Acceso a beneficios
WASHINGTON.– Un juez federal en San Juan decidió ayer que es inconstitucional –por violar la igual protección de las leyes– negarles beneficios de tres programas federales que existen en los estados a los residentes de Puerto Rico, y cuyas vigencias en la isla pueden tener un impacto anual de más de $2,500 millones.
El juez William Young –asignado al Tribunal Federal de San Juan, aunque tiene su oficina en Massachusetts– ordenó que el gobierno de Estados Unidos brinde acceso a los residentes de Puerto Rico a los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) y a los subsidios por bajos ingresos (LIS) de la parte D de Medicare, que cubre medicamentos recetados.
El juez ordenó acceso inmediato a los nueve demandantes y, en un plazo de 60 días, a los demás residentes de Puerto Rico.
Contrario a los hechos del caso Vaello Madero sobre SSI, los nueve demandantes no recibían el beneficio en Estados Unidos.