Ven potencial en la isla para ser un “hub” farmacéutico
● La Junta pidió a Boston Consulting analizar cómo insertar a Puerto Rico en la cadena logística de fármacos y dispositivos médicos
Antes de que termine el mes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe recibir el informe que encomendó a Boston Consulting y que busca indagar las posibilidades que tiene Puerto Rico para convertirse en un enclave farmacéutico y de dispositivos médicos para Estados Unidos y la región.
De acuerdo con el organismo fiscal, el informe debe estar listo este mes, a fin de que el insumo de la firma especializada ofrezca alternativas para insertar a Puerto Rico en la discusión que toma forma a nivel federal a medida que la pandemia del coronavirus continúa haciendo estragos en la primera economía del mundo.
La contratación de Boston Consulting salió a relucir el pasado 1 de julio, cuando la JSF ofreció detalles del presupuesto que impuso al gobierno.
Según el presidente de la JSF, José B.
Carrión, quien dejaría su cargo el próximo 5 de octubre, el organismo entendió prudente reclutar a la firma para que “de una manera apolítica” y desde la perspectiva de un tercero, pueda identificarse “objetivamente” el camino más adecuado para Puerto Rico.
“Este tema de pharma es una oportunidad única que estamos viviendo a raíz de las circunstancias (del coronavirus)”, indicó Carrión al señalar que Puerto Rico tiene ante sí “una oportunidad única” para reactivar su economía.
El informe de Boston Consulting estaría listo justo cuando, según medios estadounidenses, por segunda vez en menos de tres meses, hospitales y proveedores de salud en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, encaran otra ronda de escasez de equipo de protección personal (PPE) como resultado del COVID-19.
En Puerto Rico, según reseñas de este diario, los proveedores de salud han quedado a merced de especuladores o de la nueva realidad del mercado, pagando hasta siete veces el precio que antes pagaban por batas o mascarillas. Ello, sin que a la fecha, el gobierno haya actuado para prevenir la práctica que incluso ha resultado en cargos adicionales a los pacientes como el llamado “Covid Fee”.
En abril pasado, cuando el presidente estadounidense Donald J. Trump suspendió el tráfico de pasajeros internacionales y decenas de estados ordenaron el cierre de empresas, escuelas y universidades en un intento por frenar la pandemia, el presidente -que aspira a un segundo término en la Casa Blanca- también se vio forzado a invocar la ley federal para la Producción de la Defensa. Ello para requerir a diversos fabricantes estadounidenses la manufactura de ventiladores, mascarillas, batas y gafas protectoras, entre otros o prohibir la venta de estos a otros países.
APORTE EN EL LADO ECONÓMICO
El análisis encomendado a Boston Consulting sería uno de los pocos trabajos en materia de desarrollo económico que la actual composición de la JSF habría encomendado desde que tomó posesión hace unos cuatro años.
La ley federal Promesa no confiere autoridad a la JSF para entrar en decisiones o tomar medidas para fortalecer la actividad económica en Puerto Rico.
Empero, la iniciativa sería una segunda movida en el tema por parte de la JSF.
En marzo pasado, Carrión escribió a Trump y a los líderes del Senado y el Congreso de Estados Unidos, Mitchell McConnell y Nancy Pelosi, respectivamente, para expresarles que Puerto Rico podría ser parte de las soluciones que considere el gobierno federal para fortalecer la cadena logística y de seguridad nacional estadounidense.
Luego de que diversos medios estadounidenses abogaran porque Puerto Rico vuelva a ser un enclave farmacéutico y de dispositivos médicos, figuras vinculadas al partido Republicano, pero también figuras reconocidas en el mundo jurídico como el juez federal José Cabranes, ha cobrado fuerza la posibilidad de que la isla pueda ser incluida en alguna estrategia dirigida a que las empresas de fármacos y dispositivos médicos que operan en Asia, particularmente en China, relocalicen sus operaciones en suelo estadounidense, incluyendo a Puerto Rico.
La lectura que ofrezca Boston Consulting, quien en otros momentos ha fungido como asesor del gobierno puertorriqueño en temas económicos, sería la alternativa empleada por la JSF, luego de que un intercambio de mensajes de texto entre Carrión y la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, terminara la cancelación de un contrato otorgado a esta con igual propósito.
LAS PROPUESTAS EN LA MESA
El Nuevo Día reseñó antes que en el Congreso se han radicado dos proyectos de ley que buscan insertar a los territorios en el tema de la seguridad nacional.
A grandes rasgos, el HR 6443 -de la comisionada residente Jennifer Gonzálezpropone conceder créditos contributivos por inversiones en regiones deprimidas económicamente, clasificación en la que entraría Puerto Rico.
Por su parte, al radicar el HR 6648, la delegada de Islas Vírgenes estadounidenses, Stacy Plaskett, propuso eximir del llamado GILTI tax aquellas operaciones que se establezcan en los territorios.
Según Carrión, ahora que Puerto Rico ha privatizado la operación de la red eléctrica, ello podría ser otro elemento a favor de la isla para que esta recupere el sitial que tuvo como plaza farmacéutica en Estados Unidos, la región y el mundo.
“Este tema de ‘pharma’ es una oportunidad única que estamos viviendo a raíz de las circunstancias (del coronavirus)” JOSÉ B. CARRIÓN PRESIDENTE SALIENTE DE LA JSF