El Nuevo Día

Buscan remedios ante nulidad de la Ley 29

- GLORIA RUIZ KUILAN gruiz@elnuevodia.com Twitter: @gruizkuila­n

Ante la Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF), hay una propuesta de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudació­n de Ingresos Municipale­s (CRIM) que pretende proveer un remedio provisiona­l ante la nulidad de la Ley 29 de 2019, que eximía a los municipios de su aportación al plan de salud del gobierno y al pago del retiro.

La propuesta busca que el gobierno central asuma esos pagos los próximos cuatro años con dinero que ya posee. En específico, consiste en que el gobierno use más de $500 millones en sobrantes de fondos de Medicaid, que están en Hacienda, para cubrir el 86% del costo del plan de salud del gobierno y que asuma, de otra partida, el 14% restante, explicó el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, Javier Carrasquil­lo.

También pidieron a la JSF que, por los próximos cuatro años, se use el dinero que aportan los ayuntamien­tos al Estado para el pago de la deuda del gobierno central, agregó Carrasquil­lo.

Esta retención representa $120 millones anuales, y los alcaldes abogan por que, a esa cantidad, se sumen otros $132 millones que tiene Hacienda y que forman parte de la reducción en transferen­cias a los municipios que debía proceder a tono con el plan fiscal.

Con todo ese dinero, los alcaldes buscan garantizar el funcionami­ento de sus pueblos ante la nulidad de la Ley 29. Esto, explicó Carrasquil­lo, daría un respiro a los municipios y les permitiría preservar el Fondo de Equiparaci­ón en el CRIM, que -mediante remesas- nutre a los municipios con menos recursos económicos.

“En lo que articulamo­s una solución permanente a esta situación, estamos haciendo este reclamo porque estamos en una situación extremadam­ente difícil”, dijo Carrasquil­lo, al recordar que, a causa del COVID-19, han mermado más los ingresos municipale­s.

Hasta el momento, la JSF no se ha expresado sobre la propuesta. Ayer, tampoco este medio recibió respuesta del ente a cargo de las finanzas de la isla. Luego que la jueza federal Laura

Taylor Swain declaró nula la Ley 29, el gobierno y la JSF tienen hasta el 6 de mayo para llegar a acuerdos.

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