Bajo examen otra transacción
El legislador Juan Oscar Morales también mira la venta de pruebas por la empresa 313 LLC
La compra de 101,500 pruebas rápidas de COVID-19 a la empresa 313 LLC, por parte del Departamento de Salud, también es objeto de la investigación que realiza la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, aseguró ayer el presidente de ese organismo, Juan Oscar Morales.
313 LLC, que tampoco tiene experiencia en el manejo de productos médicos, hizo dos ventas de 1,500 y de 100,000 pruebas al Departamento de Salud el 20 y el 24 de marzo. La primera venta fue por $36 por prueba y la segunda por $45. El total de ambas fue de $3.6 millones. 313 LLC recibió un adelanto de 60% por el negocio.
Ambas ventas se hicieron apenas unos días después de que el 18 de marzo 313 LLC, cuyos directivos tienen estrechos vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP), cambiaron sus propósitos corporativos en el registro de corporaciones del Departamento de Estado para agregar el área de productos médicos.
Diversas fuentes aseguran a El Nuevo Día que el costo de las pruebas NOVA que 313 LLC vendió al gobierno es mucho menor del precio cobrado por la empresa.
Al momento de estas dos transacciones, las pruebas no habían sido autorizadas por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para ser usadas en Puerto Rico. Esa autorización se concretó el 7 de marzo.
El nombre de la empresa 313 LLC surgió durante la primera vista ejecutiva de la Comisión de Salud, que investiga irregularidades en las compras de pruebas de coronavirus, cuando la ex secretaria interina de Salud Concepción Quiñones dijo que las órdenes de las dos compras le llegaron ya preparadas solo para que ella las firmara.
“Ella (Quiñones) dice para récord que el problema principal que estaba ocurriendo es que le llegaban las órdenes de compra preparadas. Ella las firmaba”, dijo el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández, quien aclaró que le exfuncionaria no se refirió a una orden de compra en específico.
El Nuevo Día supo que Quiñones señaló a Adil Rosa, exsubsecretaria de Administración de Salud, como la persona que le notificó sobre las dos órdenes.
Quiñones ha dicho a varios medios, incluyendo a El Nuevo Día, que Rosa coordinó esas transacciones con alguien en La Fortaleza, que ella no ha identificado. Pero, en la vista ejecutiva, denunció que fue supuestamente intimidada por Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación, para que firmara “todas” las órdenes de compra que le llegaran.
Rosa comenzó a declarar ante la Comisión el martes, pero cuando empezó a entrar en contradicciones se le permitió pausar para evaluar si solicita inmunidad. Rosa dará a conocer hoy, en la mañana, si solicitará inmunidad, un mecanismo legal que la protegería de ser acusada, a nivel estatal, de delitos que pudiera reconocer en el curso de su testimonio.
Hasta ahora, las vistas han girado en torno al contrato de $38 millones para un millón de pruebas que se le dio a Apex General Contractors, una pequeña empresa de construcción que no pudo cumplir su compromiso con el gobierno, a pesar de que se le adelantaron $19 millones.
Pero Morales asegura que el tema de 313 LLC también será examinado.
“Deja que siga la investigación. No pude terminar ayer”, dijo Morales. “Me quedan de siete a ocho órdenes de compra adicionales que tengo reservas en cuanto a cómo se hicieron”, agregó.
Morales ha enfrenado críticas públicas desde que decidió detener la vista, el martes en la noche, para darle espacio a Rosa para que decidiera si quiere solicitar inmunidad. Legisladores de oposición han dicho que debió cerrar la vista al público, en ese momento, y escuchar en vista ejecutiva qué ella diría si tuviera inmunidad.
“Respeto la opinión de cada cual, pero no lo comparto. Hicimos lo que entendimos fue lo correcto y puede que esas personas no tengan todos los elementos suficientes para saber hasta dónde hemos llegado con la investigación”, sostuvo.
“Tenemos mucha información y eso que dicen que puede cuadrar su testimonio, ojo con eso porque tengo mucha información con que la puedo confrontarla a ella o a cualquier otra persona que trate de mentirle a la Comisión”, afirmó.
Morales defendió su decisión de decretar un receso al señalar que no quiere “violentarle los derechos a un testigo”.
“Eso podría afectar nuestra investigación”, dijo.
Morales no quiso opinar sobre si los doctores Segundo Rodríguez Quilichini y
Juan Salgado deben permanecer en el grupo asesor médico de la gobernadora
Wanda Vázquez Garced, a pesar de que varios testigos en las vistas los han señalado tomando decisiones sobre el uso de más de $40 millones en dudosas compras de pruebas Covid-19.
Esas determinaciones de compra y de movimiento de pruebas de Covid-19 fueron tomadas a espaldas de Quiñones. “Eso (el futuro de Rodríguez Quilichini y Salgado) no le corresponde a la Rama Legislativa. No nos corresponde decidir o evaluar dónde cada persona va a estar”, dijo.
“Me quedan siete a ocho órdenes de compra que tengo reservas en cuanto a cómo se hicieron”
JUAN OSCAR MORALES PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CAMERAL DE SALUD
“(A las Quiñones), órdenes de le compra llegaban preparadas. Ella las firmaba”
RAFAEL “TATITO” HERNÁNDEZ PORTAVOZ DE LA MINORÍA DEL PPD EN LA CÁMARA