Dos miembros del chat obstaculizaron la pesquisa, según Justicia
Secretaria de Justicia defiende su investigación y asegura que analizó la conducta de las 14 personas referidas al Panel del Fiscal Especial Independiente
Después de someter su informe y 35 cajas de evidencia al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, expresó estar tan deseosa como el resto del país por conocer el futuro de la investigación que inició su agencia con relación al chat de Telegram que mantenían Ricardo Rosselló Nevares y 12 de sus colaboradores más cercanos.
En entrevista con El Nuevo Día, la fiscal federal en destaque como jefa de Justicia aseguró que le remitió al PFEI un análisis detallado de cuáles son los delitos potenciales cometidos por los participantes de ese grupo, así como la conducta de cada una de las personas referidas.
Explicó, además, que la Ley de la Oficina del PFEI le impide ofrecer inmunidad a cualquiera de las personas involucradas, una facultad que corresponde estrictamente al fiscal especial independiente. Mientras, el estatuto le faculta a referir a toda persona implicada en los delitos objeto de la investigación.
“Somos meramente un puente, somos quienes hacemos el hallazgo de causa suficiente, para abrir la puerta a que el FEI tenga jurisdicción”, comentó sobre el rol que tiene la agencia en estos casos que involucran a funcionarios de alta jerarquía.
La jefa de fiscales, Phoebe Isales Forsythe, quien estuvo presente en la entrevista, lo ilustró de la siguiente manera: “Nosotros
somos el fiscal de escena; el FEI es el fiscal investigador. Llegamos, miramos y decimos: ‘Aquí, pudo haber delito (...), pero ese fiscal investigador es el que tiene que levantar el expediente completo”.
Longo Quiñones dijo estar convencida de que la recomendación que hizo es correcta y que los hallazgos de la investigación preliminar no deben ser tomados livianamente. Sostuvo que tomó la decisión consciente de las implicaciones que tiene cualquier investigación criminal para los querellados.
¿Se sospecha que las 14 personas referidas cometieron algún delito?
—Hay causa suficiente para creer que esas personas tienen conocimiento o participaron de lo que puede ser un delito. No todo el mundo tiene que estar implicado en el mismo delito.
¿Cuáles son los potenciales delitos, según su análisis detallado?
—No estamos diciendo, en esa carta (al PFEI), que tenemos evidencia más allá de duda razonable de que estas personas cometieron delito; lo que estamos diciendo es que tenemos causa suficiente para creer que hay comisión de delito y que esto amerita una investigación. Es por esa razón que no estamos detallando (públicamente) los delitos de nuestra evaluación... Entiendo que eso es impropio por parte del secretario de Justicia... Como secretaria de Justicia, no estoy para comentar lo que pudiese ocurrir o dejar de ocurrir; yo estoy para radicar cargos. Quiero que el pueblo de Puerto Rico esté bien claro que hubo una evaluación exhaustiva de los delitos que le estamos recomendando al FEI en ese informe.
¿Pudieron recuperar los mensajes borrados de Telegram?
—No me gustaría comentar en cuanto a eso para proteger todas mis investigaciones criminales... Mantenemos cierta confidencialidad con respecto a nuestra capacidad de investigación.
SOBRE INCOMPARECENCIA DE MIRANDA Y SÁNCHEZ
En cuanto a la determinación del Tribunal de Apelaciones de fallar a favor del publicista Edwin Miranda y el cabildero Elías Sánchez, al revocar la decisión de que se les encontrara en desacato por no acudir ante Justicia, la secretaria recomendó al PFEI que mantenga el caso vivo en los tribunales por entender que es crucial defender el derecho del Estado a exigir que las personas comparezcan.
El procurador general afirmó, en su solicitud de reconsideración, que a Justicia se le dificultó ejecutar la orden de registro porque Miranda y Sánchez se encontraban fuera del país.
—No es porque se encontraban fuera del país. Es que ellos no acogieron la citación... Con respecto a otros participantes del chat, se logró ejecutar órdenes de allanamiento... Se les citaba, ellos acataban la orden de citación, y al momento de comparecer, se utilizaba una orden de allanamiento que había sido expedida previamente y estaba vigente, y se utilizaba para tomar control del dispositivo y hacer el examen forense... Ellos nunca comparecieron a la citación y por eso, esa orden de allanamiento, que se había obtenido para sus dispositivos, nunca se pudo ejecutar... Si la persona no llega a la cita, no acata la orden, dilata los procesos abusando de los procesos de derecho, esa orden de allanamiento va, en algún momento, a caducar, que fue lo que ocurrió.
El proceso investigativo se vio afectado por la no comparecencia de estas personas a las citaciones, y eso es parte de lo que se está litigando.
“Realmente, la buena fe se presume. Estas son personas que eran funcionarios públicos, que entendíamos iban a acatar las órdenes” DENISSE LONGO QUIÑONES SECRETARIA DE JUSTICIA
¿Carecía el Departamento de Justicia de otras vías, como emitir la orden en el estado de Florida?
—Realmente, la buena fe se presume. Estas son personas que (la mayoría) eran funcionarios públicos, que entendíamos iban a acatar las órdenes y que hubo conversaciones con sus abogados y se entendía que iban a comparecer. Se pueden utilizar múltiples formas para llegar a la propiedad. Usualmente, se usa la forma más razonable. Por eso, se tomó el procedimiento que se hizo, que prosperó con muchos otros participantes que cooperaron con la investigación. No prosperó con estas dos personas, quienes obstaculizaron el procedimiento investigativo.
Pero, ¿cualquier persona se puede negar a acudir a una citación sin consecuencias? o, ¿cuáles consecuencias habrá para Sánchez y Miranda?
—Aquí, se están llevando a cabo consecuencias. Aquí, hubo solicitudes de orden de desacato y se está litigando... Ese procedimiento está, ahora, bajo la jurisdicción del FEI. Ese es un caso muy importante para nosotros porque son las consecuencias de no acatar una citación. Estamos litigando el derecho del Estado de citar a las personas y requerirles que comparezcan. Hay un interés apremiante de política pública de hacer valer las citaciones del Departamento de Justicia en todas sus investigaciones. Por eso, le recomendamos al Panel del FEI que continúe con el procesamiento de ese caso.
En esta historia colaboraron David Cordero Mercado y Wilma Maldonado Arrigoitía.