Los pueblos que peligran sin fondos estatales
En la era de los municipios autónomos, 35 alcaldías dependen en más de un 33% del quebrado gobierno central
La alcaldía de Las Marías tiene un presupuesto de unos $6 millones para cubrir todos sus gastos operacionales. Allí, $7 de cada $10 provienen del gobierno central. Si la impugnación a la Ley 29 de 2019, que alivia la carga fiscal de los municipios, tiene éxito en el Tribunal Federal, y no se encuentra una nueva salida al precipicio fiscal de los pueblos, este ayuntamiento sería uno de los primeros que quedaría inoperante.
Contando este ayuntamiento, al menos 35 alcaldías operaban para el año fiscal 2019 con presupuestos que dependían en un 33% o más del gobierno central para poder subsistir.
Arrastrados por el quiebre de las finanzas estatales, estos municipios avanzan hacia el mismo precipicio fiscal por el que hace casi tres años cayeron el gobierno central y varias corporaciones públicas, y que desembocó en los casos de bancarrota territorial bajo la ley federal Promesa.
“Más de 33% (de dependencia) es ya demasiado alto. Y deben ser fondos que no financien servicios esenciales”, expresó el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados Kenneth Rivera Robles.
Y podrían ser más los gobiernos municipales en riesgo. Apenas 14 ayuntamientos no dependen de transferencia alguna del gobierno central. El resto tiene algún nivel de dependencia que tendrían que subsanar para sustituir esas transferencias estatales que vienen reduciéndose desde el año fiscal 2018.
El alivio financiero que provee la Ley 29 no será duradero con la impugnación judicial hecha por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La propia gobernadora Wanda Vázquez Garced hasta ha dado el caso como perdido y ha dicho que está en conversaciones con el ente que controla las finanzas públicas para encontrar una solución al problema.
La Ley 29, en lugar de transferir dinero a los ayuntamientos, aliviaba su carga financiera, al eximirlos de las aportaciones al sistema de retiro “Pay as you go” (PayGo) y al Plan de Salud del Gobierno, conocido como el programa Vital.
La JSF impugnó la ley por entender que no cumple con el plan fiscal vigente. La impugnación está ante la consideración de la jueza federal Laura Taylor Swain.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), en una declaración escrita, afirmó que estarán sometiendo ante la consideración de la JSF una serie de alternativas el 31 de enero, cuando presenten un borrador para un nuevo plan fiscal. La agencia no precisó qué opciones.
“El gobierno de Puerto Rico continúa identificando alternativas para brindarles salud fiscal a nuestros 78 municipios”, sostuvo la agencia en una declaración escrita.
No se ha precisado en detalle cuánto dinero exactamente necesitan los ayuntamientos para mantenerse a flote. La cifra, sin embargo, podría rondar los $150 millones, pues esa fue la cantidad que el gobierno estatal transfirió a los municipios el año fiscal 2019, según datos agrupados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Ese monto equivale al 11% del presupuesto de todos los ayuntamientos sumados
($1,952 millones) para ese año fiscal.
EL ORIGEN DEL PROBLEMA
Según el catedrático jubilado en Administración Pública Mario Negrón Portillo, los problemas fiscales de los municipios tienen, en gran medida, su origen en la industrialización del país a mediados del Siglo 20. Explicó que, hasta entonces, Puerto Rico tenía una economía agrícola en la que participaban básicamente todos los sectores geográficos. La industrialización, sin embargo, no trajo las mismas oportunidades de desarrollo económico para todo el país y una gran porción de la isla, especialmente en la zona montañosa de Puerto Rico, se quedó rezagada económicamente.
Desde entonces, operan como municipios donde no existe el movimiento económico necesario para sostener las operaciones del ayuntamiento.
“Hay municipios que no pueden dejar de depender del gobierno central porque, si se quedan solo con los ingresos de la propiedad (impuesto que tradicionalmente financia los ayuntamientos) y los otros impuestos municipales, no tenían suficientes ingresos porque las propiedades y la economía no tributan lo suficiente”, dijo Negrón Portillo.
