Serias dudas ensombrecen la gestión gubernamental
El cuadro es muy preocupante. Una gestión salubrista gubernamental aún limitada que no parece corresponder al sacrificio social y económico de la población. Y serias alegaciones de favoritismo en la adjudicación de contratos inflados para la adquisición d
El pueblo de Puerto Rico requiere respuestas directas de la gobernadora Wanda Vázquez ante ese panorama frustrante. Debe informar con transparencia el estado de los trabajos para contener el virus. Y aclarar las serias dudas posadas sobre los procesos adjudicativos de fondos, y su efecto en el esfuerzo para proteger a Puerto Rico de una catástrofe sanitaria mayor.
El gobierno es responsable de asegurar el número suficiente de pruebas, ventiladores y camas de hospital para que el país esté equipado para frenar el COVID-19. Esas y otras gestiones salubristas, como el distanciamiento social y la higiene, son indispensables para la recuperación gradual de la cotidianidad. Ese es el camino para evitar que se agudice el cierre de talleres de trabajo y el declive de la economía.
Son serias las alegaciones que implican a miembros del Task Force en procesos concernientes a la contratación de empresas inexpertas en asuntos de salud y con vínculos políticos, para la compra de pruebas a precios excesivos. El brazo salubrista del esfuerzo para salvar vidas tiene que estar libre de toda sombra sobre sus recomendaciones. Corresponde a la mandataria asegurar que así sea, tomando las medidas requeridas, en defensa del interés público.
La desmoralización del pueblo es un precio que nuestro país no debe pagar. La población cumple su parte para evitar los contagios, en un distanciamiento social que a muchos les dificulta buscar el sustento familiar.
Una vez más, el país se agobia e indigna ante escándalos que le hacen perder la fe en las instituciones públicas. Es preciso esclarecer las alegaciones y que los responsables asuman las consecuencias que aplicasen.
Ha pasado una semana desde la última comparecencia de Vázquez
ante periodistas, la cual no despejó las dudas sobre los procesos mediante los cuales el gobierno se dispuso a adquirir equipo indispensable como pruebas y ventiladores. A un mes de impuesto el primer y necesario toque de queda para mitigar contagios, los puertorriqueños han pagado ya un alto costo económico, social, familiar y mental mientras esperan por respuestas claras que merecen del gobierno.
El secretario de Salud, Lorenzo González, reconoció ayer que, tras la transacción fallida, ahora eje de múltiples investigaciones, no se han hecho nuevas gestiones para adquirir más pruebas. Solo se cuenta con 200,000 compradas en otro proceso, también bajo revisión y pesquisa. Informó que, por otras vías, el sector privado gestiona sus propias pruebas. Mientras, en un mes, Puerto Rico tiene apenas menos de 10,000 pruebas realizadas sin que el gobierno tenga detalles de cientos de casos positivos, que le permitirían rastrear y aislar potenciales focos de contagio en ese periodo.
Las autoridades sanitarias internacionales han reiterado que, como medida única, el distanciamiento social no es efectivo. Se necesita detectar con pruebas y encapsular con rastreo los riesgos para mitigar la propagación. De esto depende la recuperación gradual de las actividades productivas que permitan a todos generar fuentes de ingreso.
Puerto Rico necesita datos sobre la realidad de la pandemia en la isla que le permitan planificar y tomar decisiones domésticas y de negocios. Necesita confiar en que la única prioridad de las autoridades que manejan la emergencia es salvar vidas.
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