Carlos Díaz Olivo: La responsabilidad es de la gobernadora
Cuando la gobernadora Wanda Vázquez implantó, antes que ninguna jurisdicción en Estados Unidos, un cierre de operaciones privadas y gubernamentales, su manejo de la amenaza a la salud que el COVID-19 representaba fue ampliamente elogiado. En solo un mes, sin embargo, su administración ha hecho humo denso lo positivo que su iniciativa temprana había generado. Veamos los hechos que han provocado este cambio.
El gobierno entró en arreglos con ciertas empresas para adquirir pruebas para detectar el COVID-19. Una de las entidades reclutadas compraría las pruebas en Australia por un $38 millones, de los cuales el gobierno adelantó $19 millones.
Algunas pruebas llegaron, pero no se entregaron ni distribuyeron con el conocimiento y aprobación de la autoridad máxima en el Departamento Salud. Las pruebas de Australia nunca llegaron. Se informó que el contrato se canceló porque no cumplían con las regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Luego, se aduce que el arreglo se canceló porque el suplidor no entregó las pruebas a tiempo. Posteriormente nos enteramos de que fue el banco donde se hizo el depósito por el suplidor el que paralizó la transacción, mientras las autoridades federales intervenían, pero nadie sabe ni cómo ni cuándo.
Surge también que Juan Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, reclutó a una empresa de nombre Apex, sin experiencia en la distribución de este tipo de suministro para comprar pruebas. La transacción se aprobó sin la participación de la secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones, quien renuncia a su cargo porque fue excluida de la discusión de asuntos de su agencia y porque desde La Fortaleza se le instruyó que tenía 20 minutos para firmar un contrato, a pesar de que tenía reparos con sus disposiciones. Quiñones reveló que separó de su puesto de confianza a Mabel Cabezas, a quien identifica como la persona que emitió una contraorden respecto al recibo y distribución de ciertas pruebas. Cabezas, sin embargo, fue rescatada de inmediato y colocada en un puesto en La Fortaleza.
La gobernadora interviene y asevera que no sabía nada, ni nada tuvo que ver con este asunto. Afirma que no hubo un contrato sino una “orden de compra” y por eso no buscó la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.
En una vista cameral, tres funcionarias del Departamento de Salud confirman que la transacción australiana se tramitó y desarrolló sin la autorización de la doctora Quiñones. Se confirma que quien firmó y autorizó la transacción fue Adil Rosado Rivera. Se dice que la orden de las pruebas se hizo por recomendaciones de dos médicos, miembros del Task Force de salud, aunque había cotizaciones más bajas de otras empresas.
Para enredar más las cosas trascendió que la empresa australiana a la que se comprarían las pruebas no había recibido ninguna orden, ni había llegado a ningún acuerdo para suministrar esos productos a Puerto Rico.
De los hechos se derivan las siguientes conclusiones: 1-Una persona sin formación en el campo de la salud y sin trayectoria profesional destacada, controlaba y dictaba qué hacer en el Departamento de Salud. 2-Esa persona, con otras en La Fortaleza, privaron en la práctica a la titular de Salud de su autoridad en ley. 3-Maldonado, quien no es funcionario público, monta un tinglado en el que recluta a una empresa privada y su gestión es tan efectiva que el gobierno aprueba una “orden de compra” por $38 millones e ipso facto se le desembolsan a esa empresa $19 millones. 4-La “orden de compra” y el desembolso millonario se hizo de espaldas a la autoridad máxima de Salud. 5-El precio de las pruebas es excesivo, considerando las particularidades del mercado actual. 6- Personas en el círculo íntimo de asistentes de la gobernadora intervinieron para hacer posible este arreglo. 7- Las pruebas nunca llegaron y el país ha sido incapaz de desarrollar una estrategia confiable centrada en la incidencia real del COVID-19 en Puerto Rico.
En conclusión, es obvio que este tinglado no sirve al interés público. Mientras seguimos sin las pruebas mínimas que necesitamos para combatir de manera efectiva la pandemia. La gobernadora y el Task Force médico están bajo fuego, cuestionados en su credibilidad.
La pregunta crucial es: ¿quién tiene la responsabilidad final sobre lo ocurrido? No es Juan Maldonado. Tampoco Mabel Cabeza, ni Adil Rosa, ni los doctores Segundo Rodríguez y Juan Salgado. ¿Dónde termina la cadena de responsabilidad y quién tiene la decisión final en nuestro sistema constitucional de gobierno? La contestación es obvia. En nuestro sistema constitucional, la autoridad máxima y con la responsabilidad final, recae sobre el Gobernador de Puerto Rico. Por consiguiente, gobernadora Wanda Vázquez ¿qué ha pasado aquí y a quién se va a imponer responsabilidad por lo acontecido?