Menores “mulas” de droga
Recuerdo una conversación de hace unos años con un exgobernador, durante la cual diferíamos sobre cuánto se debe “inmiscuir” el gobierno en los hogares de sus ciudadanos. El gobernador decía que el gobierno se debe “meter” lo menos posible, si algo. Yo, por mi parte, sostuve y sostengo que, lo menos posible, pero lo necesario para proteger a los menores de esos hogares.
Es ampliamente conocida la doctrina de la obligación y responsabilidad del gobierno para con los menores en nuestra sociedad. La doctrina de “parens patriae” establece de forma clara que el Estado viene obligado a adoptar las medidas que son necesarias para proteger el bienestar y los mejores intereses de nuestros menores, incluyendo la limitación de los derechos de los padres.
También recuerdo haber tenido una conversación con una representante del gobierno federal durante la cual le solicitaba que se evaluara la posibilidad de presentar cargos criminales por trata humana contra los acusados en casos de tráfico de drogas. Me explico. En el primer estudio de la Fundación Ricky Martin sobre la trata humana, publicado en enero de 2010, aparece por escrito, entiendo que por primera vez, lo que muchos habíamos escuchado y hasta las autoridades habían aceptado: los puntos de droga utilizan a los menores de edad, muchos en calidad de “runners” o para entregar las drogas a los clientes. Ante el principio de Derecho de que los menores no pueden consentir hacerlo, esta práctica constituye trabajo forzado o explotación laboral. La ley federal sobre la trata humana, y de hecho la nuestra también, establece el trabajo forzado como una de las modalidades y lo castiga con una sentencia concurrente. O sea, de las autoridades federales haber accedido a mi petición, la posible sentencia de años adicionales a la sentencia por el tráfico de drogas y a ser servidos de manera concurrente, que comienza luego de que el convicto termina de servir la primera, hubiese enviado un mensaje contundente a estos criminales.
La semana pasada Puerto Rico fue testigo de hechos inconcebibles. En el Residencial Santiago Iglesias en Ponce, un niño de cuatro años fue víctima de la criminalidad, cuando resultó herido de balas en un tiroteo, que le costó la vida a un hombre. Al ser llevado al hospital, se encontraron bolsas de droga escondidas en la ropa del menor. En la cartera de la abuela de este niño también había bolsas de droga. Nada se sabe del papá del menor y las autoridades no han podido ubicar a la mamá del chico.
El uso y tráfico de drogas es un problema de muchas sociedades, entre ellas la nuestra. Este problema impacta, no solo a los que están directamente involucrados, sino a víctimas inocentes. ¿Qué mejor muestra que las ocasiones en que Puerto Rico ha sido testigo de víctimas inocentes que han muerto como resultado de tiroteos en medio de nuestras calles, entre miembros de gangas enemigas participantes del tráfico de drogas? Pero aún más doloroso, ¿qué mejor muestra que la situación con este chico que, además de ser víctima de un tiroteo provocado por la lucha por el control del tráfico de drogas, estaba siendo utilizado por sus familiares como “mula” para ese mal de nuestra sociedad?
Pregunto si ya no es hora de que, tanto el gobierno de Puerto Rico como el gobierno federal, actúen ante esta inaceptable, injusta y abusadora práctica de usar a nuestros menores. Es momento de enviar un mensaje contundente de protección de nuestros menores a todo aquel que los utilice para lucrarse en ese mundo del negocio de las drogas, muy en especial cuando son parte de la familia que viene llamada a protegerlos.
“Los puntos de droga utilizan a los menores de edad, muchos en calidad de “runners” o para entregar las drogas a los clientes”