Poco factible el pacto con los bonistas
Según la firma London Economics International, la AEE tendría que aumentar la tarifa todos los años para cumplir con sus obligaciones de deuda
Aunque el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) con ciertos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) establece un tope en el cargo de transición que pagarán los abonados, esa nueva partida en la factura de la luz contribuirá a que más clientes se desconecten de la red eléctrica, por lo que eventualmente habrá menos consumo de electricidad en Puerto Rico, según un análisis de la firma especializada London Economics International (LEI).
Esa reducción en la demanda eléctrica, según LEI, atentará contra la capacidad de la AEE para generar ingresos a mediano y largo plazo y, por ende, su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Ello, porque además de pagar a los bonistas, la AEE tendrá que hacer inversiones millonarias en la red eléctrica y asegurar el dinero que cobrará el operador privado de la red eléctrica que el gobierno interesa contratar.
Ante esa realidad, y de implementarse el RSA, los abonados de la AEE podrían estar destinados a pagar, en principio, entre 28 y 30 centavos el kilovatio hora (kvh) en Puerto Rico. Esa cifra se aleja considerablemente de la tarifa objetivo de 20 centavos que estableció la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) hace poco más de un año.
Pero aun si la AEE contrata un operador privado y lograra hacer cambios a la forma en que genera electricidad, esos ajustes o ahorros tampoco serán suficientes para hacer contrapeso al cargo de transición destinado a los bonistas.
Esos son los hallazgos principales del análisis efectuado por LEI, una firma especializada que ha asesorado a decenas de compañías eléctricas a nivel mundial, particularmente, sistemas en Hawái y Singapur. Luego de analizar el RSA de la AEE y otros documentos de la corporación pública, la firma concluyó que el acuerdo descansa en datos incorrectos y su impacto en los hogares y la economía de Puerto Rico será considerable.
Según LEI, al combinar esos factores, en lugar de que los abonados vean un aumento inicial de 2.7 centavos el kilovatio hora (kvh), según el acuerdo de reestructuración, la AEE tendría que aumentar su tarifa entre 2.9% y 5% cada año para cubrir el costo de generar y llevar electricidad a industrias, hogares y comercios en todo Puerto Rico.
De esta forma, en los primeros cinco años, según LEI, la tarifa eléctrica rondaría entre 27.8 centavos y 30 centavos por kvh. Pero también, a medida que pase el tiempo y la demanda eléctrica continúe bajando, hacia el año 2047, la AEE tendría que cobrar casi el doble de lo que ahora factura por kvh, lo que sería el equivalente a 65 centavos kvh a precios de hoy.
La semana pasada, la magistrada Judith Dein, con el aval de jueza Laura Tylor Swain, determinó que el informe comisionado por el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) debía salir a la luz pública.
Sin embargo, a pesar de sus conclusiones, nada del impacto económico del RSA será parte del análisis en el tribunal.
Esto, porque la corte ya había establecido los parámetros para analizar el RSA a la luz de la regla 9019 del Código de Bancarrota.
“El Informe LEI trata llanamente de asuntos macroeconómicos y de la viabilidad del plan, lo que el tribunal ha excluido repetidamente”, reza una moción de la JSF en la que se reitera que el reporte no será parte de la evidencia que evalúe el tribunal.
LA IMPORTANNCIA DEL RSA
De otra parte, desde la perspectiva de la JSF, el gobierno y la AEE, el acuerdo de reestructuración ante la consideración del tribunal representa más ahorros a la corporación pública que el acuerdo suscrito bajo la exoficial de reestructuración Lisa Donahue, de Alix Partners.
Además, para la corporación pública, el RSA es una pieza esencial para encaminar
“El Informe LEI trata llanamente de asuntos macroeconómicos y de la viabilidad del plan, lo que el tribunal ha excluido repetidamente”
JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL
“Los ahorros (para la AEE) y sus clientes que el gobierno estima al evaluar el RSA están sobreestimados”
JULIA FRAYER DIRECTORA GERENCIAL DE LEI
su transformación porque, al aclarar su posición financiera, la AEE tendría mayor flexibilidad para completar la contratación de un operador para la red eléctrica como interesa.
Ayer, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, indicó a este diario que la corporación pública analiza el informe para ofrecer una respuesta específica a los planteamientos de LEI.
¿CÓMO SURGE EL ESTUDIO?
El estudio de LEI fue comisionado por el UCC y lleva alrededor de tres meses en manos de la JSF, el gobierno y otras partes que intervienen en la bancarrota de la isla. Pero el extenso documento estuvo sellado, pues la JSF y el gobierno se oponían a su divulgación.
Aparte del UCC, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), que encomendó al sociólogo Héctor Cordero Guzmán analizar el impacto del RSA en los hogares puertorriqueños, también abogó por que el análisis de LEI se diera a la luz pública.
“Los ahorros para (la AEE) y sus clientes que el gobierno estima al evaluar el RSA están sobreestimados”, reza el informe suscrito por Julia Frayer, directora gerencial de LEI y con sobre 20 años de experiencia asesorando a utilidades eléctricas.
Según el informe, para realizar el estudio, LEI examinó el sector eléctrico en Hawái y ha analizado los sistemas de otras economías en islas como Curazao, Jamaica y Trinidad y Tobago.
El análisis de LEI se suma al preparado por Cordero Guzmán y análisis económicos efectuados por los economistas Ramón Cao y José Alameda. En trabajos separados, los estudiosos han concluido que el acuerdo hará mella en comercios e industrias y será muy adverso para las familias de bajos ingresos en la isla.
LOS SUPUESTOS DE LA AEE
En el informe, LEI parece deshacer todas las premisas que la AEE, el gobierno y la JSF han utilizado para defender el RSA que pagaría alrededor de 65 centavos de dólar.
En síntesis, LEI llega a dos grandes conclusiones. La primera conclusión de LEI es que el cargo de transición “acelerará y ampliará” los retos para la sostenibilidad del negocio de la AEE.
Y la segunda conclusión es que los supuestos utilizados por la AEE para el acuerdo son irreales o subestimados, por lo que la corporación pública tendría que aplicar otros aumentos para pagar por mejoras permanentes, incluyendo la conexión de sistemas de generación renovable.
Entre esos supuestos que están por verse, según LEI, están los fondos federales para reconstruir la red eléctrica. El plan fiscal de la AEE parte de la premisa de que el gobierno federal pagará el 90% de la reconstrucción de la red eléctrica, lo que a dos años y medio del huracán María, no ha sucedido.
Según LEI, si la AEE no recibe esos fondos, tendrá que levantar capital por sí mismo para mejorar la red eléctrica, lo que implicaría entre 0.7 centavos a 2.8 centavos por kvh.
El estudio de LEI se efectuó antes de que los sismos acontecidos al sur de la isla dejaran inoperante Costa Sur, una de las principales generatrices de la AEE.
“El plan fiscal certificado de 2019 continúa ignorando la premisa básica comercial de que los operadores privados del sistema de transmisión y distribución y de activos de generación requerirán un margen de ganancia razonable o (cobrar) ‘un cargo de administración’ por sus servicios”, destaca el informe de LEI.
Como resultado, LEI cree que la AEE no cumplirá con el precio objetivo de 20 centavos por kvh establecido por la JSF.
Ayer, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, reveló que solicitará a la JSF revisar el pacto con los bonistas de la AEE.
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