La masificación del uso de los automóviles también cambió las dinámicas económicas. Las personas podían, con mayor facilidad, trabajar en un pueblo distinto al que residían. Los suburbios nacieron y, con ello, la disparidad de recursos económicos entre los pueblos donde la gente vive y recibe la mayoría de los servicios municipales (recogido de basura, escombros, cementerios, recreación y deportes, entre otros) y los municipios donde se concentra la actividad industrial y económica.
Como consecuencia de esa situación, la economía de pueblos como Guaynabo y San Juan se fortaleció, y la de ayuntamientos como Comerío se derrumbó.
Negrón Portillo recordó que esto fue un asunto que se trató de abordar con la Ley de Municipios Autónomos de 1991. Explicó que la idea era que, en la medida en que el gobierno central transfería responsabilidades a los ayuntamientos, se fortalecían las finanzas municipales. Pero muchos pueblos, especialmente los que enfrentaban el achicamiento de su economía, no tenían los recursos para lograr la autonomía necesaria para reclamar el traspaso de responsabilidades estatales.
Para aliviar ese problema, se reformularon las transferencias del gobierno central a los ayuntamientos y se estableció el Fondo de Equiparación, que ayudaba a los pueblos más débiles económicamente. “Se suponía que fuera temporero, pero unos años después ya lo habían hecho permanente”, dijo Negrón Portillo.
La caída de la manufactura del país, acelerada por la eliminación de los incentivos de la Sección 936 del Código de Rentas Internas estadounidense, provocó una situación similar para el gobierno central. El modelo económico industrial ya no proveía la economía suficiente para financiar el gobierno. Para aliviar ese problema estatal, el gobierno tomó una serie de acciones que afectaron aun más las finanzas municipales. De ahí, salen las aportaciones de las alcaldías a la llamada tarjeta de salud Vital y el sistema de retiro “PayGo”, lo que agravó aún más las finanzas municipales. Estas aportaciones son las que quita la Ley 29.
“El gobierno, entonces, para estimular la industria, exime a las empresas del pago de contribuciones municipales, patentes y arbitrios, cuando nosotros vivimos de eso”, dijo el alcalde de Comerío, José A.
Santiago, del Partido Popular Democrático (PPD).
Para el ejecutivo municipal, la mejor opción es que el gobierno central recorte los cerca de $150 millones que necesitan los ayuntamientos de otras áreas. “Ellos tienen $9,000 millones. Pueden recortar ese dinero”, sostuvo, aunque admitió que esto también levantaría la oposición del grupo social que resulte finalmente afectado con el recorte.
Por su parte, el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, del Partido Nuevo Progresista (PNP), afirmó que si el gobierno central provee completa autonomía al
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y no le saca dinero a este organismo intermunicipal, los ayuntamientos pueden cubrir todos sus gastos.
Sostuvo que, de cara al futuro, la crisis fiscal municipal se puede resolver desarrollando consorcios en los que varios municipios compartan gastos en áreas como la oficina de permisos y asuntos administrativos.
Santiago coincidió con su homólogo orocoveño, pero indicó que estos juntes administrativos han ido “a paso lento”, pese a la urgencia para enderezar las finanzas municipales, en parte, porque muchos procesos requieren aprobaciones de las agencias de gobierno estatal.
Colón Berlingeri afirmó que la regionalización de funciones estatales y municipales puede ser una opción “si se hace bien”.
Esta idea, sin embargo, no es bien vista por muchos ejecutivos municipales que entienden que podrían perder sus trabajos o su poder político con este tipo de cambio y que temen que se cree una capa adicional de burocracia, entre otros asuntos.
“Yo eliminaría las regiones del gobierno central y daría esos servicios desde los municipios. No tocaría los recaudos municipales y crearía una muralla fiscal entre el gobierno y el CRIM… (Aun así) tal vez a la larga terminemos eliminando municipios”, dijo Colón Berlingeri.