Palpable el costo de las leyes de cabotaje en Puerto Rico
● Expertos en política pública y economía exploran una economía boricua sin la Ley Jones
Ya sea por su impacto inflacionario a los costos de importación o por su limitado acceso a las rutas marítimas de exportación, expertos en economía y comercio internacional argumentaron esta semana que la Ley Jones del 1920 estrangula a la economía, incluso durante la pandemia.
Por un lado, la experta en leyes de cabotaje y profesora de economía en la UPR de Arecibo, Martha Quiñones Domínguez, afirmó que, en el caso de Puerto Rico, el mercado de transporte marítimo, controlado principalmente por Crowley y Tote Maritime, funciona como un oligopolio.
“Son unas pocas empresas las que están compartiendo ese mercado para llevar y traer distintas mercancías. El problema es que nosotros (los puertorriqueños) nos vemos obligados a pagar los precios (de importación) que ellos determinen”, sentenció Domínguez, quien estimó en casi un 30% el sobreprecio que paga el país.
A modo de ejemplo, el analista de política pública del Instituto Cato, Colin Grabow, señaló que un reporte del 2012 del Banco de la Reserva Federal de Nueva York reveló que transportar un vagón repleto de electrodomésticos desde la costa este de Estados Unidos hasta San Juan era casi dos veces más caro que enviarlo a Santo Domingo en la República Dominicana.
La única diferencia significativa era que el transporte a la capital dominicana no estaba sujeta a la Ley Jones, que requiere que todos los bienes transportados entre puertos estadounidenses deben viajar a bordo de barcos que, además de ser propiedad de un estadounidense, deben ser construidos en Estados Unidos, volar bajo bandera estadounidense y ser tripulados mayormente por sus ciudadanos.
Estas medidas, señaló el economista y director del Centro de Información Censal de la UPR, José Caraballo Cueto, también excluyen a la isla de la logística internacional.
“Si un barco viene de Panamá y atraca en Ponce, después no puede continuar (su ruta) hacia la economía más grande del mundo que es Estados Unidos. Ese barco regresa a Panamá o va a alguna de las economías más pequeñas del Caribe. A ese barco le conviene más hacer una ruta que incluya a República Dominicana y de ahí sí puede continuar hacia Estados Unidos”, dijo.
Al comparar el patrón de exportaciones reales de Puerto Rico hacia otros países, bajo el mismo modelo de exportación sin tapujos hacia Estados Unidos, Caraballo Cueto encontró que la isla está perdiendo su potencial de exportación a 28 de ellos, siendo Belice, Honduras, Martinica y Guadalupe las únicas excepciones a la norma.
Añadió que, en el 2016, que Puerto Rico perdió casi $41,000 millones en posibles exportaciones a otros países de la región que, ajustado por los precios de transferencia, aún representa el equivalente a casi 17% del producto interno bruto de la isla.
A esos efectos, Quiñones Domínguez propuso que Puerto Rico exija al gobierno estadounidense una exención de diez años para estudiar si el transporte marítimo de carga despunta igual que el turístico cuando se permitió la entrada de cruceros internacionales a San Juan.
“Esa suspensión de las leyes de cabotaje no funcionará si no hay un gobierno que se atreva a pedir y hacer cambios estructurales”, sentenció la catedrática durante una conferencia virtual de la red de Boricuas Unidos en la Diáspora.
“Esa suspensión de las leyes de cabotaje no funcionará si no hay un gobierno que se atreva a pedir y hacer cambios estructurales”
MARTHA QUIÑONES DOMÍNGUEZ ECONOMISTA