Una política balanceada ante el cambio climático
El cambio climático es una realidad en Puerto Rico, como lo evidencian la recurrente erosión costera y, más recientemente, la entrada del mar en comunidades del sur luego de los terremotos de principios de enero. Ante ese panorama innegable, resulta inaceptable la ausencia de un plan climático de país con propuestas concretas de manejo de riesgo, mitigación y adaptación.
El grupo de expertos designado especialmente para la elaboración de dicho plan no se ha reunido ni una sola vez. Ninguno de los últimos tres secretarios de Recursos Naturales y Ambientales —la agencia encargada de liderar este esfuerzo— lo ha convocado. La primera reunión se llevará a cabo el 28 de febrero, a partir de lo cual tendrá un año para entregarle sus recomendaciones a una comisión conjunta de la legislatura.
La lentitud de las autoridades de gobierno —principal responsable de la planificación, de la protección y del desarrollo del país— contrasta con la premura que parecerían aconsejar los hechos. El aumento en el nivel del mar y la intensificación de las marejadas —dos de las consecuencias más serias del calentamiento global— han motivado a la Junta de Planificación a extender las áreas susceptibles a inundaciones, sobre todo después del paso del huracán María. Es preciso velar por la protección de residencias, hoteles, aeropuertos, campos agrícolas y centrales generatrices, todos estos recursos de vital importancia.
Entretanto, a nivel global, se ha documentado que el calentamiento se produce mucho más rápidamente de lo previsto. Ello pone en entredicho la meta mundial de reducirlo a 1.5 grados centígrados. Las secuelas de un calentamiento sin los controles adecuados pueden ser devastadoras.
De cara a ese escenario, el tiempo apremia. El plan que finalmente desarrolle el grupo de peritos debe convertirse en una política pública que haga posible la puesta en marcha de acciones inmediatas encaminadas a reducir daños o, cuando no existan otras alternativas, facilitar la adaptación sobre bases sostenibles.
Conviene aprender de las experiencias en otros lugares, como Nueva York y Nueva Jersey, que atemperaron sus políticas de planificación y desarrollo a lo vivido a causa del golpe del huracán
Sandy. Esa proactividad, a su vez, fortalece el clima de inversión.
Controlar las edificaciones residenciales y comerciales en zonas inundables es tarea fundamental. Las políticas públicas para la mitigación del cambio climático, con balance entre la protección ecológica y el desarrollo sostenible, deben ser establecidas con firmeza y genuina proyección de futuro. Es vital evitar que con el paso del tiempo la situación se torne más compleja.
La confección del plan climático es también una oportunidad para convocar a un abanico de sectores para que aporten propuestas, desde la riqueza de sus perspectivas, a un genuino proyecto de país. Académicos, científicos, empresarios, líderes comunitarios, artistas y otros ciudadanos pueden contribuir de manera significativa a una gestión que las futuras generaciones agradecerán.
No menos importante, una vez trazado el camino a seguir, es imprescindible comunicarlo con responsabilidad y transparencia al país. Las reglas deberán estar claras para todos, lo que debería ayudar a su puesta en vigor.
La tarea que tiene ante sí el grupo de expertos sobre el cambio climático es de carácter histórico. En sus manos está la responsabilidad de marcar la ruta que Puerto Rico seguirá ante un desafío de magnitud global.
La urgencia de recomendaciones dirigidas a establecer una política de gobierno debe ser balanceada con la sabiduría basada en evidencia científica. Su respuesta se situará —así lo esperamos— a la altura del reto que enfrenta. Nuestro futuro así lo exige.