Abiertas las heridas por la corrupción
La acusación contra la exsecretaria de Educación, hace un año, marcó el inicio de la militancia civil y multitudinaria que sacó del poder a Ricardo Rosselló
Hace exactamente un año, el país amaneció con la noticia de la acusación federal en contra de la exsecretaria de Educación Julia Keleher por alegados actos de corrupción y otros cinco acusados, el primero de una serie de eventos que marcarían la historia del “Verano de 19”.
Un año después de ese período de multitudinarias protestas, que forzaron la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la crisis gubernamental solo se ha exacerbado.
El estallido más reciente apunta directamente hacia la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien fue referida a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), con la recomendación por parte de la ahora exsecretaria de Justicia Denisse Longo Quiñones de que se le asigne un fiscal especial para una investigación a fondo.
“Si algún efecto pudo haber tenido el ‘Verano del 19’ con todos los incidentes relacionados, porque no solo fue el caso de Keleher, es que la confianza del público en el gobierno ha quedado bastante lacerada, ha habido un bajón en la credibilidad del gobierno, y eso obliga a que los funcionarios gubernamentales sean lo más transparente y claro posible en la explicación de sus actuaciones”, sostuvo Efrén Rivera Ramos, exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La acusación contra Keleher surgió solo tres días antes que el Centro de Periodismo Investigativo publicara la totalidad del controvertible chat de Telegram liderado por Rosselló Nevares, noticia que fue una bomba de tiempo. La indignación movió a las calles a cientos de miles de ciudadanos, que llevaron a la esquina del cuadrilátero a Rosselló Nevares hasta obligarlo a renunciar al cargo.
Desde entonces, ese gobierno transparente, que se ajuste a los requerimientos éticos y legales de lo que significa gobernar, no parece haber llegado, a juicio de Rivera Ramos. “Han surgido otras instancias en que se ha alegado, incluso ha sido evidente, la práctica del manejo de fondos públicos y las prácticas de corrupción en el gobierno. Hay una conciencia generalizada de que tenemos un problema muy serio en el gobierno y que se debe atender”, enfatizó.
Para esta fecha el pasado año, Rosselló Nevares decía sentirse “avergonzado” por las acusaciones sobre corrupción que no solo implican a Keleher, también a la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila, a Fernando Scherrer, expresidente de la compañía BDO Puerto Rico, que tenía contratos millonarios con el gobierno, y al entonces subcontratista Alberto Velázquez Piñol.
Otras dos contratistas de Educación acusadas en el caso, cercanas a Keleher, se declararon culpables en mayo, tras llegar a acuerdos con la fiscalía federal.
Keleher y una parte de los acusados esperan el inicio de su juicio, pautado para el 22 de febrero de 2021.
El verano del 2020, que recién comienza, no acumula menos tensión. Durante los pasados meses, son diversas las pesquisas sobre presuntos actos de corrupción, tanto en Justicia como en la Asamblea Legislativa,
en torno a los 11 meses de administración de Vázquez Garced, quien llegó al poder por la vía constitucional el pasado 7 de agosto.
Una de esas investigaciones, por ejemplo, está relacionada con una millonaria compra de pruebas rápidas de COVID-19, bajo un cuestionable proceso de adjudicación. El referido a la Opfei está vinculado al manejo de suministros para los damnificados de los terremotos que han impactado la región sur desde finales de diciembre.
“Nos estamos encontrando con que, en situaciones de crisis, de emergencias nacionales, como son los terremotos y la pandemia, todas están asociados con algún caso de corrupción. Cada crisis viene asociada con un elemento de corrupción que le pone un sello y que va generando una gran desconfianza en la ciudadanía hacia el servicio público y la gestión pública”, argumentó la exdirectora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR Palmira Ríos González.
Hay varios elementos que son constitutivos de un buen gobierno, entre ellos, la eficiencia y la efectividad en el manejo de los fondos públicos, puntualizó Ríos González.
Coincidió en que la transparencia gubernamental es también un elemento fundamental que aún no caracteriza al gobierno de la isla.
“Cuando esos elementos no se dan, va a haber un cuestionamiento constante a los funcionarios públicos”, manifestó.
Al final del “Verano del 19”, en la isla había un gran entusiasmo por lo que la movilización ciudadana había logrado, pero sobre todo, una esperanza de que los gobiernos venideros no repetirían los errores del pasado, “y eso no es lo que ha ocurrido”, enfatizó la catedrática.
Está por verse si, durante este verano, la ciudadanía regresará a las calles a marchar multitudinariamente. “A veces, la historia no se repite de la misma forma”, afirmó Ríos González. Además, apuntó, el contexto de la pandemia de COVID-19 no crea el escenario idóneo para grandes movilizaciones.
“Habiendo primarias próximamente o elecciones en cuestión de meses, probablemente mucha gente utilice ese mecanismo de cambio, pero podría entonces mirarse hacia otros espacios políticos no tradicionales”, subrayó.
”Ha habido un bajón en la credibilidad del gobierno, y eso obliga a que los funcionarios gubernamentales sean lo más transparente y claro posible”
EFRÉN RIVERA RAMOS EXDECANO DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UPR