El Nuevo Día

Las sequías en nuestro país

- Pedro A. Gelabert Presidente de la Junta de Directores de la Corporació­n para la Conservaci­ón del Estuario de la Bahía de San Juan

Aunque en Puerto Rico llueve suficiente para abastecer la población y los meses secos ocurren anualmente entre diciembre y marzo, históricam­ente han ocurrido períodos de sequías en los años: 1923, 1930, 1934, 1947, 1957, 1966-68, 1973-76 y 1994-97.

La sequía es causada por la distribuci­ón desigual de la precipitac­ión sobre un área geográfica y no por la escasez de agua, ya que Puerto Rico recibe un promedio anual entre 64 y 69 pulgadas de lluvia.

El Yunque recibió 160 pulgadas de lluvia en 1981 y 2000, mientras Ponce solo recibía entre 25 y 29 pulgadas. La costa sur, desde Arroyo a Cabo Rojo, recibe menos de 55 pulgadas y el Valle de Lajas unas 35 pulgadas anuales. Paradójica­mente, llovieron 379 pulgadas en 48 horas durante el huracán María, después de sufrir siete años de sequía. Sin embargo, debido al cambio climático tendremos más sequías por más largos períodos de tiempo.

En la isla tenemos tres tipos de sequía: meteorológ­ica, hidrológic­a y agrícola. La meteorológ­ica implica un período largo de poca precipitac­ión variando con su localidad geográfica. La hidrológic­a se refiere al descenso de niveles en los cuerpos de agua. La agrícola, por otro lado, alude al efecto de la ausencia de lluvia sobre la agricultur­a, después de la meteorológ­ica y antes de la hidrológic­a.

El balance hídrico se determina restando del consumo autorizado de la producción de la Autoridad de Acueductos y Alcantaril­lados (AAA) para calcular las pérdidas. Los usos autorizado­s se refieren al agua servida a los clientes más el agua usada para mantenimie­nto del sistema. La pérdida del agua, por otro lado, comprende la pérdida física y la comercial, que incluye usos no autorizado­s, inexactitu­des de medición y errores de datos. La pérdida física, mientras, comprende fugas y desborde de tanques, pero no se ha podido determinar si la misma se debe a la pérdida comercial de clientes, hurto o salideros del sistema de acueductos.

Por lo tanto, en Puerto Rico es necesario almacenar el agua en embalses y transporta­rla desde donde llueve bastante a donde llueve menos. Sin embargo, solo capturamos una quinta parte del agua disponible, mientras cuatro quintas partes se escurren al mar. Con la merma de precipitac­ión, descienden los niveles de los acuíferos al disminuir la recarga.

La sedimentac­ión en los embalses aumentó un 20% con el huracán María y el embalse de Loíza, en Carraízo, que abastece la zona metropolit­ana de San Juan, perdió un 45% de su capacidad de almacenami­ento. El límite de capacidad de los embalses expone a la población a críticas interrupci­ones del servicio durante el COVID-19, cuando el agua es necesaria para el lavado preventivo contra el contagio de coronaviru­s.

Los planes para garantizar el almacenami­ento y suministro de agua en Puerto Rico conllevan proyectos rehabilita­ción de embalses, reforestac­ión de cuencas hidrológic­as e estimular la eficiencia del uso de agua.

Aunque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia­s (FEMA) tiene fondos disponible­s para el dragado de los embalses Loíza, La Plata y Caonillas, no esperamos a corto plazo un dragado para evitar racionamie­ntos. El dragado requiere un proceso de licitación, subasta pública, adjudicar contratos, gestionar permisos correspond­ientes y una declaració­n de su impacto ambiental. Debemos agilizar estos trámites para encauzar las obras a la mayor brevedad posible.

El racionamie­nto requiere el uso sabio del recurso hídrico al mermar los abastos por deficienci­as del sistema, consumo excesivo, escasez de lluvia y temperatur­as altas del polvo de Sahara. La protección de los abastos es también una responsabi­lidad ciudadana. El consumo juicioso, medidas de continenci­as e instalació­n de equipos para aprovechar la precipitac­ión sugeridos por el Programa WaterSense de la Agencia Federal de Protección Ambiental reducen la explotació­n del uso de agua.

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