Cámara demandará para obtener informe
La secretaria de Justicia y el comisionado del NIE insistieron en que no pueden divulgarlo
La Cámara de Representantes se propone demandar al Departamento de Justicia y al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para que entreguen el informe preliminar en torno la investigación sobre el manejo del almacén del Negociado de Manejo de Emergencias en Ponce.
Así lo confirmó ayer el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien preside la la comisión especial que investiga la respuesta del gobierno a los terremotos.
“Esta investigación va a requerir a Justicia, so pena de desacato, a través del tribunal, la entrega del informe”, afirmó Rodríguez Aguiló.
Ayer, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, insistió en que la ley orgánica de la agencia que dirige y la jurisprudencia le impide hacer comentarios sobre investigaciones en curso, por lo que no puede expresarse sobre la pesquisa que realizara el NIE ni mucho menos entregar el informe.
El NIE, tras una investigación de 48 horas, refirió el 20 de enero el expediente de la pesquisa a Justicia y al secretario de Estado, Elmer Román. La titular de Justicia sostuvo que el informe del NIE “comprende información producto de gestiones investigativas confidenciales en curso por el Departamento de Justicia que no puede ser divulgada”.
Durante una vista ayer en la Cámara, se compartió una carta de Román, dirigida a la gobernadora Wanda Vázquez, el 20 de enero, en la que le indica que la pesquisa del NIE refleja que “no se siguió ese protocolo”, en referencia al plan conjunto operacional para atender emergencias, incluyendo la verificación de inventario de almacenes y su utilización como centros de distribución.
Román ha dicho que leyó el informe y solo verificó que estuviera completo. Pero también ha señalado que no recuerda detalles, aunque sí el dato de que no se identificó que el excomisionado del NMEAD haya cometido delito.
Sin embargo, el representante independentista Denis Márquez llamó la atención de que Román pasó juicio sobre el contenido del informe, a pesar de que el informe supuestamente es confidencial.
“Eso es una hoja de trámite en cuanto al informe”, dijo Longo Quiñones, al referirse a la carta. La funcionaria defendió ante la prensa la intervención de Román en el proceso al alegar que era el “representante de la gobernadora”.
Al presentar su ponencia ante la comisión cameral, Longo Quiñones sostuvo que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha reconocido la confidencialidad de la información obtenida en procesos investigativos -ya sea sobre pequisas administrativas o criminales-, y argumentó que el artículo 13 de la ley orgánica de Justicia le impide “divulgar información obtenida como parte de una investigación mientras la investigación esté en curso”.
Longo Quiñones insistió en que la jurisprudencia establece que, incluso a la Rama Legislativa, le aplica el texto de dicho artículo.
“Casi nos está haciendo una invitación a que radiquemos en el tribunal un pleito contra el Departamento de Justicia”, le dijo Rodríguez Aguiló. “Vamos a continuar con nuestro esfuerzo para que no se limite la investigación legislativa a tener acceso a un informe que se generó como una investigación administrativa y no criminal”.
“Nuestra interpretación es en cuanto a la confidencialidad de los procesos, lo que se desprende de la ley y el derecho aplicable y las decisiones de los tribunales”, le ripostó Longo Quiñones
“Aquí, hace falta transparencia y no la hay en este proceso que ustedes están llevando a cabo”
MARÍA MILAGROS CHARBONIER REPRESENTANTE DEL PNP
“Estamos trabajando arduamente para el cumplimiento de la ley en todo momento. Esta investigación no es la excepción”
DENNISE LONGO SECRETARIA DE JUSTICIA