Referidos al FEI por el chat
Debido al volumen de la evidencia y al extenso informe enviado, el Panel del FEI se reuniría para evaluarlo dentro de dos semanas
El exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y 13 de sus más cercanos colaboradores fueron referidos ayer a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) luego que una investigación preliminar del Departamento de Justicia encontrara posibles infracciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental por sus conversaciones en un chat en la aplicación Telegram.
En un comunicado de prensa, Justicia informó que entre los referidos se encuentran Yennifer Álvarez Jaime, exsecretaria de Prensa de La Fortaleza, así como Rossy
Santiago Velázquez, exdirectora de la Oficina Central de Comunicaciones de la Oficina del Gobernador.
Cuando se supo de la existencia del “WRF Chat” nunca se vinculó con el mismo a estas exfuncionarias. La secretaria de Justicia, Dennise N. Longo
Quiñones, se negó a indicar el presunto rol de las dos comunicadoras en las posibles acciones ilegales referidas. Sin embargo, el comunicado, al menos, sostiene que Álvarez Jaime era parte del grupo de conversación.
Además, de Rosselló Nevares, Álvarez Jaime y Santiago Velázquez, los exfuncionarios referidos son el exsecretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario, el ex asesor principal del gobernador Alfonso Orona, el exdirector de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal Christian Sobrino, el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín, el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, el exsecretario de la Gobernación Ricardo Llerandi, y el exdirector de Puertos Anthony Maceira. Además están el exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal Elías Sánchez Sifonte, el publicista Edwin Miranda Reyes, y los comunicadores Rafael Cerame y Carlos Bermúdez.
Longo Quiñones tampoco quiso divulgar los delitos quepudieron haber cometido los 14 exfuncionarios.
Sin embargo, fuentes de El Nuevo Día revelaron que se sospecha que estos pudieron haber violentado artículos del Código Penal, entre ellos enriquecimiento ilícito (Art. 250), enriquecimiento injustificado (Art. 251) y oferta de soborno (Art. 260). También se sospecha de múltiples infracciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, disposición en el cual están las prohibiciones éticas de carácter general.
El enriquecimiento ilícito se imputa a todo funcionario o exfuncionario público que utilice información para beneficio personal o de un tercero que solo haya podido conocer por razón de su cargo.
En tanto, el enriquecimiento injustificado se refiere a todo funcionario o exfuncionario o que injustificadamente haya enriquecido su patrimonio o el de un tercero, con posterioridad a la asunción del cargo. La oferta de soborno es cuando una persona directamente, o por un intermediario, promete algún beneficio a un funcionario público que tiene poder decisivo o que aparenta tener ese poder.
El Nuevo Día se comunicó con todos los implicados a sus teléfonos, pero solo obtuvo respuesta de Rivera Marín.
“Estoy muy afectado, la familia y todo el mundo. Este proceso lo enfrentaremos. Realmente, de lo que se trata es de un informe que yo no he visto. La secretaria ha dicho que conlleva un proceso, así que yo seguiré con el proceso”, dijo el exsecretario de Estado.
Inicialmente, la secretaria de Justicia insistió que tanto la Ley Orgánica de dicha agencia como la ley que creó la Opfei le impedían divulgar los delitos que la investigación preliminar arrojó que pudieron haberse cometido.
No obstante, cuando se le preguntó si entendía que la exsecretaria de Justicia y hoy gobernadora, Wanda Vázquez
Garced, y sus predecesores violaron esas leyes porque acostumbraban a revelar la naturaleza de los delitos presumiblemente cometidos, su oficial de prensa Brenda Quijano indicó que se trataba del “estilo de trabajo” de la secretaria y a su “interpretación del lenguaje estatutario”.
Longo Quiñones no estuvo disponible para entrevista.
Previo a la llegada de la actual secretaria, Justicia informaba los delitos que identificó cuando culminaba su investigación preliminar y refería a la Opfei.
VOLUMINOSA EVIDENCIA
En declaraciones escritas, Longo Quiñones indicó que el informe referido a la Opfei consta de 109 páginas y que se entregarán 35 cajas de evidencia.
Señaló, además, que como parte de la pesquisa se emitieron sobre 45 citaciones a testigos y sobre 60 requerimientos para acceder a documentos e información.
La titular de Justicia dijo que tuvieron acceso a varios celulares de los participantes del chat y que unos fueron “entregados y registrados, algunos voluntariamente y otros mediante orden de ocupación”.
Justicia no ha tenido acceso a los teléfonos celulares de Sánchez Sifonte ni Miranda Reyes porque el Tribunal de Apelaciones determinó que la solicitud de Justicia a los investigados no se hizo conforme a derecho.
Por su parte, la presidenta del Panel del FEI, Nydia Cotto Vives, calculó que ese organismo se reunirá dentro de dos semanas para evaluar el informe enviado por Justicia. Hasta entonces, dijo que estará impedida de comentar el caso.
“Se tiene que hacer un inventario de toda la evidencia recibida y eso tomará varios días. En todos los casos tenemos que hacer un inventario documento por documento”, indicó la presidenta del panel.
Entre las 14 personas referidas para investigación a fondo, hay cuatro personas: Sánchez Sifonte, Miranda Reyes, Cerame y Bermúdez que no eran funcionarios públicos. Sin embargo, una enmienda hecha en 2012 a la Ley de la Opfei permite que se investiguen como coautores de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos. Antes de esa enmienda, los coautores que no estaban incluidos dentro de la Ley 2 eran investigados y procesados por la División de Integridad Pública de Justicia.
El 13 de julio, se conoció parte del contenido del WRF Chat, que estuvo encabezado por Rosselló Nevares. Los miembros de ese grupo de conversación electrónica discutían asuntos de política pública y partidistas.
A través de esta aplicación, miembros del grupo se pusieron de acuerdo para dañar reputaciones y perseguir a políticos de la oposición, así como a funcionarios federales. En las 889 páginas publicadas abundaban también las burlas e insultos machistas, homofóbicos y comentarios insensibles sobre sobre distintos asuntos de interés público. Las conversaciones divulgadas fueron hechas entre el 30 de junio de 2018 y enero de 2019.