Documentos revelan su intervención
Las hojas de anotaciones de los encuentros del grupo asesor muestran detalles sobre su injerencia en la compra y distribución de pruebas de diagnóstico
La hoja de anotaciones sobre una reunión que sostuvo, el 27 de marzo, el “task force” médico revela la participación directa de miembros de ese grupo, tanto en la distribución de pruebas de COVID-19 como en la compra de materiales, incluidos respiradores, equipo de protección personal y test del novel virus.
El documento de una hoja de extensión, al que tuvo acceso El Nuevo Día junto a anotaciones de otros 10 encuentros, alude a la fallida compra de un millón de pruebas rápidas por $38 millones a la compañía Apex General Contractors y cómo llegarían al país el 1 de abril. La orden de compra, sin embargo, establecía que las pruebas arribarían el 31 de marzo.
Independientemente de la diferencia en las fechas, ese objetivo resultó ser irreal, ya que la empresa, que hasta mediados de marzo solo se dedicaba a la construcción, no tenía una relación contractual con el suplidor de las pruebas rápidas.
Varios testigos que han comparecido ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, como la ex secretaria auxiliar de Administración de Salud Adil Rosa, han señalado al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del “task force” médico, como la persona que presuntamente autorizó la compra de Apex General Contractors en momentos en que Concepción Quiñones de Longo dirigía el Departamento de Salud.
Rodríguez Quilichini está citado a comparecer hoy ante el organismo legislativo, junto a otros miembros del grupo creado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para asesorar en la emergencia. Al cierre de esta edición, no había confirmado, ni a la comisión cameral ni a este medio, si acudiría.
El “task force” sometió a la Cámara las hojas de anotaciones, pero no entregó las de las reuniones del 24 de marzo y 26 marzo. El 26 corresponde a la fecha en que llegó al acuerdo con Apex General Contractors. También fue el mismo día en que renunció Quiñones de Longo.
El grupo ha identificado al doctor William Méndez como la persona encargada de levantar las anotaciones, pero el galeno ha rechazado que se trate de minutas de los encuentros, sino “apuntes informales” que no se han circulado entre los demás integrantes para su aprobación.
El documento del 27 de marzo consigna, además, que se haría una llamada de conferencia, al mediodía, relacionada con otra compra de pruebas. “Para ver si recomendamos la compra (de) un ‘rapid molecular test’”, lee el documento.
Durante vistas públicas, el presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales, ha querido demostrar con múltiples testimonios que médicos del grupo especial de trabajo tuvieron -o todavía tienenpoder de decisión en este tipo de transacción. El representante ha insistido en que esa función debería recaer en la jefatura del Departamento de Salud.
Morales también ha querido probar que figuras de La Fortaleza igualmente han tenido poder decisión o, al menos, han sido mantenidas al tanto de compras millonarias en Salud. Testimonios bajo juramento apuntan a que la transacción de $38 millones se hizo a espaldas de Quiñones de Longo.
Bajo el reglón de compras, la hoja de anotaciones también muestra que se había ordenado la adquisición de 287 respiradores: 47 categoría C3 y 240 categoría C1. También se menciona la fecha de entrega de los C3 y que los C1 llegarán “paulatinamente”. Además, establece que hay 713 “compras (de respiradores) tramitándose” y 2,000 órdenes en “proceso” divididas en 1,000 con la empresa Medtronics y 1,000 con Puerto Rico Sales & Medical Services. “Se están explorando otros suplidores”, se lee en el documento, que incluye el logo del “task force” médico.
En la hoja del 27 de marzo, se da cuenta de que el 1 de abril se recibirían batas de protección personal, equipo de protección para el rostro y mascarillas. Además, que se decidió cambiar una orden de un millón de unidades de equipo protector personal (PPE, en inglés) a tres millones.
Las anotaciones de la reunión del 1 de abril precisan que el doctor Juan Salgado “presenta recomendaciones de compra” de pruebas a la empresa Maitland 175. Esa adquisición resultó ser de 200,000 pruebas, a un costo de $5.2 millones.
El protocolo de funciones del “task force”, aprobado el 2 de abril, establece que sus miembros no realizarán cotizaciones de ningún equipo o material, no atenderán propuestas de vendedores, no participarán en la selección de vendedores ni en las negociaciones de precio y no participarán en órdenes de compra. El documento dispone que podrán hacer recomendaciones sobre el volumen de necesidad de equipo a base de proyecciones epidemiológicas y el inventario actual.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara no le da peso a ese documento reglamentario, al no estar firmado. Morales, en cambio, le da importancia a la Orden Ejecutiva 2020-26, que creó el grupo médico asesor. Ese estatuto limita el curso de acción del grupo médico a realizar estudios, investigaciones y planes estratégicos para manejar la emergencia de COVID-19, como estudios de contagio y estudios de prevalencia.
Además, establece que el “task force” brindará asesoría a la gobernadora y al secretario de Salud sobre la toma de decisiones de política pública y dará apoyo al titular de la agencia “sobre todo aquello necesario para la respuesta adecuada” al COVID-19.
LAS 500 PRUEBAS DE QUEST
En la hoja del 27 de marzo, se alude también a la distribución realizada un día antes de 500 pruebas adquiridas al laboratorio Quest y cuya entrega al gobierno fue desviada de la sede del Departamento de Salud al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).
Durante las vistas camerales, testigos han señalado bajo juramento que fue Rodríguez Quilichini quien ordenó cambiar el lugar de entrega al gerente de laboratorios Quest, Miguel Ribas, luego que Quiñones de Longo instruyera al ejecutivo a despachar las pruebas en Salud.
El recibo de las 500 pruebas en el Nmead, el 26 de marzo, ha puesto en problemas al comisionado de esa dependencia, José Burgos, quien ha brindado -también bajo juramento ante la Cámara- versiones distintas sobre quién recibió las pruebas allí, si fue Rosa o Mabel Cabeza, enlace de La Fortaleza con el “task force” y quien, para el 26 de marzo, había sido removida de su puesto en Salud por Quiñones de Longo debido a diferencias personales y laborales.
DOCUMENTOS EXAMINADOS 11
REUNIONES. Este medio tuvo acceso a las hojas de anotaciones de esa cantidad de encuentros del “task force” médico.