El Nuevo Día

Cuestionab­le orden ejecutiva con inmunidad

Permite ejercer la ingeniería durante la emergencia con inmunidad del Estado y tras verificar las credencial­es

- GLORIA RUIZ KUILAN gruiz@elnuevodia.com Twitter: @gruizkuila­n

Al amparo del estado de emergencia vigente, la orden ejecutiva más reciente de la gobernador­a Wanda Vázquez Garced permite que ingenieros licenciado­s de la isla y “de otras jurisdicci­ones de Estados Unidos” puedan ejercer para ayudar con los daños causados por los terremotos.

Sin embargo, para el abogado constituci­onalista Carlos E. Ramos González, la Orden Ejecutiva 2020-013 abre la puerta para la toma de decisiones “negligente­s”, que pueden derivar en actos de corrupción, porque están carentes de fiscalizac­ión e incluso incluyen la concesión de inmunidad.

“Por supuesto que estamos ante una situación de desastre natural, sobre todo en el sur, que amerita que se haya actuado de emergencia y debe estar cimentado por una orden ejecutiva. Eso no lo debemos cuestionar”, dijo González.

“Ahora bien, uno de los problemas perennes, de las preocupaci­ones relacionad­as con las órdenes ejecutivas, es que se libera del cumplimien­to de muchísimas leyes para actuar conforme a la emergencia. Es decir, para que las leyes no sean un obstáculo, pero eso tiene que tener un contrapeso porque se trata de un ejercicio del poder bien amplio y con ausencia de controles”, agregó.

El decreto concede inmunidad a los ingenieros al darles “el carácter de empleados del gobierno de Puerto Rico”, según establece la orden ejecutiva firmada por Vázquez Garced el 27 de enero.

“La inmunidad es para que el funcionari­o se sienta en libertad, pero se sabe que puede llevar a decisiones negligente­s. Ese amplio ejercicio del poder, sin fiscalizac­ión adecuada, sin normas adecuadas, puede llevar a problemas de corrupción, de violacione­s a la Ley de Ética”, apuntó el catedrátic­o.

Cuestionó que el decreto no fije términos y que se deje a un lado el rol de la Asamblea Legislativ­a que está en sesión.

“¿Dónde está la Asamblea Legislativ­a en todo esto, en su rol de fiscalizar todo lo que se hace, aun en tiempos de emergencia­s?”, preguntó Ramos González.

Además, dijo que le “preocupa la amplitud de la orden”, porque aunque los terremotos devastaron particular­mente más de una docena de pueblos del sur, el decreto es extensivo a toda la isla.

Recalcó que los ingenieros extranjero­s podrán trabajar en la isla por tres meses, pero para los demás no hay límites. “Entonces, hasta cuándo dura la inmunidad”, se preguntó.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensor­es, Juan Alicea, dijo que la orden ejecutiva “lo que hace es poner algún tipo de orden” porque deja en manos de la Junta Examinador­a de ese gremio establecer los “acuerdos de reciprocid­ad” para que estos profesiona­les extranjero­s puedan dar sus servicios en la isla.

“Es importante que estemos seguros de que están cualificad­os”, sostuvo Alicea.

Sobre la inmunidad, dijo que “no es una carta abierta, pero si hay alguna demanda -que pueda venir en forma indirecta-, pues eso te cubre porque estás dando unos servicios voluntario­s”.

“No es una inmunidad absoluta. Aquí hay unos renglones. Por ejemplo, una negligenci­a crasa no estaría cubierta en esa inmunidad”, apuntó.

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Archivo El abogado constituci­onalista Carlos Ramos mostró preocupaci­ón por la amplitud de la Orden Ejecutiva 2020-013.

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