Pandemia pone en jaque el futuro de las aseguradoras, y con ellas, el sistema de salud
● Aunque en Puerto Rico, el número de contagios es bajo, sin acciones asertivas, la cuarentena puede traer una crisis de servicios y monetaria
Aunque la orden de cierre de negocios y toque de queda parece ser efectiva contra la propagación del COVID-19, la decisión ha causado un disloque en la prestación de servicios de salud en la isla, una situación que -sin medidas correctivas- podría afectar la capacidad de las entidades y proveedores para atender a pacientes con condiciones crónicas o restaurar la continuidad de los servicios más allá de la emergencia.
En entrevista con El Nuevo Día, ejecutivos de dos planes médicos anticiparon que la emergencia creada por el coronavirus afectará, en el futuro cercano, los ingresos de proveedores y podría poner a prueba la capacidad de estos para atender a los pacientes, una vez estos decidan regresar al consultorio médico, el dentista o los laboratorios.
“Tenemos dos crisis, una de salud por la pandemia y la crisis económica que esto ha causado, pero también hay una posibilidad de que acabemos con una tercera, la descompensación de pacientes con condiciones crónicas si durante este período de cierre, esas personas no reciben los servicios”, sostuvo Roberto García,
principal oficial ejecutivo de Triple-S Management (NYSE:GTS).
“La demanda de servicios ha disminuido”, dijo por su parte Raúl Montalvo Orsini, principal oficial ejecutivo de MSO of Puerto Rico, parte de MMM Holdings, al explicar que las visitas a oficinas médicas y proveedores de servicios que se consideran “selectivos” han disminuido “significativamente”.
Según Montalvo Orsini, el gobierno decretó la cuarentena temprano en el proceso porque era evidente que Puerto Rico no tenía la infraestructura para atender un cuadro masivo de contagios.
“Se sabía que había pocos recursos, poca capacidad de pruebas, no había suficientes ventiladores o camas de intensivo y con una capacidad reducida de recursos financieros. Hemos tenido sobre 900 casos confirmados, si el 1% de la población hubiese tenido el COVID-19, 600 camas de intensivo y 1,000 ventiladores no habrían no hubiesen sido suficientes. Por eso, la opción más razonable fue prevenir el contagio”, dijo Montalvo.
Pero acto seguido, coincidieron García y Montalvo, no quedó otra alternativa que auxiliar al ecosistema de salud técnica y financieramente hablando.
De acuerdo con ambos ejecutivos, la autorización de la telemedicina ha dado continuidad a ciertos servicios, lo que a su vez, ha permitido que los proveedores continúen recibiendo ingresos. La misma lógica dio paso a los servicios de entrega de recetas médicas a domicilio.
“Lo primero que hicimos fue procurar que los asegurados tuvieran acceso y desde antes de que entraran los reguladores, hemos mantenido el flujo de efectivo a los proveedores”, dijo García.
Los grupos primarios, agregó el ejecutivo, continúan recibiendo sus pagos según el modelo de capitación negociado.
Mientras, según Montalvo, en otras instancias MSO y sus contrapartes se han visto precisados a otorgar adelantos de efectivo para asegurar la “subsistencia” de los proveedores.
“En esos casos, se establece una especie de recobro gradual por servicios prestados, pero tal vez, si esta situación continúa, habrá que contemplar alguna condonación, con prudencia, para mantener la viabilidad”, admitió Montalvo.
AYUDA DIRECTA A PROVEEDORES
Al presente, según Juan José Román, principal oficial financiero de GTS, la facturación de la mayor parte de los proveedores -y por ende, el pago de reclamacionesse ha mantenido estable. Pero reconoció que luego de este mes, el efecto del encierro se hará evidente en los libros de los proveedores.
Llegado ese momento, según García y Montalvo, la única alternativa viable será tomar partido del paquete federal de $2.2 trillones aprobado en el Coronavirus Aid Relief & Economic Stability (CARES) Act, que busca hacer contrapeso a la pandemia.
En dólares y centavos, el plan federal contempla unos $150,000 millones para apoyar al sector de salud y de esa cifra, unos $30,000 millones pueden ser ayudas directas para proveedores en Estados Unidos y territorios como Puerto Rico.
Tanto Triple-S como MSO comienzan a entender el alcance del CARES Act para ayudar a que los proveedores puedan solicitar y recibir la ayuda federal disponible.
Pero tanto García como Montalvo subrayaron que en esta ocasión, lograr que ese dinero federal esté disponible y beneficie al sector de la salud y por ende, a la economía, requerirá de un esfuerzo concertado desde el sector privado y en el cual, dijeron estar dispuestos a colaborar.