José R. González deja otra vacante en la Junta de Supervisión Fiscal
Mientras, en una tensa reunión pública para Hacienda y Aafaf, el organismo fiscal exigió que se publiquen los estados financieros atrasados antes de que termine este año
Tal y como anticipó El Nuevo Día, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene una tercera vacante, ahora que su directivo José R. González dejará su cargo el próximo 31 de agosto.
González anunció su salida ayer, durante la vigésima reunión pública del organismo fiscal, luego que, junto a sus homólogos, rechazara el plan que propuso el gobierno para publicar los estados financieros gubernamentales.
Asegurando que el retraso en la publicación de los estados financieros es inaceptable, pues tenerlos es indispensable para que Puerto Rico retorne a los mercados de capital, la JSF dio al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, 15 días para indicarle qué hará para publicar los estados auditados o CAFR, por sus siglas en inglés, en el plazo fijado por la JSF.
Mientras el plan de trabajo de Parés Alicea contempla publicar los estados auditados para los años fiscales 2018 y 2019 entre los años 2021 y 2022, la JSF estableció ayer que el gobierno debe presentar ambos reportes este mismo año. El CAFR 2017 se publicará este mes, se indicó.
“No puede sostenerse el crecimiento económico sin acceso al mercado de capital”, dijo González, cuando tomó la palabra para comunicar su renuncia.
González sostuvo que la ley federal Promesa “nunca fue un castigo para Puerto Rico” sino el camino para lidiar con su insolvencia.
Agregó que alcanzar el equilibrio fiscal sostenible es una de las encomiendas principales del estatuto federal y aseguró que en los pasados cuatro años, la JSF alcanzó progresos “significativos” en esa dirección.
Pero acto seguido, González señaló que la isla no avanzó más porque la administración en el poder nunca entendió la necesidad de trabajar “en conjunto” que requiere el estatuto federal, incluyendo la publicación de estados financieros.
González, quien antes presidió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y fue el primer puertorriqueño en liderar un banco internacional –Banco Santander– en Puerto Rico, podría considerarse como el puertorriqueño de mayor influencia en Estados Unidos. El economista y abogado ocupa la presidencia de la unidad más importante del FHLB, el sistema creado por el Congreso y que actúa como paralelo a la Reserva Federal, con el mandato de promover el desarrollo en las comunidades y el acceso a vivienda asequible.
Lloroso, González dijo que haber sido parte de la JSF para, desde ahí, servir a Puerto Rico constituyó “un honor” e instó a la sociedad civil a exigir de su liderato los cambios que permitirían otro país para las siguientes generaciones.
EN BUSCA DE NUEVOS DIRECTIVOS
El mes pasado, el presidente del organismo fiscal, José B. Carrión, y el directivo Carlos M. García también renunciaron a sus respectivos cargos en la JSF.
García y González dejarán el cargo el próximo 31 de agosto. Carrión, por su parte, concluye sus funciones el próximo 5 de octubre.
El proceso de análisis de selección de tres nuevos directivos para la JSF ya comenzó en Washington, según reportó este diario. Con su renuncia, González permitiría que las negociaciones entre ambas ramas del gobierno federal continúen sin necesariamente poner en juego el balance político que se pactó cuando se aprobó Promesa.
Al presente, la composición de la JSF cuenta con cuatro directivos nombrados por líderes republicanos y tres por líderes demócratas, si se considera el nombramiento de González, hecho por el expresidente Barack Obama en el 2016.
González, quien a lo largo de toda su carrera ha abogado por que Puerto Rico adopte una agenda económica de crecimiento y por un gobierno que contribuya a la competitividad de la isla, indicó que Puerto Rico necesita dejar “la negación” en que se encuentra sumido.
EL CAFR, ¿PARA CUÁNDO?
La renuncia de González –quien recibió elogios de sus homólogos– fue la nota triste de una difícil sesión para el gobierno, en la que los directivos de la JSF se mostraron implacables con Parés Alicea y el representante del gobierno y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf ), Omar Marrero.
La sesión de ayer, que estuvo presidida por García, se produjo en respuesta al plazo que la JSF dio al gobierno el pasado 1 de julio, cuando quiso indagar por qué no acaban de publicarse los estados financieros. Entonces, Parés Alicea reveló que el plan de trabajo del Departamento de Hacienda aspiraba a publicar los estados financieros atrasados en los siguientes dos años y que el gobierno intenta ponerse al día mientras lidia con desastres, la pandemia del coronavirus y, sobre todo, sin recursos para cumplir con dicha tarea.
Puerto Rico tiene un atraso de tres años en la publicación del CAFR.
Ayer, Parés Alicea insistió en que ponerse al día no es tarea fácil. Entre otras cosas, el gobierno tiene 26 auditores distintos para cuadrar sus libros y no tiene personal en las agencias para que la conciliación de cuentas bancarias esté al día. Además, según el funcionario, el gobierno opera con procesos manuales y seis sistemas de contabilidad que no se comunican entre sí.
CANSADOS DE “PROMESAS”
Los directivos de la JSF no acogieron los planteamientos del gobierno.
González indicó que, al presente, hay decenas de empresas y entidades que continúan radicando sus estados financieros a pesar del coronavirus y dijo que, en su caso, el 100% del personal en la institución que preside trabaja en remoto.
“El gobierno no tiene esto como una prioridad”, sostuvo por su parte el juez Arthur González al destacar que al parecer, el gobierno no entiende la importancia de publicar estados financieros para lograr el regreso al mercado de capital.
En un intento por atenuar las exigencias de la JSF, Marrero, también principal oficial financiero del gobierno, indicó a García que el plan de trabajo propuesto por Parés Alicea era realista, considerando las condiciones en que operan.
Marrero dijo que la Aafaf brindaba apoyo a Hacienda para cumplir con la presentación de los estados financieros y sostuvo que el gobierno estaba listo para tensar la brida en las agencias e imponer penalidades a quienes incumplan.
“Hemos escuchado un montón de esas promesas antes y pienso que la Junta y el pueblo de Puerto Rico están un poquito cansados que pasen las cosas, lo que estamos esperando son acciones concretas”, fustigó García.
De otra parte, la JSF ofreció un resumen de los hallazgos del análisis que encomendó a la Boston Consulting acerca de las oportunidades que tiene Puerto Rico para insertarse en la cadena logística estadounidense tras el disloque que el coronavirus ha causado en el suministro de medicamentos y equipos médicos.
La JSF acordó que se diseñe una estrategia para que el organismo se inserte en la discusión y cabildee en Washington a favor de la isla en este asunto.