Nuevas dudas por contratista que se reunió con Wanda Váquez en evento político
El encuentro fue en la residencia de un empresario que está impedido de hacer donativo políticos por estar en un proceso de licitación con ASEM
La controversial reunión con empresarios en la que participó la gobernadora Wanda Vázquez unos días antes de anunciar su candidatura se llevó a cabo en la residencia un contratista de gobierno que está impedido de hacer donativos políticos por estar en medio de la licitación de un contrato en la Administración de Servicios Médicos (ASEM).
El contratista, Carlos Colón Medina, presidente de la empresa Management Consultants & Computer Services (MCCS), que ha obtenido este cuatrienio contratos por $27,390,234.60, de un total de $71,020,061.48 desde el 2010, está actualmente en proceso de licitar un nuevo contrato de facturación con ASEM, la corporación pública que administra el Centro Médico de Río Piedras, según fuentes y documentos examinados por este diario.
La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas dispone en su artículo 13.003 que está impedida de ofrecer, efectuar, recibir o solicitar “directa o indirectamente” donativos “monetario o de otra índole” cualquier persona “natural o jurídica” mientras esté en proceso de “concesión de permisos o franquicias, de adjudicación o de otorgamiento de uno o más contratos de compra y venta de inmuebles, de prestación de servicios, de materiales, de alquiler de terrenos, edificios, equipo o de construcción de obra pública con el gobierno”.
Colón Medina es suegro de la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez y, según la propia gobernadora, fue quien la invitó a su casa a una reunión el miércoles 11 de diciembre.
La reunión había causado controversia ya porque allí fue visto Raymond Cruz, uno de los más cercanos colaboradores del exgobernador Ricardo Rosselló.
En el momento de la reunión, Vázquez, quien dice que no sabía quién estaría en dicho encuentro, no había anunciado oficialmente su candidatura a la gobernación, aunque ya era de conocimiento público que lo tenía bajo consideración. Menos de una semana después de la reunión, el lunes 16 de diciembre, Vázquez hizo el anuncio de su intención de aspirar a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones del 2020.
La gobernadora confirmó en entrevista con El Nuevo Día la semana pasada que la reunión fue eminentemente política. “Las conversaciones que hubo allí eran cómo yo proyectaba, cómo yo veía a Puerto Rico en el 2020. Todos sabían que yo no había tomado ninguna decisión, que lo estaba evaluando. Ellos me preguntaron cuál iba a ser mi decisión y yo les dije que la estaba evaluando y (me preguntaron) si en esa evaluación yo contaba con la opinión de alguien y yo les dije que no. Lo mismo que he dicho a todo el mundo”, dijo Vázquez la semana pasada a El Nuevo Día.
Sin contar con lo que se haya servido de comer o beber en la reunión, el mero préstamo de una residencia para una actividad política puede ser interpretada como un donativo “en especie” (no monetario), según explicó en una entrevista reciente con El Nuevo Día, sin referirse a ningún caso en particular, el contralor electoral, Walter Vélez. La ley dispone para quienes violen el estatuto penalidades que van desde ocho a 15 años de cárcel para una persona, o multas de entre 6% y 8% del ingreso anual si es una corporación.
La gobernadora no respondió a una petición de entrevista sobre este tema, ni al cierre de esta edición había contestado varias preguntas por escrito. Entre las preguntas estaba si cuando accedió a ir la casa sabía que Colón Medina está en medio de una licitación con ASEM o si este o alguno de sus hijos, que laboran en sus empresas, son parte en alguna capacidad en su comité de campaña.
Igualmente, la gobernadora no respondió si Colón Medina está en el grupo de “amistades” que financió el vídeo en el que anunció su aspiración. En la entrevista del pasado jueves con El Nuevo Día, la gobernadora se negó en varias ocasiones a precisar quién financió la producción y difusión del vídeo, que es un donativo político que deberá reportar eventualmente.
Colón Medina, por su parte, dijo a través de una recepcionista de su empresa que no tenía “ningún comentario que hacer” sobre esta controversia.
“¿Qué mensaje están recibiendo los que están bregando con la licitación en ASEM cuando ven a uno de los licitantes reuniéndose en su casa con la gobernadora?”, se preguntó una fuente del PNP.