El pueblo puertorriqueño necesita la ayuda ahora

La entrega al gobierno de Puerto Rico de $2,200 millones federales para cubrir gastos relacionados con la emergencia del COVID-19 es un paso necesario en el esfuerzo para aliviar las arcas públicas locales en el desafío salubrista.

Sin embargo, miles de trabajadores y poblaciones vulnerables no han podido aún mitigar el golpe a sus finanzas con los fondos de asistencia aprobados, y en algunos casos desembolsados a las autoridades puertorriqueñas. La gobernadora Wanda Vázquez ha dicho que los $2,200 millones darán al gobierno liquidez para mitigar el impacto fiscal, tras la pérdida de cerca de $1,600 millones en recaudos. También permitirá comprar equipo de protección personal, ventiladores y pruebas para detectar la nueva cepa del coronavirus, y hacer posibles programas para los ciudadanos.

De acuerdo con la comisionada residente Jenniffer González, el dinero recién recibido se puede utilizar para iniciativas diversas para manejar la crisis.

Mientras tanto, los ciudadanos desempleados y aquellos que sufren otras desventajas que pudieran agudizarse durante la emergencia están pendientes de recibir asistencia. A mes y medio del establecimiento del toque de queda, persisten serias dilaciones en el flujo de la asistencia por desempleo y para alimentación.

El gobierno local espera por las guías federales para el desembolso de esas ayudas. Es preciso que, tanto las autoridades federales como las locales, acuerden las condiciones para la liberación de fondos pendientes. Corresponde al gobierno local actuar con celeridad, diligencia y transparencia en la repartición de las ayudas a los individuos y familias con necesidad.

Hasta el miércoles, el Departamento de Hacienda esperaba por la aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para enviar cheques de hasta $1,200 a 486,000 contribuyentes que recibirían la ayuda de emergencia correspondiente a una partida de $800.1 millones.

Hacienda prevé que distribuirá la ayuda en dos fases, empezando por quienes radicaron la planilla de 2019 y luego por quienes cumplieron su responsabilidad contributiva de 2018. El decreto de emergencia fue impuesto por el gobierno a mediados de marzo y de inmediato se anunció la posposición de la fecha de radicación hasta el verano. Todos los contribuyentes deben ser atendidos con la misma premura ante la crisis.

Mientras, las agencias en la primera línea de asistencia social, en una isla donde la mitad de la población vive en pobreza, no han sido capaces de desembolsar fondos con los que ya cuentan para aliviar la pérdida de trabajo y de asistencia alimentaria de miles de personas.

El gobierno federal ya ha emitido $300 millones para beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional en Puerto Rico y otros territorios, lo que permitiría que 35,000 personas que han perdido su empleo puedan beneficiarse del programa. No obstante, la falta de plataformas electrónicas para tramitar las ayudas, entre otros obstáculos burocráticos, ha dificultado que el dinero asignado cumpla su misión.

Por otro lado, desde comienzos de mes, la Junta de Supervisión Fiscal ordenó al Departamento de Educación diligenciar que se provea alimentos a los niños y familias sin recursos, lo que no se ha materializado. La agencia ha delegado su responsabilidad en las organizaciones sin fines de lucro que han mostrado en estas crisis diligencia y liderato.

A punto de cumplirse, el lunes, un mes desde que el Congreso aprobó el primer paquete de asistencia de emergencia para individuos, familias y negocios afectados por la pandemia del COVID-19, los puertorriqueños con menos recursos han quedado a merced de una estructura que no ha podido adaptarse a la urgencia de la situación. La estabilidad económica y emocional de miles de familias depende de que se superen dichas deficiencias.

Otras partidas de fondos esperan por que el gobierno federal asuma la responsabilidad que tiene con los 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses que habitan en Puerto Rico para presentar las guías que determinen cómo se distribuirán los fondos otorgados.

Compete a ambas instancias gubernamentales, local y federal, el mismo deber de evitar una crisis humanitaria en la isla.