Buscan remedios ante nulidad de la Ley 29
Ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), hay una propuesta de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que pretende proveer un remedio provisional ante la nulidad de la Ley 29 de 2019, que eximía a los municipios de su aportación al plan de salud del gobierno y al pago del retiro.
La propuesta busca que el gobierno central asuma esos pagos los próximos cuatro años con dinero que ya posee. En específico, consiste en que el gobierno use más de $500 millones en sobrantes de fondos de Medicaid, que están en Hacienda, para cubrir el 86% del costo del plan de salud del gobierno y que asuma, de otra partida, el 14% restante, explicó el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Javier Carrasquillo.
También pidieron a la JSF que, por los próximos cuatro años, se use el dinero que aportan los ayuntamientos al Estado para el pago de la deuda del gobierno central, agregó Carrasquillo.
Esta retención representa $120 millones anuales, y los alcaldes abogan por que, a esa cantidad, se sumen otros $132 millones que tiene Hacienda y que forman parte de la reducción en transferencias a los municipios que debía proceder a tono con el plan fiscal.
Con todo ese dinero, los alcaldes buscan garantizar el funcionamiento de sus pueblos ante la nulidad de la Ley 29. Esto, explicó Carrasquillo, daría un respiro a los municipios y les permitiría preservar el Fondo de Equiparación en el CRIM, que -mediante remesas- nutre a los municipios con menos recursos económicos.
“En lo que articulamos una solución permanente a esta situación, estamos haciendo este reclamo porque estamos en una situación extremadamente difícil”, dijo Carrasquillo, al recordar que, a causa del COVID-19, han mermado más los ingresos municipales.
Hasta el momento, la JSF no se ha expresado sobre la propuesta. Ayer, tampoco este medio recibió respuesta del ente a cargo de las finanzas de la isla. Luego que la jueza federal Laura
Taylor Swain declaró nula la Ley 29, el gobierno y la JSF tienen hasta el 6 de mayo para llegar a acuerdos.