Multarán por uso inapropiado de agua

⤑ Ante el racionamiento que impactará desde mañana a sobre 140,000 abonados, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados promete penalizar a quienes hagan mal uso del recurso con sanciones de hasta $4,500

⤑ La AAA, que también pondrá en vigor desde hoy un nuevo aumento en su tarifa de 2.5%, no ha informado cómo fiscalizará a sus clientes para hacer valer la nueva orden administrativa

Mientras dure el recién decretado estado de emergencia por sequía, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) impondrá multas de entre $250 y $4,500 a aquellos clientes residenciales, comerciales, industriales o del gobierno que hagan uso indebido del agua.

Se trata de una determinación –recogida en una orden administrativa– que tiene como objetivos prohibir el desperdicio del recurso, extender la vida de los abastos y asegurar la disponibilidad del servicio durante la pandemia de COVID-19. Pero responde, a su vez, a la incapacidad de la corporación pública de proveer agua en momentos de escasez como los actuales, opinaron ayer expertos.

Según la orden firmada por la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán –quien al cierre de esta edición no estuvo disponible para entrevista–, las multas se expedirán a partir del 16 de julio. Desde hoy hasta el 15 de julio, a los abonados que sean sorprendidos malgastando agua se les dará una advertencia.

Entre las actividades prohibidas, está regar plantas, jardines, siembras, cementerios o campos de golf, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; lavar con manguera o equipo a presión superficies impermeables; lavar automóviles, motoras y camiones con manguera o artefactos similares o donde el agua que se utilice para esos fines no se recircule y recicle; y operar o rellenar fuentes de agua, estanques o cualquier otro tipo de estructura decorativa que no recircule el agua.

También, está prohibido llenar o rellenar piscinas, jacuzzis o estructuras similares para fines recreacionales; dar mantenimiento a cisternas o tanques si conlleva descartar más del 15% del agua almacenada sin reutilizarla; usar agua con fines recreacionales; tener salideros o cualquier defecto en el sistema de plomería que produzca escapes y que puedan determinarse a simple vista sin tomar las medidas para su reparación; y dejar correr el agua de manera indiscriminada.

La orden no precisa sobre quién recae la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento con sus disposiciones.

Por el momento, las restricciones aplican a los 50 municipios que están bajo sequía. Los clientes multados tendrán 10 días para pedir una revisión. Finalizado ese proceso y si la infracción se sostiene, tendrán 30 días para pagarla o, de lo contrario, el monto pasará a su cuenta de servicio.

“Esta orden es una acción apropiada, porque siempre habrá gente que no quiere cumplir con lo que se establece, y lo vemos ahora con el uso de las mascarillas y el COVID-19. Y voy más allá, la Autoridad debió implantarla tan pronto vio que había sequía climatológica, en vez de esperar a que se declarara un racionamiento”, dijo el exdirector de la División de Protección Ambiental del Caribe de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) Carl Soderberg, en referencia a que mañana, jueves, empieza un plan de interrupciones programadas para 140,000 clientes que se sirven del embalse Carraízo en el área metropolitana.

Ayer, de paso, Carraízo tuvo una baja de 5 centímetros respecto al lunes, para ubicarse en 37.21 metros, o sea, a solo 1 centímetro de entrar al nivel de “control”. De los 11 embalses monitoreados por la AAA, nueve bajaron ayer de nivel.

Por su parte, Luis de Jesús, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) –principal gremio de la AAA–, tildó la orden administrativa como “desacertada”.

“Estamos en contra de que la Autoridad le imponga multas al pueblo, cuando es la propia Autoridad la causante de esta crisis. Si el pueblo no tiene agua, es por culpa de la Autoridad y su inacción para mantener los abastos”, dijo, al urgir a la corporación pública a priorizar la reparación de salideros y educar sobre el consumo.

La propia AAA admitió que pierde el 58% del agua que produce, lo que se traduce en 292 millones de galones diarios.

Entretanto, el profesor de administración pública Cecilio Ortiz, quien se especializa en política pública ambiental, sostuvo que la orden es “un ejemplo más” de que el servicio público “dejó de ser el norte” de la AAA.

“Lo que domina la toma de decisiones es el interés corporativo de subsistencia en el corto plazo. La Autoridad ha tenido muchísimas oportunidades para transicionar a un modelo distinto de proveer agua, pero no lo ha hecho. Su modelo de gobernanza no le permite hacer cambios”, acotó.

Esta no es la primera vez que la AAA recurre a la imposición de multas para evitar el despilfarro de agua. Durante la sequía de 2015, se tomó la misma determinación y se recibieron 3,386 denuncias. Se expidieron, en total, 280 boletos por la suma de $97,500, según datos provistos por la corporación pública entonces. De ese monto, $41,250 fueron multas en el área comercial y $56,250, en el área residencial.

“Mañana (hoy), inicia otro aumento tarifario y es algo inconcebible pretender multar al pueblo por la ineficiencia de la Autoridad”

LUIS DE JESÚS PRESIDENTE DE LA UIA

VENTA A GRANEL

Por otro lado, la directora de Servicio al Cliente de la AAA, Melissa Rodríguez, informó –mediante comunicado de prensa– que, además de los oasis gratuitos, la corporación pública tendrá disponible “como de costumbre” boletas para la venta de agua a granel.

Explicó que este servicio se ofrece desde 1994, y está contenido en la Sección 2.35 del Reglamento 8901 sobre el Uso de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Puerto Rico. Dicho reglamento establece que el servicio está limitado a ciertos propósitos, entre estos, responder a situaciones de emergencia decretadas por la AAA.

Rodríguez añadió que la venta de agua a granel comienza desde 600 galones, y está diseñada para comercios e industrias cuya operación requiera cantidades que la AAA no pueda suplir debido a la sequía y el racionamiento.

“El interesado debe gestionar con la compañía de acarreo de su preferencia para que le provea el servicio”, dijo, y exhortó a llamar al (787) 620-2482 para más información.