Pesquisan por fraude a compañía de pruebas
La empresa australiana a la que la constructora boricua Apex decía que le iba a comprar test de coronavirus es investigada en su país
Las pruebas rápidas de COVID-19 que el gobierno intentó comprar por $38 millones por medio de una empresa australiana pudieron haber sido parte de un gran esquema fraudulento en el que no había ninguna garantía de la calidad del producto, según informes de medios internacionales, incluido el periódico The Guardian.
El diario británico informó ayer que la empresa australiana Promedical Equipment es investigada por las autoridades de su país por afirmar falsamente que las pruebas serológicas que vende han sido aprobadas por la Administración de Productos Terapéuticos (TGA, en inglés), en Australia, y la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA), en EE.UU.
Ambas agencias reguladoras de productos de salud eliminaron a Promedical de sus listas de proveedores autorizados. No obstante, según The Guardian, la empresa australiana ha continuado comercializando los kits de pruebas en Australia y el extranjero.
Promedical tuvo un acuerdo inicial con el fabricante chino Guangzhou Wondfo Biotech para adquirir pruebas serológicas que contaban con el aval de FDA y TGA. Sin embargo, Promedical le confirmó a The Guardian que “no procedió” con su acuerdo.
El 3 de abril, Jun Chen, gerente general de Wondfo en EE.UU., informó en declaraciones escritas que Promedical “no es un representante ni distribuidor autorizado de Wondfo en Australia, EE.UU. o ningún otro país o distrito”.
Las pruebas Wondfo eran las que la constructora Apex decía que iba a comprar –a través de intermediarios en Canadá y EE.UU.– para venderlas a $38 al gobierno. El contrato se firmó en tiempo récord el 26 de marzo, con el compromiso de que iban a estar en la isla el 31 de marzo. Días después de que Apex incumpliera con la fecha de entrega, la orden le fue cancelada y Apex devolvió el adelanto de $19 millones que había recibido.
La transacción se detuvo cuando Oriental Bank, por seguridad, congeló la cuenta de Apex cuando se reflejaron los $19 millones.
Ayer, el exsenador Ramón Luis Nieves solicitó al Departamento de Justicia que amplíe la investigación que conduce sobre este asunto para incluir la posible “falsa representación” que alega le hicieron al gobierno Juan Maldonado y el empresario Aaron Vick, cuya firma aparece en el contrato de compraventa de las pruebas.
Vick ha dicho que aunque envió su firma digital a Maldonado, con quien había tenido relaciones de negocios, no autorizó a que fuera usada en el contrato de Apex. “Solicitamos se investigue si empresarios privados cometieron delitos de fraude o de cualquier otro tipo contra el gobierno de Puerto Rico”, dijo Nieves.