El proceso electoral no debe estar en entredicho

La recta final hacia las primarias de los dos partidos mayoritarios ha coincidido con la declaración del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, de que no se podrán celebrar las elecciones generales si no se otorgan los fondos solicitados. Aceptar esa alegación sería improcedente y hasta inconstitucional.

Desde hace por lo menos dos cuatrienios, en la CEE se debe conocer de primera mano la grave situación financiera que atraviesa Puerto Rico. A lo largo de los pasados años, analistas, economistas y medios de comunicación han venido advirtiendo de la necesidad de hacer ajustes y asumir la gravedad de una bancarrota gubernamental que no permite, entre otras cosas, mantener un costoso andamiaje electoral que solo tiene tareas esenciales durante los meses previos a las elecciones.

Ni las administraciones de gobierno —las anteriores y la actual—, ni la Asamblea Legislativa han asumido su responsabilidad de procurar la modificación de los usos y costumbres de un organismo que hace tiempo debió moverse a funciones más eficientes y austeras.

Exponer ahora, luego de los tropiezos del voto adelantado de las primarias del Partido Nuevo Progresista, que con el dinero que la CEE tiene no se podrían celebrar las elecciones generales ni el plebiscito “Estadidad Sí o No” y que, de hacerlo, serían un ejercicio “arduo y atropellado”, es colocar el derecho al voto en una situación precaria.

Cancelar o posponer las elecciones generales queda fuera de cualquier ecuación, ya que esos comicios están establecidos en la letra de la Constitución de Puerto Rico. La alternativa de celebrarlas sin garantizar el rigor del proceso da la impresión de dar por sentado que se producirán situaciones probablemente inéditas en la historia electoral del país. Es preciso rechazar estas opciones.

Desde este momento, al hilo de esa admisión, la CEE no puede seguir operando aferrada a las prácticas de los años de bonanza y sometida al capricho de las formaciones políticas representadas en el organismo electoral. Los comisionados electorales no escapan a la rendición de cuentas por el desorden que ha surgido a menos de tres meses de las elecciones generales. Pareciera que se descansa en la idea de que los fondos de algún modo se harán disponibles y, en lugar de encaminar ajustes a lo presupuestado, o quedarse cortos por muy poco dinero que sería más fácil cubrir, informan que necesitan cerca de $14 millones más para las elecciones generales, y $3.5 millones para celebrar simultáneamente el plebiscito.

El largo dilema de la CEE, la necesidad de que se acometiera una drástica transformación en su entramado y sus funciones, no ha sido incluido nunca en la plataforma de los partidos políticos, a causa, en buena parte, del predominio de los intereses de las colectividades políticas en el organismo. Ahora estamos viendo las consecuencias.

Corresponde a la mandataria y a la Asamblea Legislativa dialogar con la Junta de Supervisión Fiscal y, junto con los funcionarios de la CEE, asegurarse de que las elecciones de noviembre no peligren este año ni vuelvan a estar en entredicho. La institución gubernamental debe colocar por delante el compromiso de administrar con eficiencia la CEE.

Las primarias del próximo domingo pondrán a prueba un sistema que ya tuvo sus fallas en el transcurso del voto adelantado del PNP. A todos los ciudadanos nos conviene que esas primarias, y las que se celebren a futuro, se rijan por la eficiencia y la confianza. El objetivo debe ser que la ruta hacia noviembre esté alumbrada por la búsqueda de soluciones y la colaboración total para sacar el proceso electoral hacia adelante.

Los electores y Puerto Rico entero no merecen menos del ente responsable de proteger el derecho al voto.

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