JUEZA SWAIN propina un revés para los municipios al anular la Ley 29
Concede tres semanas al Estado y a la Junta de Supervisión Fiscal para buscar opciones que proporcionen fondos a los municipios
En lo que será un nuevo reto fiscal, los gobiernos municipales tendrán que volver a pagar el retiro (PayGo) y el plan de salud de sus empleados, luego que la jueza federal Laura Taylor Swain anuló la Ley 29 de 2019, que eximía a los ayuntamientos de esas obligaciones.
Con su determinación, divulgada ayer, la jueza Swain dejó también sin efecto 23 medidas que transfirieron fondos no utilizados a decenas de municipios.
“La Ley 29 y las resoluciones conjuntas son declaradas inaplicables y dejadas sin efecto”, lee la decisión de 33 páginas emitida por la jueza.
De esta forma, Swain acogió los argumentos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que impugnó el estatuto, al alegar que era inconsistente con el plan fiscal certificado.
La jueza concedió tres semanas al gobierno y los miembros de la JSF para que lleguen a un acuerdo respecto a la falta de fondos para los municipios y cómo revertir las decisiones tomadas al amparo de Ley 29.
La nulidad de la Ley 29, aprobada bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, podría dejar insolventes a 35 municipios si se considera a aquellos cuyos presupuestos dependen en más de un 70% del Fondo de Equiparación, un pote de dinero distribuido entre los ayuntamientos que es administrado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Ese fondo, según el primer plan fiscal certificado, debió desaparecer para el 2024.
La Ley 29 revivió ese Fondo de Equiparación
del que se benefician mayormente municipios medianos y pequeños. El CRIM deberá hacer ahora ajustes tras el fallo judicial porque las remesas fueron distribuidas mensualmente a los municipios basándose en la existencia de la Ley 29.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf ), Omar Marrero, dijo ayer que evalúan, junto al equipo legal, la estrategia a seguir. “Retomaremos las negociaciones de buena fe con la JSF para tratar de llegar a un acuerdo”, indicó por escrito.
El abogado Rolando Emmanuelli recalcó que la decisión de la jueza es retroactiva, “pero hay que esperar que sea final, que será el 6 de mayo, de acuerdo con las tres semanas que concede Swain al gobierno y a la Junta para alcanzar un acuerdo”. “Hay que ver si el gobierno va a apelar. Eso extendería el tiempo de gracia que tienen los municipios”, sostuvo.
Pese a que fue solicitada, la JSF no reaccionó a la determinación de Swain.
José “Josian” Santiago, alcalde de Comerío, uno de los municipios más impactados con la decisión, dijo que la anulación de la Ley 29 implica un recorte de 66% de los fondos que recibe el ayuntamiento.
“Nos deja inoperantes, en una condición de tener que suspender empleados o cerrar operaciones. Es un golpe fuerte”, apuntó Santiago.
El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, explicó que el fallo impacta a su municipio de forma dual porque deberá sacar $8 millones del presupuesto municipal para pagar el PayGo y el plan de salud del gobierno y, además, tendrá buscar de dónde salen $14 millones que ya no aportaría su pueblo al Fondo de Equiparación para ayudar a otros municipios. “Tengo que hacer ajustes”, afirmó.
Ayer mismo, se planificaba una reunión entre las partes, adelantó el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina. “La economía está detenida totalmente, así que una noticia como esta es devastadora y desalentadora para todos los municipios. Nos vamos a reunir a buscar alternativas”, anticipó.
Molina y el presidente de la Asociación de Alcaldes, José “Joe” Román, dijeron que una de las alternativas que sigue sobre la mesa, pues la presentaron a la JSF hace más de un año, es que se le permita al Estado redistribuir $120 millones de aportaciones que hacen los municipios al gobierno central para el pago de deuda pública. Se trata del 1.03% de los fondos que reciben por el pago del impuesto a la propiedad mueble e inmueble para que el gobierno pague su deuda, lo que no hace hace tres años.
Pero esos $120 millones serían insuficientes, según han reconocido los alcaldes.
“Esto (la decisión) es algo que era de esperarse. Es un golpe adicional a lo poco de gobierno propio que le queda a Puerto Rico”
ROLANDO EMANUELLI ABOGADO