A investigar a fondo la compra fallida de pruebas
La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes concluyó su pesquisa sobre la controversia por la compra de pruebas de COVID-19 por parte del gobierno, refiriendo a las autoridades estatales y federales a 11 figuras vinculadas con esa transacción. Esta acción amplía un referido anterior que la Comisión había hecho contra otros funcionarios tras rendir un informe parcial sobre el asunto en mayo de este año.
Urgimos a las autoridades a mirar con la mayor atención este referido, a investigar con todo el celo y adjudicar sin demoras las responsabilidades que haya que adjudicar. Las circunstancias que rodearon la fallida compra de pruebas de coronavirus, en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19 en la isla, han sido un triste episodio que afectó la respuesta de la isla a esta emergencia de carácter global. También han vuelto a arrojar sombras sobre la pureza que siempre debe regir los procesos de adquisiciones en el gobierno.
Conviene repasar qué fue lo que pasó en torno al asunto bajo investigación para que se entienda la imperiosa necesidad de que las autoridades convocadas a investigar se aseguren de llegar hasta el fondo de la verdad.
En el transcurso de pocos días, entre mediados y finales de marzo de este año, en el momento más crítico de la pandemia, el gobierno comprometió más de $40 millones de fondos públicos comprando pruebas serológicas de coronavirus principalmente a dos empresas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero dirigidas por personas con estrechos vínculos con figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Uno de los negocios, la compra de un millón de pruebas por $38 millones a la pequeña empresa de construcción Apex, fracasó cuando la compañía no pudo entregar el cargamento en la fecha acordada. La otra transacción, con la compañía 313 LLC, que hizo su primer y hasta ahora único negocio vendiendo $3.6 millones en pruebas al Departamento de Salud, también fue un fracaso. La compañía no pudo entregar a tiempo la mitad de las 101,500 pruebas que contrató y la semana pasada el Departamento de Salud tuvo que recoger las que sí había distribuido tras su uso ser desautorizado por el gobierno de Estados Unidos.
En el caso de Apex, las vistas públicas revelaron una trama de uso de compañías como aparente frente de personas que no figuraban oficialmente en la transacción, de posibles falsificaciones de firmas y de documentos, y hasta de juramentos presuntamente fraudulentos. En el caso de 313 LLC, cuyos directivos han logrado evitar responder preguntas de los legisladores mediante diversas estrategias legales, una investigación de este periódico comprobó que las pruebas que vendió a $36 y $45 cada una al gobierno se consiguen por menos de $3 directamente del fabricante chino, un sobreprecio de más de 1,000%.
En el caso de ambas transacciones, en las vistas públicas el país vio a múltiples funcionarios y colaboradores del gobierno pasándose unos a otros la responsabilidad de que el Estado, todavía en quiebra y atravesando una crisis sanitaria de proporciones históricas, hubiese comprometido tales cantidades de dinero con empresas sin experiencia en el campo de productos médicos que vendían pruebas de dudosa efectividad. En el caso de Apex, el gobierno recuperó el adelanto de $19 millones que había hecho; 313 LLC todavía tiene en sus cuentas los $3.6 millones cobrados por pruebas que no sirvieron.
Según ha trascendido en diversos foros, estas transacciones son ya objeto de investigación de los departamentos de Justicia de Puerto Rico y Estados Unidos, así como del Inspector General del Departamento de Salud federal.
El referido que hace la Cámara de Representantes debe entonces servir a todas estas dependencias como un poderoso recordatorio de que Puerto Rico espera respuestas, y las espera pronto, sobre a quién se le adjudicará responsabilidad legal por una transacción dudosa por todas sus esquinas y que, en la prensa y en la legislatura, ha sido expuesta ya en todos sus terribles detalles.
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