Ya hay suficientes pruebas
La pregunta fundamental en todo el debate sobre la respuesta gubernamental a la pandemia no se está haciendo con suficiente fuerza. Aunque es la mar de interesante descifrar si mintieron Adil Rosa o Segundo Rodríguez, lo más importante en este momento es lo siguiente: ¿por qué, seis semanas después de declarada la emergencia, solo se ha utilizado 5% de las pruebas disponibles en Puerto Rico?
Contrario al reclamo de que necesitamos traer más pruebas a la Isla, lo que verdaderamente urge es que las pruebas que ya están en Puerto Rico se utilicen. El secretario de Salud, Lorenzo González, me dijo esta semana que en Puerto Rico existen cerca de 225,000 pruebas disponibles. Varios doctores que consulté me confirman que esa cifra es certera, aunque una epidemióloga me aclaró que la gran mayoría llegó recientemente. Las pruebas están distribuidas entre laboratorios privados, centros de envejecientes, el aeropuerto, los complejos correccionales, municipios y hospitales.
Pero lo escandaloso es que, de esas 225,000 pruebas, solo se hayan utilizado alrededor de 12,000. ¿Cómo el gobierno pretendía administrar el millón de pruebas que intentó comprarle a Apex y a los australianos si no ha podido utilizar ni un cuarto de millón?
El secretario de Salud aduce que el desfase entre inventario disponible y pruebas realizadas se debe a que los médicos han sido tímidos a la hora de ordenarle a sus pacientes que se realicen el examen de COVID-19. También se debe a que, al inicio de la pandemia, se exigía que, previo a realizar una prueba de COVID-19, se consultara a un sinnúmero de burócratas y se descartaran primero varias enfermedades.
Pero, independientemente de lo que haya ocurrido en el pasado, es urgente descifrar, en términos de política pública, cómo hacer que más puertorriqueños se realicen la prueba de modo que no tengamos las tasas minúsculas de pruebas realizadas vis-a-vis población general. De hecho, esta semana trascendió que Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos con la tasa de pruebas realizadas más baja per cápita. Esa realidad es inaceptable.
Nuestras tasas paupérrimas de pruebas per cápita no son por ausencia de pruebas. Se deben, es duro decirlo, a la dejadez y a la incompetencia.
Es apremiante administrar, de forma aleatoria pero coherente, las pruebas disponibles de COVID-19
a través de todo Puerto Rico. Demógrafos, doctores y epidemiólogos deberían trazar planes que, tras realizar pruebas masivas, arrojen una muestra representativa. El task force médico, cuya credibilidad ha sido impugnada para bien o mal, podría intentar reivindicarse si arrecia una campaña de testing masivo.
Solo con esa muestra representativa – con datos reales y no meras opiniones – es que podemos iniciar un debate serio como país sobre si debemos reabrir nuestra economía. La ciencia, a diferencia de las opiniones, se fundamenta en data empírica, y esa data empírica está a nuestro alcance, pero aún no la tenemos.
Al igual que se hace con las campañas masivas de vacunación, las pruebas masivas de COVID-19 se pueden llevar a cabo en regiones con alta incidencia o en núcleos poblacionales particularmente vulnerables.
En momentos de escasez mundial de pruebas, nosotros tenemos de sobra. Una campaña de pruebas masivas tiene que comenzar inmediatamente. Lo contrario sería continuar piloteando el avión sin instrumentos. Lo bueno de la ciencia, dijo el astrofísico Neil deGrasse Tyson, es que es cierta independientemente de si crees en ella o no.
“Contrario al reclamo de que necesitamos traer más pruebas a la Isla, lo que verdaderamente urge es que las pruebas que ya están en Puerto Rico se utilicen”