Gobernadora otorga inmunidad a los médicos durante la pandemia
La orden ejecutiva firmada ayer da amplias protecciones contra demandas
Mediante una orden ejecutiva firmada ayer, la gobernadora Wanda Vázquez Garced otorgó inmunidad a las instalaciones médicas y al personal clínico que esté atendiendo pacientes sospechosos de haber contraído la enfermedad COVID-19 u otras condiciones de salud durante el estado de emergencia por la epidemia en Puerto Rico.
La orden otorga inmunidad civil contra reclamaciones por daños y perjuicios por alegada impericia médica o negligencia a toda instalación médica o profesional de la salud que atiendan pacientes positivos de COVID-19 u otras condiciones. Esto quiere decir que la ciudadanía no puede presentar demandas por daños o muerte a consecuencia de alegados actos u omisiones.
Aunque la mandataria tiene poderes amplios durante emergencias, esta declaración de inmunidad “pudiera atentar contra un derecho reconocido por el Tribunal Supremo, que es el derecho de las víctimas de impericia médica a tener acceso a los tribunales para reivindicar sus derechos”, según el abogado Ariel Caro Pérez, presidente de la Comisión de Salud y Responsabilidad Médico-hospitalaria del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
Caro Pérez dijo, además, que la orden tiene un problema de amplitud excesiva debido a que parece cubrir todo procedimiento médico y no solo aquellos relacionados con COVID-19.
La orden es amplia en torno a las instalaciones médicas que cobija. Incluye a centros de diagnóstico y tratamiento, centros de rehabilitación, facilidades de cuido extendido, centros de cirugía ambulatoria, programas de servicios de salud en el hogar, laboratorios clínicos, instalaciones radiológicas, consultorios médicos, servicios de telemedicina y otros.
Sobre los profesionales de salud, no se limita a médicos, sino también a enfermeros, dentistas, terapistas respiratorios, terapistas ocupacionales, paramédicos y hasta voluntarios, o todo aquel que esté prestando “asistencia o apoyo al gobierno” durante la emergencia.
A juicio de Caro Pérez, la orden carece de justificación, en momentos en que los hospitales tienen un censo bajo de pacientes y que, en los tribunales, no hay probabilidad razonable de prevalecer en un caso impericia médica en cuanto a COVID-19, pues es una cepa nueva del coronavirus que aún carece de estándar de cuidado médico.