Contraloría señala despilfarro público de $269 millones
La Autoridad de Ponce desembolsó cerca de $269 millones de las arcas gubernamentales para realizar proyectos en el Puerto de las Américas sin que redundara “en beneficio del interés público”, según una auditoría de la Oficina del Contralor.
El informe, publicado ayer, desglosa una serie de transacciones para obras que tardaron más de 15 años en completarse y no han desembocado en que el puerto sea utilizado como transbordo o como puerto de tercera generación (puertos con un centro de transporte y logística integrados). La auditoría señala que el uso del puerto se ha limitado a recibir cruceros y suministros tras el paso del huracán María, así como para el almacenaje de carga.
En el informe, también se precisa que el proceso de construcción del puerto se extendió de 2000 a 2015.
“Durante el período en que se realizaron los trabajos, se desarrollaron otras instalaciones portuarias en República Dominicana, Bahamas y Panamá bajo mejores condiciones, lo cual dificultó la competitividad del puerto en la industria naviera internacional”, se lee en la auditoría.
El informe, que cubre el periodo del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2018, también da cuenta de la compra de diez grúas a un costo de $30,732,485.
En inspecciones realizadas por la Oficina del Contralor, se encontró que “las grúas no eran utilizadas por, entre otras cosas, deficiencias mecánicas, falta de mantenimiento y servicio de energía eléctrica”.
De estas grúas, dos de ellas, indica el informe, no estaban certificadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, y 15 meses después, tras una segunda visita de los auditores, seguían sin estar certificadas. Además, el informe señala que el ascensor de una de las grúas estaba averiado y 14 meses después seguía igual.
Asimismo, se indica que, al 6 de mayo de 2019, la Junta de Directores de la Autoridad de Ponce contaba solo con dos de los siete miembros que dispuso la Ley 176-2016 del 12 de agosto de 2016. La ausencia de esos nombramientos se debió a la dificultad de nombrar a un arquitecto y un economista, que estuvieran certificados y fueran residentes bona fide y residentes en Ponce.