartita que alcanzó el liderato del Comité de Finanzas del Senado estadounidense hace unos días para promover legislación que permita asignar a Puerto Rico hasta $11,869 millones en fondos de Medicaid por los próximos cuatro años fiscales e imponer nuevos controles sobre el uso de ese dinero. El acuerdo fue entre el presidente del Comité de Finanzas, el republicano Charles Grassley (Iowa) y el demócrata Ron Wyden (Oregón).
Bajo este acuerdo, la aportación federal por servicios de Medicaid rendidos en Puerto Rico aumentaría de 55% a 76%, y se elimina el tope de $375 millones anuales en fondos de Medicaid que impone una ley permanente. González indicó que este acuerdo es el que ella ha impulsado y el único que tiene el aval del presidente estadounidense, Donald Trump.
Mientras, en julio, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, tras acordar estrictos parámetros de supervisión sobre el uso del dinero que envían al gobierno de Puerto Rico, aprobó por unanimidad un proyecto de ley que permitiría asignar $12,000 millones a la isla en fondos de Medicaid por los próximos cuatro años fiscales federales. Esa legislación permitiría aumentar la aportación federal por servicio de Medicaid a 83% los primeros dos años y 76% durante 2022 y 2023.
Pero, a pesar de la existencia de estos dos proyectos, González reiteró que una tercera posibilidad sería que ambos cuerpos no se pongan de acuerdo y se renueve la resolución temporal para volver a extender el uso de 100% fondos federales para financiar el programa Medicaid en Puerto
Rico. La extensión, dijo, sería del 20 de diciembre hasta febrero, fecha en que se espera que ya se haya logrado un acuerdo en el Congreso y se asignen más fondos al programa local de Medicaid.
Mientras, un cuarto panorama, indicó, sería que, en lugar de que se asigne un paquete de fondos por cuatro años para el programa Medicaid de Puerto Rico, se avalen asignaciones anuales, como ha ocurrido históricamente.
“Con el nombre de Dios, lo vamos a lograr”, aseguró al reiterar que podría ser cualquiera de estos cuatro escenarios.
Por otra parte, González comentó que, si pudiera votar, no recomendaría el juicio político contra el presidente Trump, ya que ello responde puramente a una acción del Partido Demócrata para atacar su futuro político, dijo.
“No me puedo dar el lujo de quedar metida en esa controversia”, dijo, al reiterar que la acción que tome la Cámara de Estados Unidos contra Trump no contaría con el aval del Senado.
La funcionaria también informó su interés de radicar un proyecto esta semana para que se conceda una moratoria de un año en la implantación de la ley que prohibiría, a partir del 20 de diciembre, el negocio de peleas de gallos en Puerto Rico y los demás territorios. La idea, dijo, es que se pueda estudiar el impacto económico que tendría esta medida y que se especifique como se dispondría de estas aves.
“Sé que esto es bien cuesta arriba y difícil”, reconoció.
El Nuevo Día supo que cualquier moratoria tendría que ser incluida en el potencial acuerdo presupuestario.
González indicó que también dialogó con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para que una medida permita extender las licencias por dos años en lo que se estructura una industria regulada de peleas de gallos. Agregó que esto provocaría un choque federal y estatal que tenga que ser resuelto en los tribunales.