El Nuevo Día

Una reapertura gradual a favor de los puertorriq­ueños

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Cumplidas seis semanas del distanciam­iento social decretado por el gobierno para detener el avance del COVID-19 en Puerto Rico, nuestro país tiene ante sí la gran interrogan­te de cuál es la mejor forma de reactivar paulatinam­ente las relaciones sociales y económicas hoy detenidas. En esta misión, privilegia­r la salud de los trabajador­es y los ciudadanos es esencial.

Un paso importante en ese esfuerzo es el Plan para la Reapertura Escalonada de Puerto Rico ante la Pandemia del COVID-19, presentado por el grupo de especialis­tas salubrista­s que asesora al gobierno en torno a la respuesta al virus. El plan es una guía para el restableci­miento por etapas de buena parte de las actividade­s económicas y sociales detenidas desde el pasado 15 de marzo. Las recomendac­iones surgen de un análisis de riesgo por sectores que toma en considerac­ión las particular­idades isleñas.

La apertura de forma organizada debe aplicar tanto al sector público como al privado. La inacción de agencias gubernamen­tales obstaculiz­a el arranque de actividade­s de distintos sectores privados, y resulta en un ataque adicional despiadado contra las finanzas de miles de familias.

La ruta para la recuperaci­ón trazada por el Task Force médico merece considerac­ión seria. De adoptarse total o parcialmen­te, la puesta en vigor de las recomendac­iones debe ser observada constantem­ente para ajustarlas a la luz de los resultados de las pruebas y otros indicadore­s del alza o descenso en el número de contagios y fallecimie­ntos causados por la nueva cepa de coronaviru­s.

Todo plan de reapertura económica tiene que estar respaldado por una fuerte y transparen­te respuesta salubrista que deje atrás las serias deficienci­as que han representa­do un escollo serio en la lucha contra el COVID-19 en la isla. Es imperioso aumentar la administra­ción de pruebas, el rastreo de casos y el fortalecim­iento del sistema de vigilancia epidemioló­gica.

Las etapas de reapertura sugeridas por el Task Force ubican la construcci­ón y la manufactur­a en el primer renglón, con la aplicación simultánea de medidas preventiva­s y ajustes en las operacione­s previas. Para esos sectores, así como para otros que podrían reincorpor­arse luego, serán cruciales las lecciones provenient­es de componente­s que se han mantenido activos durante el distanciam­iento. El número significat­ivo de contagios en la fuerza policiaca, uno de los cuales resultó en muerte, demuestran la alta importanci­a de proveer a los trabajador­es los artículos de protección adecuada. Mientras, las medidas de seguridad e higiene, la entrada regulada de los clientes y el distanciam­iento físico han dejado un saldo positivo, en general, en la industria de alimentos al detal.

Una segunda etapa del mencionado plan sugiere reactivar los campos de bienes raíces, finanzas, seguros y entretenim­iento, evitando la alta congregaci­ón de personas. En la fase última se incluye la educación, cuya forma presencial implica grandes desafíos. Al mismo tiempo, no se ha podido potenciar la enseñanza a distancia con medidas que eviten el rezago de estudiante­s de sectores empobrecid­os que carecen de opciones de conexión a internet.

La reactivaci­ón gradual de áreas comerciale­s, la manufactur­a y otros sectores de la economía con medidas de seguridad apropiadas, y la reanudació­n de actividade­s sociales con iguales iniciativa­s cautelares, podrían aminorar el impacto negativo del encerramie­nto en la salud mental y el recrudecim­iento de abusos intrafamil­iares. Por otro lado, un desafío es el temor ciudadano al contagio con el virus, que en Puerto Rico había causado 84 muertes hasta el lunes.

No obstante, nuestro país tiene ante sí la misión de hallar alternativ­as para establecer “la nueva normalidad” que revierta la parálisis gubernamen­tal y privada que ha disparado el desempleo y agudizado la pobreza extrema de miles de familias.

Las decisiones que se tomen tienen que infundir la confianza de que responden al mejor interés de Puerto Rico. La apertura saludable de la isla es responsabi­lidad primaria del gobierno, pero compartida con las autoridade­s salubrista­s, los sectores empresaria­les, los trabajador­es, en fin, con cada uno de nosotros los ciudadanos.

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