El gobierno “respeta” el fallo sobre la Ley 29
Así lo establece en un informe ante Tribunal Federal, mientras los alcaldes populares presentaron su plan a la primera ejecutiva
El gobierno central indicó al Tribunal Federal que “respeta” el fallo de la jueza Laura Taylor Swain, quien declaró nula la Ley 29 de 2019, que eximía a los municipios de su aportación para el pago del plan de salud y las pensiones.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que impugnó con éxito la Ley 29 en el foro federal, indicó ayer que evalúa una propuesta presentada por la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
“Con toda probabilidad, estaremos reuniéndonos con el CRIM y la representación de los alcaldes la próxima semana para discutir opciones sobre las bases fiscales realistas y razonables”, informó la JSF en declaraciones escritas.
El gobierno tiene hasta el 6 de mayo para llegar a acuerdos con la JSF y también tiene la opción de impugnar el fallo. Pero, a juzgar por un informe de la situación de la isla, el gobierno no impugnará.
“El gobierno respeta la decisión de la corte y está actualmente buscando alternativas para aliviar la situación fiscal grave que enfrentan los 78 municipios”, establece el gobierno en el documento presentado el martes en la noche.
“Aunque la Junta recientemente estableció el 15 de abril -en un comunicado de prensa- que la derogación de la Ley 29 se espera que tenga consecuencias mínimas sobre los municipios durante el año fiscal, sencillamente es demasiado temprano para decir cuán severa será la nulidad de la Ley 29 sobre los municipios”, añade el documento de 22 páginas.
Entretanto, los alcaldes populares presentaron, el martes, a la gobernadora Wanda Vázquez Garced su propuesta, que es idéntica a la del CRIM. Pero también sugirieron cómo atender la falta de fondos que tendrá el CRIM a causa de la pandemia del COVID-19.
“Hubo un compromiso de ella”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, José “Joe” Román.
Aunque no ofreció detalles de la propuesta, El Nuevo Día supo, a través de fuentes, que propusieron que el dinero para pagar el plan de salud del gobierno y el retiro salga de cerca de $224 millones que aportan los ayuntamientos al Estado para el pago de la deuda del gobierno central.
De esa cantidad, cerca de $120 millones corresponden a este año fiscal y $104 millones a 2017, 2018 y 2019. Además, propusieron que la deficiencia en las remesas que tendrá el CRIM para mayo y junio, a raíz de la pandemia, se cubra con $132 millones que gobierno les redujo en transferencias a los municipios a tono con el plan fiscal.
Los alcaldes pidieron también a la gobernadora que, cuando se enmiende el plan fiscal en mayo, justifique ante la JSF, el mismo presupuesto aprobado de $320 millones para el Fondo de Equiparación, un pote que nutre a los municipios de escasos recursos.
FONDOS $320
MILLONES necesitan los alcaldes para mantener el Fondo de Equiparación.